Un informe del Ministerio de Seguridad provincial desnuda la situación sobre delitos de Graves Atentados cometidos por miembros de la Policía salteña. Casos de abusos sexuales, apremios ilegales y lesiones graves todos protagonizados por hombres de las fuerzas de seguridad.
El Ministerio de Seguridad ha respondido finalmente al pedido de informe solicitado por la Senadora del PO Gabriela Cerrano sobre delitos de Graves Atentados cometidos por miembros de la Policía Provincial.
El mismo muestra números alarmantes señalando, por ejemplo, 4 casos registrados de abusos sexuales “graves” (¿violaciones?) protagonizados por policías en 2015. Mientras, continúan los apremios ilegales (23) y las lesiones graves (49).
La policía también es protagonista de denuncias (208 en total) por delitos como robo, hurto, fuga, abuso de alcohol u otras sustancias psicoactivas, abuso de autoridad, perdida de arma y siniestros viales.
Un párrafo especial merece el elevado número de casos de violencia familiar y de género en los que están involucrados efectivos policiales. En 2015 se contabilizaron para 39 causas contra 26 del año anterior. Seguramente las denuncias de violencia familiar podrían ser muchas más ya que, como lo denunciaran muchas ex esposas de efectivos, desde la misma oficina de Recursos Humanos de la Policía las desalientan “para que no se vea perjudicada la carrera del marido y los ingresos de las familias”. Lo que no aparece en el informe son los casos de femicidios y de gatillo fácil.
El informe muestra, en definitiva, la descomposición de la fuerza policial comandada por Marcelo Lami, quien ha sido uno de los encargados de sostener y encubrir estos atropellos. El caso más reciente fue el de Claudia Sierralta, en el cual la jefatura de Policía “cajoneó” la suspensión de su esposo y asesino, a pesar de que el estudio psicológico lo exigía.
La policía de Salta es el primer factor de inseguridad para el pueblo y para las mujeres. El problema de fondo es la impunidad que el gobierno le garantiza a una fuerza represiva que tiene la tarea de someter por la fuerza a un pueblo al que se le está aplicando un ajuste de envergadura.
Se reafirma la necesidad de exigir la renuncia de Lami, como viene planteando el PO desde hace un tiempo. Pero además es claro que hace falta una reestructuración integral: el desmantelamiento de este aparato represivo y descompuesto para ser reemplazado por una fuerza de seguridad cuyos miembros sean seleccionados por los organismos de DDHH y actúe bajo control democrático de la población.
