Aunque los 14 ministros salteños son el doble que los tucumanos, los nuestros que cobran como tales son 18. A ellos se suman 9 asesores de gobernación con jugosos salarios. Una gran corte que demanda 10 millones de pesos anuales. (Daniel Avalos)
De por sí, la cifra de ministros salteños es enorme. Más precisamente catorce, el doble de los designados en la provincia más grande del NOA, Tucumán, donde el número de ministerios llega a siete: Gobierno, Interior, Desarrollo Social, Educación, Salud, Desarrollo Productivo, Economía y la secretaria General de la Gobernación que, como en Salta, posee rango ministerial. Para llegar a las 14 carteras con las que dispone Salta, los tucumanos deben sumarle sus siete secretarios de estado: Innovación y Desarrollo Tecnológico; Relaciones Internacionales, Deportes; Gestión Pública y Planeamiento; Comunicación Pública; y Relaciones Institucionales.
Sólo así los tucumanos llegan a la cantidad de ministros salteños que son los funcionarios mejor pagos del ejecutivo salteño: Secretario General de la Gobernación (Ramiro Simón Padrós); Ministro Jefe de Gabinete (Carlos Parodi); Ministro de Gobierno (Juan Pablo Rodríguez); Derechos Humanos y Justicia (Pamela Calleti); Primera Infancia (Carlos Abeleira); Asuntos Indígenas (Luis Gustavo Gómez Almaras); Educación (Roberto Dib Ashur); Cultura y Turismo (César Mariano Ovejero); Salud (Oscar Villa Nougués); Trabajo (Eduardo Costello); Ambiente y Producción Sustentable (Raúl Javier Montero); Seguridad (Alejandro Cornejo D Andrea); Infraestructura, Tierra y Vivienda (Baltasar Saravia); Hacienda y Finanzas (Sebastián Gomeza).
Por si eso fuera poco, una lectura de los decretos publicados en el Boletín Oficial entre el 11 de diciembre y el día de ayer, muestran que otros cuatro funcionarios cobran como ministros: Marcelo López en el cargo de Representante de Relaciones Internacionales; Gerardo Rodolfo Villalba, como Director de Vialidad provincial; Diego Fernando Valdecantos, Presidente del Directorio de la Sociedad «Tren a las Nubes SFTSE»; y Antonio Oscar Marocco cuyo título de fantasía es el de Coordinador General de Asuntos Políticos de la Gobernación.
Para los dos primeros, los documentos administrativos especifican la remuneración de ministros. Para los dos últimos se hacen aclaratorias que nos depositan en la misma situación. En el caso de Valdecantos, por ejemplo, se determina que el sueldo será idéntico al previsto “en el Decreto N° 2260/14”, documento que, a su vez, nos remite al decreto 1138/10 que había designado a Antonio Marocco con el cargo y el sueldo con el que hoy ostenta. Marocco, sin embargo, al ser ratificado en su puesto en febrero de este año, logró algo que los apegados a blasones reales o deseados exigen: que se explicite en el decreto que además de sueldo, poseerá “idéntico trato protocolar” que el resto de los ministros.
Más modernos, López Arias, Villalba y Valdecantos, se conformaron con la remuneración. El primero, tal vez, porque siendo diputado nacional entre 1989 y 2011 -sin importar el signo de los gobernadores en ejercicio- vivió esos 22 años en una Capital Federal donde los valores están menos atados a la tradición. Una situación más o menos similar a la de Villalba que además de carecer de apellido patricio, debe lidiar diariamente con funcionarios nacionales a los que poco importan los blasones pretéritos. Valdecantos, mientras tanto, simplemente debió calcular que tras reiterados descarrilamientos del Tren a las Nubes, lo mejor es contentarse con el dinero.
El dinero, efectivamente, es mucho. Para confirmarlo, conviene recurrir, otra vez, a la escala salarial publicada el 15 de febrero pasado por el gobierno provincial a instancia de los pedidos realizados por el portal Salta Transparente. Allí se establece para los ministros un sueldo de bolsillo equivalente a $33.674 que es el resultado de un básico de $32.775, un adicional por responsabilidad de $11.335 y descuentos por $10.437. Sueldos de ese monto suponen una erogación de $606.132 mensuales para los 18 ministros y $7.273.584 anuales.
En términos teóricos, esos 18 funcionarios deben cumplir a grandes rasgos una tarea doble: diagnosticar la realidad para diseñar los grandes lineamientos sobre la provincia deseable y organizar al Estado y a su amplia burocracia para que ejecute los movimientos necesarios para dirigir el todo hacia esa dirección. Lo segundo está relacionado con la gestión, lo primero con establecer una misión.
Casi cortesanos
Para esto último, los gobernantes suelen pedir auxilio a los famosos asesores. Personas que en lo central deben hacer aquello que los griegos llamaban prognosis: identificar las tendencias de la época con el objeto de que el líder llegue al Poder, lo mantenga o pueda ampliar su radio de influencia; o ayudar a generar un tipo de pensamiento que acompañe un estilo determinado de administración. Urtubey tiene designados a nueve funcionarios de ese tipo aunque hasta ahora, son los ministros Juan Pablo Rodríguez y Carlos Parodi los que parecen concentrar la dimensión política y de administración en el Grand Bourg.
