El gobierno provincial emitió un decreto a través del cual las víctimas de violencia familiar y de género como así también de delitos graves podrán contar con patrocinio letrado gratuito para constituirse como querellantes en los procesos penales. Consecuencias jurídicas de esta medida. (Garrik)

A través del Decreto Nº 2.565, emitido el 30 de julio, el gobierno provincial dictaminó que “los Defensores Oficiales de Violencia Familiar y de Género tendrán como función garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia familiar y de género y velar por el reconocimiento de sus derechos en sede judicial y extrajudicial”, entre ellas, la de tener participación legal en el proceso penal como querellante particular en forma gratuita.

Asimismo, el decreto crea en el ámbito del Ministerio de Justicia, el “Programa Asistir” que tendrá por objeto “articular acciones que permitan a las víctimas de delitos graves y/o sus familiares de escasos recursos obtener patrocinio letrado gratuito en las causas judiciales penales, incluyendo la constitución en parte querellante de acuerdo a las norma vigentes del Código Procesal Penal”.

El decreto fue girado a la Legislatura para ser tratado y de convertirse en ley, se reestablecerá un derecho que se venía reclamando desde distintos sectores del ámbito civil y jurídico, que es el derecho a una tutela judicial efectiva, consagrado en la Constitución Nacional a través de los tratados internacionales de derechos humanos.

Si bien en teoría toda persona puede constituirse en querellante en el proceso penal del cual es víctima, debe contar con los recursos necesarios para pagar un abogado que la patrocine, en caso contrario, el movimiento de la causa queda a merced de la voluntad que el propio Estado, a través del Ministerio Publico Fiscal, realice, y además la propia víctima o sus familiares no pueden intervenir en forma activa en el proceso, ya sea, incorporando y ofreciendo pruebas, oponiéndose a medidas, apelando resoluciones, etc.

Emergencia provincial

El decreto fue emitido en el marco de la emergencia provincial en materia de violencia de género declarada el año pasado por el gobierno de Urtubey, tras haber sido solicitada por distintas agrupaciones sociales y políticas, ante el aumento de casos registrados en nuestra provincia. La declaración de la emergencia tuvo por objeto visibilizar el problema y se convocó a todos los sectores para analizar las acciones a seguir.

Entre las medidas adoptadas, se decidió la creación de cinco juzgados y cinco defensorías de Violencia Familiar y de Género, hogares de protección temporal como instancias de tránsito y albergue de las víctimas, la instalación de botones antipánico en toda la provincia y el establecimiento de “una red de contención social y sanitaria entre el Estado y organizaciones no gubernamentales” así como el promover “la construcción de una cultura pacífica y libre, fortaleciendo las medidas preventivas de violencia de género”.

En este marco también se creó el Observatorio de Violencia contra las Mujeres destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres en la provincia de Salta. El Observatorio tiene por misión el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Números violentos

Según datos de la Asociación Civil la Casa del Encuentro, durante el año pasado se registraron 277 homicidios de mujeres en todo el país. Además se registraron 29 femicidios vinculados de hombres y niños (es decir personas que quedaron “en la línea de fuego” del femicida o fueron asesinados para “castigar” a las mujeres). En un 80% de los casos las víctimas tenían un vínculo conocido con el atacante.

Nuestra provincia fue una de las más azotadas, ubicándose segunda junto a Córdoba con más mujeres asesinadas durante el año pasado, con 21 muertes, precedida solo por la provincia de Buenos Aires, con 91 casos, en tercer lugar Misiones con 16, seguida de Entre Ríos con 15.

Por otro lado, según datos de la Suprema Corte de Justicia de Salta, en julio de este año ingresaron 755 causas por hechos de violencia familiar. En julio del año anterior habían ingresado 921. Desde que entró en vigencia la ley de violencia familiar y hasta julio pasado los tribunales salteños recibieron 107.200 causas por hechos de violencia doméstica.

Según la oficina de Violencia Familiar, dependiente del Poder Judicial de Salta, en el primer cuatrimestre de 2014, el 78,77% de las denuncias fueron realizadas en Salta Capital, seguida por Cerrillos con el 4,82% y Rosario de Lerma, con el 3,93%. Las mujeres de entre 22 y 39 años son las que más padecen la violencia familiar. El 76,04% se da en mujeres solteras y solo el 15,47% en las casadas, y el 19,43 de las víctimas fue la ex pareja del denunciado.

El problema

La violencia hacia las mujeres se basa en una relación desigual de poder, y se magnifica cuando se desarrolla en lo que conocemos como patriarcado, que es el sistema social de valores, creencias y costumbres en el que el hombre subordina a la mujer. En este sistema las relaciones de género son jerárquicas y desiguales, y es el que, lamentablemente, impera en nuestra región.

La agresión puede ser ejercida física, psicológica, sexual, económica y hasta simbólicamente. Este tipo de violencia la perpetra el grupo social dominante sobre el dominado sin hacer uso de la fuerza física, para imponer determinados valores, idiosincrasias y así condicionar las relaciones sociales. El grupo dominado usualmente desconoce o consiente esta imposición, por esto se dice que es la más peligrosa, ya que no siempre se percibe.

Este tipo de violencia se disemina como un virus, que si no es atacado a tiempo infecta a toda la sociedad y aparece en todos los ámbitos de nuestras vidas: en la escuela, en la familia, en el trabajo, etc. Y una de sus “vías de transmisión” más eficaces es la propaganda y los mensajes que se difunden en los medios masivos de comunicación, principalmente los audiovisuales.

A través de estos mensajes se suele difamar, injuriar, discriminar, humillar, y hasta promover, directa o indirectamente, la explotación de las mujeres, atentado contra la dignidad de las mismas. En todos estos casos se empieza a legitimar y a construir patrones socioculturales reproductores de la desigualdad lo que deriva en un ejercicio de poder agresivo hacia ellas.