Pequeños productores de Vaqueros denuncian amenazas y agresiones por parte de hombres que pretenden apropiarse de 77 hectáreas. Temen que si se concreta la usurpación a la familia Pacheco, ellos sean los próximos desalojados. (Federico Anzardi)
Los Pacheco, pequeños productores que viven y trabajan en la zona de La Isla, en Vaqueros, se encuentran amenazados desde hace un mes por un grupo de hombres que pretende expulsarlos de ese lugar que habitan desde 1974 y que ya albergó a tres generaciones de la familia. En la última semana, a las amenazas se les sumaron agresiones físicas contra ellos y otros habitantes del pueblo.
La Isla se encuentra a dos kilómetros de la ruta que atraviesa Vaqueros. Un brazo del río Wierna la separa de la zona urbana. Tras recorrer los primeros cien metros aparece la finca de los Pacheco. Lo primero que se observa es un móvil policial. Al costado de la camioneta, ocupada por dos oficiales, está el portón que, según los testimonios, fue tumbado el miércoles 30 de marzo por Pablo Alejandro Torrejón, el hombre que asegura ser el propietario de las 77 hectáreas en la que viven aproximadamente diez familias, todas dedicadas a la pequeña producción agropecuaria.
La custodia policial llegó tras los incidentes producidos el mismo miércoles. Según la denuncia realizada, Torrejón y tres hombres más golpearon a uno de los hijos de Ramón Pacheco, dueño de la finca, y a Jan Correa, presidente de la Asociación de Pequeños Productores de La Caldera.
Al día siguiente, al mediodía, Correa y el hijo de Pacheco, que prefiere no dar testimonio, están otra vez frente al ingreso de la finca. Presentan golpes en distintas partes del cuerpo. Correa tiene un moretón en el pecho y asegura estar muy dolorido. Muestra los lentes torcidos que cuelgan de su cuello. El hijo de Pacheco, de unos cuarenta años, tiene un chichón arriba del ojo izquierdo y el labio superior lastimado en el mismo costado.
Los dos están otra vez allí porque no quieren dejar de señalar que lo que está ocurriendo es una usurpación, una intimidación progresiva que se torna cada vez más densa y que ya tiene aterrados a todos los habitantes de la zona. Correa, sus dos hijos veinteañeros y el hijo de Pacheco ingresan a la finca para señalar el tráiler que se instaló hace un mes. Dentro, viven permanentemente tres personas que cumplen turnos semanales. Son los encargados de intimidar a la familia y de vigilar el lugar.
El tráiler está ubicado a veinte metros de la vivienda de los Pacheco, un conjunto de ranchos de chapa y madera y una casa rodante pequeña que supo albergar al matrimonio de Ramón y Mirta y a sus catorce hijos, donde hoy conviven unos tres o cuatro miembros de la familia, acompañados constantemente por los que desarrollan su vida fuera de la finca y regresaron por el conflicto.
Según el testimonio de los Pacheco, los hombres del tráiler contratados por Torrejón, a quien llaman “jefe” o “patrón”, intensificaron los aprietes desde que ingresaron a la finca una mañana de sábado en la que no había nadie en el lugar. A la rutina diaria de amenazas, alcohol y asados, agregaron intimidaciones, como pararse firmes junto a los ranchos y observar todo en silencio, de frente a la familia. También burlas y cuchillos y machetes afilados a simple vista.
“Torrejón se presentó con un boleto de compraventa. Averiguamos con nuestro abogado, que dice que (la compra) no tiene validez porque para que sea legal tiene que tener un plano aprobado. Lo que él compró son los derechos sucesorios de los que serían los dueños. Pero los supuestos dueños tampoco tienen papeles”, explica José Pacheco, de 25 años, uno de los hijos de Ramón y Mirta, técnico en Higiene y Seguridad que trabaja como changarín porque no consigue empleo relacionado a sus estudios. “Lo que pudimos averiguar de este señor Torrejón es que compra terrenos en conflicto. Nuestro terreno está en litigio pero él le dice ‘en conflicto’. Viene, se mete, después te intimida y te saca. Le hace eso a los pequeños productores. Porque todos los pequeños productores de Salta están en la misma situación que nosotros. En su camioneta dice ‘Establecimiento San Jorge’. De ahí es”, agrega.
