Profesionales de Niñez y Familia advierten que las condiciones en las que murieron Thiago Quipildor y Anahí Girón no se modificaron. Exigen deslindar de las responsabilidades a los trabajadores hasta que el Ministerio de Primera Infancia cumpla sus promesas. (Gonzalo Teruel)
Las evitables muertes de Thiago Quipildor y de Anahí Girón (8 de julio y 19 de septiembre del año pasado) obligaron a Juan Manuel Urtubey a realizar cambios en la estructura operativa del gobierno de la provincia. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependencia que debía ocuparse de ambos menores, fue recategorizada como Secretaría y trasladada de Ministerio: hace un año pasó de Derechos Humanos a Primera Infancia.
Sin embargo y pese a los anuncios y discursos de ocasión, nada cambió en la asistencia a los sectores más vulnerables de la provincia. Así lo advirtió Cuarto Poder cuando en noviembre de 2015 cerró una zaga de notas periodísticas que obtuvo el reconocimiento de FOPEA sobre la precariedad en las dependencias oficiales, bajo las órdenes de Marianela Cansino primero y de Carlos Abeleira después.
“En Niñez y Familia están molestos porque desde el traslado ingresa el doble de casos y la cantidad de personal y recursos sigue siendo la misma, un número ya insuficiente para las obligaciones previas” anunció un premonitorio artículo titulado “Cambiar para que nada cambie” y añadió que “Esto se suma al nuevo Código Civil, que otorga mayores responsabilidades y muchas de las decisiones que antes eran exclusivas del Poder Judicial ahora también son facultad de la Secretaría”.
En las últimas semanas Cuarto Poder comprobó que aquel malestar sigue existiendo y, peor aún, se incrementó por la alarmante falta de respuestas de los funcionarios políticos a los más elementales pedidos de los trabajadores estatales. “Lo último que nos dijeron es que hasta enero no hay más plata” contó uno de los profesionales del área y con preocupación reconoció que “estamos superados, con cientos de oficios pendientes y sin poder dar respuestas mínimas”.
Con inocultable angustia, los profesionales temen que “en cualquier momento pase lo mismo que el año pasado”. No pueden decirlo porque no les salen las palabras pero quieren avisar que en cualquier momento la tragedia, evitable, puede llevarse la vida de otro niño o adolescente bajo tutela estatal y que como el año pasado la responsabilidad recaerá sobre ellos porque ningún funcionario político se hará cargo. Lo más grave, denuncian, es que los funcionarios de gobierno están al tanto de la dramática situación y no atinan a dar una mínima respuesta.
Esa angustia alcanza a los cerca de 100 trabajadores que prestan servicios en los 4 programas de Niñez y Familia: Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Sistemas Alternativos, Centros de Desarrollo Integral dedicado a las guarderías y Centro de Inclusión Transitoria responsable de los institutos de menores.
En efecto, una nota fechada el 30 de marzo y dirigida a la licenciada María Haydee Roubieneau, titular del Programa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, “y por su intermedio” a la directora general, Ana Pastrana de Chinen, y al secretario de Niñez y Familia, Rodrigo Fernández, detalló a lo largo de 4 páginas los problemas que enfrentan los trabajadores y desnudó las “serias dificultades que atraviesan los profesionales de este Programa, lo cual fuera expuesto ya en otras oportunidades de forma verbal al Sr. Secretario”.
“La incesante demanda de atención para familias en situación de riesgo y vulnerabilidad provenientes del Ministerio Público, Poder Judicial, y otros organismos, deja en evidencia la falta de recursos humanos para poder brindar calidad de atención a cada familia” describió la misiva y añadió que “resulta cada vez más complejo realizar intervenciones y seguimientos adecuados”.
Además, reveló que “no contar con el protocolo de intervención para realizar procedimiento adecuado y ágil de situaciones de alto riesgo de niños, niñas y adolescentes, genera que en muchas circunstancias se prolonguen los factores de vulneración de los derechos produciendo revictimización en los mismos” y aseguró que “la falta de delimitación de competencias para la atención de temáticas específicas: violencia, adicción, desalojo, suicidio, discapacidad, fugas de hogar, produce una sobre carga de múltiples demandas cuya respuesta debe ser inmediata según la situación que se aborda”.
