Una mujer de 27 años falleció como consecuencia de un aborto clandestino mal practicado. Una vez más, la punición del aborto llevó a otra mujer a verse en la disyuntiva de autoincriminarse de un delito o de acudir a medios riesgosos para interrumpir el embarazo. Una vez más, la víctima era pobre. (Garrik)
Tal como informó este medio, la mujer, de nombre Laura, llegó al Hospital el día domingo tras realizarse un aborto clandestino. La joven estaba con mucha fiebre y los médicos no podían bajarle la temperatura, luego, descubrieron que presentaba septicemia. Fue entonces cuando Laura contó que le había pagado a una señora para abortar. Tras dos días de internación, falleció a los 27 años. Según se supo, había denunciado varias veces a su pareja por violencia familiar.
En el año 2011 después de la muerte por aborto clandestino de una niña de 13 años, el ministro de salud de la provincia de Salta dijo que de enero a septiembre habían tratado 1.608 abortos en la Maternidad de Salta de los cuales 499 habían sido de extrema gravedad. Después de ese dato, nunca más se tuvo datos sobre abortos en Salta.
Una práctica letal
En el país en general y en nuestra provincia en particular, las mujeres de escasos recursos muchas veces suelen realizarse prácticas abortivas que ponen en riesgo sus vidas, obligándolas luego a tener que recurrir al auxilio de los profesionales de la salud para salvar sus vidas, y sucede, también muchas veces, que los médicos terminan denunciándolas ante la justicia por el delito de aborto.
De hecho, no hace mucho, en nuestra provincia una mujer fue al hospital después de realizarse un aborto porque necesitaba salvar su vida. El médico que la atendió la denunció ante la justicia, y el fiscal penal interviniente le abrió una investigación en su contra por aborto, un delito con penas que van de 1 a 4 años de prisión.
Inmediatamente, la defensora oficial de la imputada, le solicitó al juez de la causa que declarara la nulidad de la denuncia porque se habían violado varios principios constitucionales. El magistrado hizo lugar al pedido y declaró la “nulidad absoluta” de la denuncia contra la mujer porque entendió que la forma en que el fiscal se enteró del aborto fue hecha violando la “obligación de guardar secreto profesional” por parte del médico y la intimidad de la mujer. “La imputada se vio compelida a solicitar ayuda médica a riesgo de revelar la comisión de un ilícito, pero con la finalidad de salvar su vida”, explicó el juez.
También recordó que la Corte Suprema de Justicia reafirmó el fallo plenario “Natividad Frías” donde se disponía el sobreseimiento de una mujer que habiéndose practicado el aborto concurría a un centro de salud a fin de atenderse de alguna secuela. De esta manera, el juez cerró todas las actuaciones que buscaban juzgar a la mujer.
Sin salida
Con la prohibición del aborto y con las denuncias de los médicos hacia las mujeres que requieren su auxilio, estas se hallan en un callejón sin salida. En contextos como estos, no es de extrañar que las mujeres de menos recursos paguen estas prácticas con su vida. Todo este cuadro se agrava cuando finalmente los ciudadanos ya no saben lo que está prohibido o permitido, máxime cuando desde el poder político y judicial no se aclaran las reglas del juego, o dicho de otra manera, se cambian maliciosamente las reglas del juego.
Si bien es cierto que la ignorancia de las normas es más perdonable a menor instrucción, no lo es en personas con educación especializada como los profesionales de la salud, sobre todo cuando durante la cursada rinden materias vinculadas a las ciencias jurídicas.
En este medio ya explicamos que los médicos tienen el deber y la obligación de respetar el secreto profesional y no lo pueden violar porque estarían vulnerando el derecho a la intimidad y confidencialidad entre paciente y profesional. Es verdad que ellos tienen la obligación, por otro lado, de denunciar hechos delictivos que lleguen a su conocimiento, pero siempre que se intente evitar un mal mayor. Es que de no ser así, es decir, si una persona que a causa de un hecho delictivo que cometió, sufre una lesión que pone en riesgo su vida, se la pondría en la disyuntiva de elegir entre la muerte o la cárcel.
La Corte Suprema de Justicia de la nación, dijo al respecto que: “el principio republicano de gobierno impide que el Estado persiga delitos valiéndose de medios inmorales, como sería aprovecharse del inminente peligro de muerte que pesa sobre el procesado que acude a la atención médica, mediante la imposición de un deber al médico que lo convierta en un agente de la persecución penal del Estado”.
Un proyecto en marcha
Organizaciones que bregan por los derechos de la mujer, junto a legisladores nacionales, aún esperan que sea tratado en el Congreso nacional el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo elaborado por más de 300 organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El proyecto despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación y cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación o si se trata de un embarazo con malformaciones fetales graves, el plazo se extiende. No se requiere ninguna autorización judicial previa (sí el consentimiento informado por escrito de la mujer, y el asentimiento de al menos uno de los representantes legales si tuviera menos de catorce años). Los médicos podrán negarse a realizarlo bajo la figura de la objeción de conciencia, sin embargo, el Estado estará siempre obligado a garantizar su realización y en forma gratuita, mientras que los sistemas privados deberán incorporarla a sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
Los argumentos para despenalizar y legalizar el aborto demostraron los perjuicios que acarrea su condena penal. En primer lugar ésta evidenció ser incapaz de evitarlo. Es que según estimaciones del Ministerio de Salud, casi el 40% de los embarazos que se registran en el país terminan en aborto, de ellos cerca del 15 % corresponde a adolescentes menores de 20 años. O sea, la penalización del aborto no es preventiva, ni salva vidas, por el contrario cada vez se realizan más, a edades más tempranas y en condiciones más lamentables.