El Establecimiento San Jorge está ubicado en Anta y desde 1980 es propiedad de Ceibalito S.A. Su presidente es Gustavo Olmedo, vocal general suplente de la Sociedad Rural Argentina. Desde las oficinas que posee en Salta, un empleado de la empresa asegura que el vehículo en el que se mueve Torrejón, una Toyota Hilux patente OIO 591, según el dato brindado por los habitantes de La Isla que lo vieron trasladarse, no está registrado como parte de la flota. Además, niega conocer al autodenominado dueño de las tierras.
La Hilux está a nombre de Torrejón. Se puede constatar en el sitio de infracciones de la ciudad de Salta. Allí figura su nombre junto al dominio del vehículo y un domicilio ubicado en el barrio Villa Las Rosas.
El apriete
A cinco metros del tráiler que instaló Torrejón, Jan Correa comienza a relatar lo que le sucedió el día anterior. Mientras tanto, sus hijos y el de Ramón Pacheco hablan entre ellos y sacan fotos.
A los pocos segundos, una pequeña ventana se abre desde el interior del tráiler. Una voz surge y empieza a insultar. “¿Qué sacás fotos?”, pregunta. Mientras tanto, Correa cuenta: “Ayer a la tarde, a las tres, tres y cuarto, vine acá, a la finca de Pacheco, que me iba a informar sobre el estado de los papeles que tenía y de la presentación del juicio. Al poco rato, en el portón de la finca, se presenta un señor en una camioneta. Llamó a unos matones que tenía metidos adentro de la finca de Pacheco y entre los cuatro me pegaron, me tiraron al piso… (Se distrae y le habla a uno de sus hijos) ¡Este, sacale fotos!”.
Las voces del tráiler se corporizan. Son dos hombres jóvenes que rondan los treinta años. Uno está vestido sólo con un pantalón. Avanza con el torso descubierto. Tiene el pelo negro, corto, tez blanca y barba apenas crecida. Su aspecto es el de haber estado durmiendo hasta recién. Se acerca cada vez más y grita “¡Qué sacás fotos! ¡Qué sacás fotos!”. Alguien dice “llamá a la cana”. Correa, un hombre de voz baja y tono amable, de barba y pelo largo, los señala: “Estos son los señores que ayer me agredieron”.
El otro empleado de Torrejón está vestido de chomba clara. La tiene metida dentro de una bombacha gaucha. Es más gordo y joven que su compañero. Pregunta “¿Los estamos molestando a ustedes? No les estamos haciendo nada”. Su compañero está muy alterado. Repite las palabras. Aprieta y apura. Cuando Correa dice “esta finca es de…”, interrumpe a los gritos para preguntar “¡¿De quién?! ¡¿De quién?!”. “De Pacheco”, contesta Correa. “¡¿De quién?! ¡¿De quién?! ¿Qué Pacheco?”, retruca. “¿Por qué no se identifica, señor? ¿Cómo te llamás vos?”, consulta Correa.
– Pero qué gran puta te importa, la gran puta que te parió. ¿Quién puta sos vos?
– Vos ayer me pegaste.
– ¿Quién te ha pegado a vos? ¿Quién sos vos? ¿Qué hacés acá?
– Yo soy el presidente de la Asociación de Pequeños Productores.
– Y pero qué gran puta hacés acá, qué me importa.
– ¿Vas a hablar como ser humano o siempre hablás como animal?
– Yo hablo como quiero.
El momento tenso es contenido por los dos oficiales, que caminan los cincuenta metros que separan la entrada de la finca del tráiler y piden calma. Les dicen a los dos empleados de Torrejón que no tienen que faltar el respeto, que ellos no son los dueños del terreno y que no tienen nada que ver, que el problema es con su jefe. Los dos hombres siguen protestando por las fotos y niegan una y otra vez haber agredido a Correa el día anterior. Después de diez minutos de discusión, los dos vuelven al tráiler, donde los espera un tercero, que no participa pero observa.