Explícita, la nota advirtió la desprotección de los sectores que debe atender Niñez y Familia y también la vulnerabilidad de los agentes estatales encargados de tal fin. Denunció la falta de recursos económicos y materiales para dar respuesta a las necesidades de población y aclaró que “Si bien el Programa no se caracteriza por realizar asistencia directa (de materiales), las personas que se asisten son de escasos recursos, de gran vulnerabilidad, algunas de las cuales asumen la guarda de niños en riesgo como medida de protección siendo necesario contar con recursos de diverso tipo (camas, colchones, bolsones alimentarios, útiles, entre otros) que si bien no son de sostenimiento de la economías familiar, son factores necesarios para sustentar el abordaje y los cambios que se desean realizar en la familia”.
Y, además, acusó “La falta de movilidad, recurso sumamente necesario para efectuar las visitas domiciliarias a fin de profundizar en los diagnósticos y/o constatar datos resulta una debilidad” y describió la escasez de recursos elementales para el desempeño cotidiano y lamentables condiciones de trabajo “iluminación inadecuada en las oficinas, ambientes con gran deterioro por la humedad (goteras y caída de revoque), baldosas superpuestas y rotas, baños que se encuentran en malas condiciones y otros que no pueden ser usados”.
Bajo presión
Los trabajadores reclamaron en la nota que “Conforme a lo establecido por la Ley 26.061 la ejecución y cumplimiento de políticas públicas corresponde a todos los organismos del Poder Ejecutivo, pero en la práctica se visualiza que tales responsabilidades son exigidas solo al Programa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario” y describieron, como denuncia, que son solo 9 trabajadores sociales y 5 psicólogos “para la atención, evaluación y seguimiento de familias en situación de riesgo de toda la provincia”.
En el texto esas últimas 4 palabras “de toda la provincia” fueron destacadas en negrita. Menos de 15 profesionales deben cubrir la inmensa geografía provincial. No tienen movilidad ni viáticos y, según supo Cuarto Poder, hace un año que no hacen comisiones al interior provincial y sólo realizan intervenciones en las localidades cercanas a la Ciudad de Salta.
“Estamos sobrepasados, nosotros recién estamos con los oficios del mes de octubre” confió una de las trabajadoras y lamentó que “otros Equipos Técnicos están peor y tienen expedientes de hace 2 años”. Lo de “Equipos Técnicos” es un eufemismo porque ante la escasez de profesionales los equipos están integrados por una o, a lo sumo, dos personas.
En el texto enviado a sus superiores y responsable políticos los trabajadores estatales advirtieron además “presiones e intimaciones” por incumplimientos a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños Y Adolescentes “de forma diaria por vías formales y no formales por parte de Jueces, Asesores de Incapaces, Secretarios Letrados y otros del Ministerio Público, Poder Judicial, y en menor medida de otros organismos”.
“Los Equipos Técnicos de este Programa asumen un gran compromiso día a día en el abordaje de los casos y las características mencionadas anteriormente limitan y dificultan las intervenciones para que se realicen en tiempo y forma con la calidad que requieren” aseguraron y observaron que “La excesiva demanda y el intento de responder a ellas conllevan a la realización de intervenciones de tipo iatrogénicas que exceden a la voluntad de los profesionales”.
La advertencia es simple: en estas condiciones existe el enorme riesgo de provocar daños (o agravarlos) por la inadecuada intervención profesional y, por ejemplo, revictimizar a las víctimas. Daños que pueden derivar en sumarios administrativos y denuncias penales contra los profesionales y todo el organismo.
El excusado
La nota de advertencia fue recibida, firmada y sellada, por Roubieneau el mismo miércoles 30 de marzo. Pero no fue transmitida a Fernández u otra autoridad competente y durmió durante meses el sueño de los justos. Sin embargo, por intervención de la Asociación de Trabajadores del Estado se realizó ante el Ministerio de Trabajo una audiencia de conciliación de la que participaron el secretario Fernández y representantes de los empleados de la administración pública.
En esa oportunidad, el 16 de junio, el funcionario comunicó el trámite de designación de 12 trabajadores que ya prestan servicios mediante convenios con los Colegios Profesionales (expediente 376-8722/2016) y explicó que la ley provincial de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia prometida por el ministro a los diputados pero todavía no discutida en la Legislatura, prevé la contratación del personal necesario para el funcionamiento de las delegaciones regionales con el objetivo de descentralizar los oficios y/o expedientes.
Y dijo que la provincia estaba tramitando la inclusión de los Centros de Primera Infancia en el Programa Nacional de Primera Infancia lanzado por el gobierno de Mauricio Macri que prevé el otorgamiento de un subsidio mensual para cada CDI que puede ser utilizado para la contratación de Equipos Técnicos específicos.
