El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio  junto a Enrique Clement, administrador de la Reserva de Finca Las Costas,  el jefe de la Subcomisaría de San Lorenzo y particulares interesados en las 11.500 hectáreas pertenecientes ancestralmente a la comunidad los acusan de ocupar sus propios territorios.

 

La lucha por la tierra que emprendieron miembros de la comunidad Lule viene desde hace tiempo y se da principalmente por los grandes intereses territoriales que abarcan la llamada Reserva Natural de Uso Múltiple de Finca Las Costas. Miembros de la comunidad alertaron que detrás de las acusaciones contra el pueblo Lule existen intereses de particulares para usufructuar parte del territorio como el Fortín gauchos Joaquín Dávalos a quien buscan darle tierras y la Fundación Azul, dedicada a la equinoterapia.

 La semana pasada prensa del Ministerio Público Fiscal informó que una Delegación Fiscal de San Lorenzo “lleva adelante distintas medidas en el marco de la investigación iniciada en 2016 por supuesta usurpación en la Reserva Natural de Uso Múltiple de Finca Las Costas, por parte de particulares e integrantes de la comunidad originaria Lule. Bajo la premisa de sostener la mediación entre las partes y evitar pedidos de desalojos, el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio evaluó más de 200 denuncias existentes en torno al conflicto y ordenó distintas acciones. La investigación también contempla el impacto ambiental de la ocupación”.

 David Torres uno de los referentes de la comunidad manifestó que “Jamás desde 2016 que dicen estar investigando nos notificaron oficialmente de esto. Creemos que intentan difundir a la sociedad que los Lule somos usurpadores y también creemos que desde el Ministerio actuaron con real malicia al sacar este comunicado”.

 

Según el parte difundido oficialmente  Ramos Ossorio también “pidió que se realice un estudio de impacto ambiental sobre la reserva natural”.  Torres señaló al respecto “Nos señalan a los de la comunidad de contaminadores cuando la contaminación en la zona viene hace tiempo no solo de los barrios privados aledaños sino de la intromisión y explotación con fines recreativos y turísticos de la zona como las carreras de motocross que se habilitaron en el lugar. El agua no está contaminada por la comunidad”.

Particularmente el Ministerio informó que según consta en las actuaciones, también existen denuncias del administrador de Finca Las Costas, referidas a supuestos contratos de arriendo a terceras personas, quienes pagarían un canon mensual o anual a la Comunidad Lule. Al tratarse de una Reserva Natural de Uso Múltiple, tanto los arrendamientos como la posible venta de la tierra están prohibidos. Miembros de la comunidad relataron que es el propio administrador en el cargo desde el gobierno de Juan Manuel Urtubey, quien sutilmente amenaza a los pobladores “si no les firman lo que le pide los abuelitos son amenazados con que no tendrán luz”,  describieron como ejemplo.

De acuerdo al Decreto ley 3741, de 2007, el inmueble de Finca Las Costas fue declarado Reserva Natural de Uso Múltiple y se enmarca en la Ley 7107, que en 2000 creó el Sistema Provincial de Áreas Protegidas, entendido como el conjunto de espacios naturales y seminaturales que se encuentran regulados mediante la gestión institucional participativa, con el objeto de planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales de la Provincia.

Lule en estado de alerta

Los pueblos Atacama, Tastil, Lule, Iogys y Weenhayek, aún esperan que la Legislatura provincial sancione la ley por la cual se les otorga reconocimiento oficial.  La ley N°7121 que aun duerme en diputados permitirá ampliar la cantidad de etnias originarias reconocidas en Salta.  “Casualmente esta acusación contra el pueblo Lule se da en el marco de esta modificación de la ley que debe darse en la Cámara de diputados”, manifestó Torres.

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