“Ahora, como empieza a cotizar, como empieza a avanzar la ciudad, (Torrejón) quiere quedarse con este terreno, construir y después vender. Y como sabe que al veinteañal lo vamos a ganar, nos quiere sacar”, cuenta José.
Derechos e intereses
La relación entre los Pacheco y La Isla comienza con Crespín, el padre de Ramón, nacido en 1907. Hace cuarenta y dos años se instaló en este lugar. En ese momento era ganadero y trabajaba en Vialidad. Con el tiempo se volvió productor. Así lo certifica un Acta de Constatación firmada por el Juez de Paz de Vaqueros, Eduardo Serfaty Arias, quien el 11 de septiembre de 2007 visitó a la familia en la finca. También dialogó con vecinos de la zona, todos mayores de edad, quienes coincidieron al asegurar que Ramón Pacheco, hoy de 67 años, y su padre vivían allí desde hacía treinta años por lo menos.
El acta fue la primera herramienta que la familia utilizó para empezar a comprobar que el terreno les pertenece. El veinteañal, que adjudica las tierras a quienes puedan comprobar que la poseen ininterrumpidamente al menos desde hace dos décadas, está en proceso.
Según informa la familia, Torrejón compró un boleto de compraventa que fue avalado por Walter Villatarco el 30 de marzo de 2015. Villatarco, representante legal de los herederos de Carlos Serrey, original propietario de muchos terrenos de la zona, le asegura por teléfono a Cuarto Poder que no firmó papeles referidos al terreno de los Pacheco, quienes, sin embargo, muestran copias donde se observa su nombre.
Actualmente, los Pacheco cosechan papa rosada, blanca y negra, choclo, maíz, colaboran con apicultores y poseen conejos, chanchos y cabras. Pero el trabajo que realizan se ve perjudicado por la llegada de los usurpadores. El jueves por la noche, horas después de una nueva intimidación, un grupo de vacas ingresa a la finca por el hueco que realizó Torrejón para hacer pasar su tráiler. Los animales destrozan parte de la plantación de choclos de la familia.
“Nos sentimos como rehenes. Dicen que ellos son los dueños. Viven agrediendo. Quieren que nos vayamos, que no demos más y nos vayamos. Se calmaron cuando vino la Policía”, cuenta Mirta, de 63 años, sentada al aire libre, en su vivienda, a pocos metros del tráiler de Torrejón. Agrega que ellos son los primeros en sufrir esta situación, pero, dice, toda la comunidad de La Isla tiene miedo, porque saben que pueden ser los próximos.
Un hombre que vive solo desde hace tres años dentro de las diez hectáreas de los Pacheco, en un rancho ubicado detrás de la vivienda de la familia, cuenta que los empleados de Torrejón lo invitaron a comer asado y tomar vino durante los primeros días de la usurpación. Ese día, todo iba bien hasta que los nuevos inquilinos de la zona cambiaron su actitud. “No son buena gente”, dice. Recuerda que lo amenazaron con puñales y que el miércoles por la noche, horas después del altercado con Correa, vio cómo el hijo menor de Pacheco, un adolescente de 16 años, fue golpeado.
El miércoles 30, después de la agresión a Correa, el hecho tomó estado público a través de los medios y las redes sociales. Hasta entonces, la Policía no tomaba las denuncias realizadas por los Pacheco.
El jueves 31 a las tres de la tarde, dos horas después de haber sido advertidos, diez matones de Torrejón avanzan frente a unas ochenta personas y periodistas convocados especialmente por los productores de la zona. A diferencia del mediodía, Torrejón está presente. Se lo escucha insultar y amenazar de muerte a uno de los productores.
Tras el episodio, el conflicto se convierte en una causa civil, por la usurpación, y penal, por las amenazas y las agresiones. Los vecinos de La Isla y de Vaqueros se encuentran con miedo porque creen que el hecho puede pasar a mayores.
Ramón Pacheco casi no habla. Según sus familiares, a los problemas de salud propios de la edad se le sumó el estrés sufrido en el último mes. Sentado en un balde de pintura vacío que sirve como asiento improvisado, en el patio de su vivienda, alcanza a pedir una sola cosa: la unión de todos los habitantes de la zona para no padecer episodios similares en el futuro.