Esos nueve asesores comparten un rasgo común: embuchan sueldos inferiores a los de ministros, aunque entre ellos existan diferencias de remuneración. Carlos María García Bes y José María Pérez Gómez, por ejemplo, están en la cúspide de las asesorías por cobrar sueldos de secretario de estado cuyo monto de bolsillo asciende a $30.584 mensuales. De Pérez Gómez, es poco lo que sabemos, salvo las referencias que lo describen como un próspero empresario caído en desgracia hace años y que ahora encontró en el Estado un atajo para vivir.
Del primero, en cambio, se habla más y todos los consultados coinciden en algo: es parte del entorno del gobernador desde los inicios de la carrera política del mandatario salteño. Puede que ello explique la recurrencia del apellido entre los jerarcas del gobierno provincial: un Director General de Inmuebles, otro que asesora al Instituto de Música y Danza por un sueldo de subsecretario, otro que es Supervisor de Núcleo de la Dirección General de Educación y otro que es Director General de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio, MiPyMes y Desarrollo Local que también cobra como subsecretario.
Justamente, son los asesores de la gobernación que perciben mensualmente $26.669 como lo hace un Sub Secretario de Estado, los que sigue en importancia remunerativa. Se trata de Carlos Enrique Bertini y Osvaldo Roberto Sánchez. El primero, un viejo militante peronista que forma parte del entorno del ministro sin cartera, Antonio Marocco. Del segundo nada sabemos.
Si se sabe más de los asesores con menos remuneración. Se trata de cinco personas que según los decretos de designación cobran un sueldo “equivalente a secretario”: $23.098 de bolsillo. En ese pelotón se encuentra Leopoldo Van Cauwlaert, Marcelo Javier Pintado, Femando Ceferino Román, Nicolás Juárez Campos y Susana Canela. Entre ellos las deidades y tradiciones políticas son varias aunque ese politeísmo político e ideológico en nada amenace la armonía del grupo.
Van Cauwlaert, por ejemplo, es un viejo “pianta votos” justicialista. Ministro de Economía del gobierno de Hernán Cornejo hasta julio de 1988, el descalabro financiero que él mismo provocó se lo terminó llevando puesto a él y luego al propio justicialismo: en 1991 ganó la gobernación salteña el PRS con la candidatura de Roberto Augusto Ulloa. Fue resucitado por el gobierno de Urtubey y se le encomendó el Ministerio de Educación hasta el año 2010. En el cargo se hizo famoso por declarar que los estudiantes eran “todos porros” y que la educación sexual que impulsaba el gobierno nacional nos condenaría a un apocalíptico “revolcadero sexual”. Desde fines de 2011 se convirtió en asesor del Grand Bourg.
Nicolás Juárez Campos se presenta como su antítesis: un hombre que efectivamente representa un cuerpo organizado de ideas vinculadas a un peronismo nacional y popular que, sin embargo, el gobernador Urtubey rara vez ejecutó. Ello nos inclina a pensar que es de esos cortesanos que soportan una desoladora sensación: saber que no influyen sobre el líder y carecen de poder sobre los hechos de gobierno. Del mismo palo se declara Susana Canela, aunque conviene aclarar que carece de la solvencia argumentativa y de la oratoria del propio Juárez Campos.
Javier Pintado y Ceferino Román, por su parte, representan mejor la política transversal que consolidó Urtubey en Salta. El primero es un viejo militante radical que sucumbió ante la hegemonía romerista en los 90, devino en funcionario de ese gobierno y compartió la gestión de la Escuela de Administración Pública con quien hoy es el Gobernador de Salta. Menos pomposa, es la historia de Ceferino Román que proviene del PRS. Ambos, sin embargo, representan la historia de esos partidos que protagonizando la política provincial en otros tiempos, devinieron en satélites que por carecer de luz propia fueron en busca de un astro central que les posibilitara orbitar políticamente.
Ese astro fue Juan Carlos Romero, primero, y Juan Manuel Urtubey, después. Astros que garantizaron que en ese simulacro de corte habitasen una infinidad de divinidades políticas del pasado y una deidad muy actual: el dinero. Después de todo, esos nueve sueldos representan $2.759.952 anuales. Monto que sumado a los $7.273.584 que perciben los 18 funcionarios que cobran como ministros, arroja una valía de 10 millones de pesos en sueldos para 27 salteños.
Los cortesanos son así: protagonizan una guerra civilizada entre ellos para poder ganarse el favor o la estima de los jefes, o al menos el dinero que les posibilita un refinamiento que todo cortesano que se precie de tal debe mantener. Aun cuando la mayoría de ellos sepa que no cumplen con el requisito indispensable del cortesano exitoso: ganarse el derecho a entrar sin golpear al despacho o la residencia del Gobernador.