Según consta en el acta de la audiencia, además, dejó registro del pago de subsidios considerados “prioritarios” por $95 mil y anunció la asignación de fondos de caja chica para cada área del Ministerio a través de la Resolución 90/16. Fernández también anunció el proceso de compra (expediente 376-267190/15) de 4 vehículos y comprometió una Chevrolet Blazer, una Volkswagen Amarok para sumar a la Citröen Verlingo, todavía único móvil disponible, para la Secretaría de Niñez y Familia. Y contó que el parque automotor puso a disposición 5 vehículos usados que “están siendo evaluados en cuanto a la necesidad de reparación y mantenimiento para empezar a ser utilizados”.
Siempre de acuerdo al acta de la audiencia de conciliación, informó que el mejoramiento y la refacción del edificio de calle General Güemes 562 donde funciona la Secretaría están previstos en el Plan del Bicentenario “dado que su valor superaría el millón de pesos” y subrayó la reparación de 23 baños y el salón de reuniones. “Actualmente estamos comenzando la refacción de los pasillos de acceso al mismo” puntualizó y anticipó la refuncionalización y redistribución de las oficinas. Además, destacó la entrega de 20 computadoras distribuidas en los distintos Programas y el “proceso de compra” (expediente 153-266510) de 40 escritorios, 40 sillas y 12 armarios para Niñez y Familia.
Fernández comprometió una resolución “instrumentando los protocolos de actuación de cada Programa” y auguró “para la semana que viene” el pago viáticos atrasados. Increíble: también prometió la entrega de tarjetas de Saeta con una recarga de $200 (por tarjeta) para el uso del personal.
Finalmente, interpelado por la delegada de ATE, Nelly Sánchez, sobre la desprotección de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones explicó que “cuando es necesario” se solicita la utilización de la fuerza pública y asumió el compromiso de “adoptar el mismo criterio cuando la situación especial lo requiera y a requerimiento de los equipos de los distintos programas”.
Antes del cierre de la conciliación los trabajadores solicitaron que se los resguarde y que “no haya represalias en contra de los que participen de las asambleas”. Y, sobre todo, exigieron “deslindar de todas las responsabilidades a los agentes, hasta tanto no se cumplan los puntos planteados”.
Promesas sobre el bidet
El compromiso del secretario Fernández quedó sólo en palabras y meses después, apenas hace 10 días, los trabajadores repitieron su nota de reclamo. Pero esta vez los destinatarios no fueron solo Roubieneau, Pastrana de Chinen, y Fernández sino que también recibieron el escrito el secretario general de ATE, Juan Arroyo, y la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad.
Con fecha 24 de agosto, el nuevo documento repite todos y cada uno de los reclamos del mes de marzo lo que confirma que ninguno de los responsables políticos aportó mayores soluciones. La vieja nueva misiva dirigida a la licenciada Robineau “y por su intermedio” al secretario de Niñez y Familia incorporó entre los destinatarios al ministro de la Primera Infancia, Carlos Abeleira.
Sin dineros para atender tantas quejas y con el sólo argumento de “somos un organismo de articulación de los otros ministerios y secretarías” el ministro, sin embargo, no puede hacerse el desentendido. Está al tanto del malestar de los trabajadores de su dependencia que, esta misma semana y en una nueva asamblea, sumaron un reclamo más y protestaron por la designación de especialistas informáticos en diseño gráfico (presumiblemente para el área central de Primera Infancia) en lugar de psicólogos, trabajadores sociales y abogados para los programas críticos.
Una vez más y como siempre en boca del secretario Fernández, la explicación oficial fue poco alentadora: el patrocinio económico para esos nombramientos corre por cuenta de Unicef y no representa una erogación para la provincia.
Paso a paso la desidia estatal
26/05/2014: Ivana Bruno, Directora General de Niñez y Familia, envía un informe a las autoridades del Ministerio de Derechos Humanos en el que comunica diversas falencias e irregularidades y advierte de las posibles consecuencias.
Junio de 2015: otro informe alerta a las autoridades sobre la precariedad con la que se trabaja en Niñez y Familia.
8/07/2015: Thiago Quipildor, de 4 años de edad, muere a causa de un cuadro pulmonar agravado. Presenta signos de desnutrición. Dependía de Niñez y Familia.
16/07/2015: la ministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino, asegura que hay informes que demuestran que Thiago estaba en buen estado de salud.
17/07/2015: la renuncia de Ivana Bruno es bien recibida por Cansino, que evade la responsabilidad política.
2015: diversas notas remitidas entre enero y mayo por los trabajadores de la Secretaría alertan a las autoridades sobre la situación de Anahí Girón, una adolescente que depende de Igualdad de Oportunidades.
19/09/2015: Anahí es hallada muerta en una vivienda abandonada.
