Desde hace 5 años que Cuarto Poder denuncia el accionar de una mafia que se apodera de casas y fincas en la provincia. Semanas atrás se detuvo a seis personas, entre ellos a un empleado de la Dirección de inmuebles. Semejante organización no se pudo haber montado sin la participación de altos funcionarios. (Daniel Medina)
Las detenciones empezaron en la misma semana en que Cuarto Poder y otros medios difundieron el caso de un profesor del Bachillerato Humanista, que tuvo como alumno al mismo Juan Manuel Urtubey: a este profesor le usurparon dos inmuebles que no ocupaba, lo hicieron pasar por muerto y luego vendieron las propiedades. El hombre estuvo casi dos años dando vueltas por la justicia, tratando de probar que estaba vivo y que, por ende, no podía un supuesto heredero haber recibido los departamentos y luego haberlos vendido. Hay decenas de casos similares y hasta el momento no aparece nadie que se anime a investigar a fondo, aunque no hay forma de montar un negocio de tal magnitud sin padrinos políticos y judiciales
Anta
En 2010, Cuarto Poder entrevistó a Regina Barroso, una anciana que había hecho de su casa un depósito judicial: expedientes por todas partes, planos que la anciana manejaba con una destreza impresionante. Barroso tuvo, en ese momento, que convencer a este periodista que todo eso que ella narraba, por inverosímil y descabellado que sonara, realmente estaba pasando: la Dirección General de Inmuebles alteraba la fuente informativa y al hacerlo, falsificaba documentos públicos y los suplantaba por documentos falsos: redibujaban planos, se modificaban números de catastros, se aumentaban ceros a la derecha y así alguien que tenía 300 hectáreas pasaba a tener, de un día para el otro, 30.000. Desde luego, para que alguien fuera beneficiado, otros tenían que ser perjudicados. Bajo este modus operandi, más de 52 mil hectáreas de terrenos fiscales pasaron a manos privadas.
En la nota de 2010 se puede leer: “Esto genera una inseguridad jurídica tremenda en la provincia: una salteño solo es dueño de su terreno y de su casa, mientras tanto algún funcionario de Inmuebles, devenido en torpe demiurgo, no decida alterar los planos”. Regina sufrió el accionar de la Inmuebles Band. En Anta, recortaron la finca de su familia: de la nada pasó de 1.200 hectáreas a 380 hectáreas.
Regina hablaba en ese momento de “La mafia de los jueces” y “la mafia de los abogados”. Sus incontables denuncias en la justicia han tenido sus consecuencias, no judiciales, sino físicas. Barroso denunció que en más de una ocasión la trataron de matar: “Se han entrado en el predio y le han hecho 5 tiros al hombre que estaba cuidando ahí. La orden era matar a los Barroso”, dijo. Por este motivo presentó denuncia ante la justicia (ver los expedientes 82167 y 82261 del juzgado de instrucción formal de tercera). Al igual que el profesor del Bachillerato, Regina fue robada en su departamento y amenazada de muerte. Incluso, aseguró que la trataron de matar dentro de la misma dependencia de Inmuebles de J.V. González. En los panfletos que distribuía Regina involucraba a funcionarios de ese municipio, de la provincia, a jueces y también a abogados relacionados al Club 20 de Febrero.
Caso Sajama
Los perjudicados por este accionar son miles de personas. El caso de la familia Sajama sobresale porque ellos habitaban esa finca desde 1875 y desde hace unos años han quedado en la calle. Además sufrían una evidente persecución por parte de los funcionarios municipales de J.V González. Cuando fue entrevistada por Cuarto Poder, Juana Ester Sajama sobrevivía trabajando como maestra en una escuela albergue, cerca de Rivadavia. “Me toca a veces irme los domingos a la noche o los lunes a la madrugada y vuelvo el viernes… a veces estoy meses ahí adentro, porque los caminos están malos y no se puede pasar”, dijo.
Ella y su familia fueron desalojados brutalmente del lugar donde viven los Sajamas, desde hace más de cien años (hasta sus bisabuelos crecieron del lugar de donde fue echada).La persecución hacia ella empezó antes del desalojo. Le inventaban denuncias penales por cualquier cosa. El que se quedó con su finca fue el abogado Eduardo Navarro, entonces asesor jurídico de la municipalidad de González.A Ester no le permitieron siquiera ir a juicio, ejercer su legítima defensa. No hubo ningún peritaje sobre el título. Ninguna oportunidad de dar explicaciones.Le demolieron la casa y para rematar el acto de barbarie le robaron las chapas, las ollas, “todo lo que han podido llevar”.
Uno más
Para apropiarse de la finca Banda Grande, en Molinos, al menos sí tuvieron la delicadeza de esperar que el dueño muriera. Esas tierras habían sido desde 1978 del francés Albert Marc Grat Boutin. La finca de unas 2.000 hectáreas estuvo a su nombre hasta 2008, año en que en la cédula parcelaria apareció una inscripción de un boleto compra-venta con fecha del año 2000 e inscrito en setiembre del 2007. En la cédula aparecía un tal Escribano Vélez, anotador de Oscar Nemecio Viltes. Alguien que se dio cuenta de la maniobra presentó denuncia el 9/4/2008 en la fiscalía N°4 a cargo de la Dra. Liliana Jorge. Vélez desapareció. La denuncia pasó al juzgado de Martín Pérez y luego se evaporó.
Se comenta que en J.V. González hay otros campos de franceses que pasaron por lo mismo.
En estas dos semanas, la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos y la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta realizaron procedimientos en una finca de Chicoana, y en casas de los barrios Grand Bourg, Finca Valdivia, San Francisco Solano y Villa las Rosas.
Queda claro que la mafia operaba en toda la provincia, con absoluta impunidad. Y que la impunidad sólo la puede garantizar el poder.
