Las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, indican que Salta está entre las tres provincias donde se realizan más allanamientos por trata de personas.

Un informe que realizó Infobae con datos del organismo que dirige Patricia Bullrich señala que Salta se encuentra entre las tres provincias con mayores índices de allanamientos por trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

El trabajo asegura las provincias con mayor cantidad de allanamientos son: Buenos Aires y luego la lista continúa con Chubut, Salta, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego.

Sobresalen dos zonas bien delimitadas de captación, el NOA y el NEA: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, Formosa y Corrientes. De esas provincias, las víctimas, en su mayor porcentaje, son trasladadas hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Según los expedientes de la justicia federal, estos son los «principales nodos de conexión con los puntos de destino, como la Patagonia”.

Una vez reclutadas las personas por las bandas criminales –algunas de las cuales tienen ramificaciones internacionales- son trasportadas utilizando micros de pasajeros de media y larga distancia, vehículos particulares y en menor medida aerolíneas comerciales.

Los viajes hacia los lugares que ya están determinados, como por ejemplo talleres clandestinos o prostíbulos -sólo para dar dos de los ejemplos más conocidos- se realizan a través de rutas nacionales que conectan especialmente el NEA con el Centro del país y la Patagonia.

De esos documentos se desprende que el perfil de las víctimas, responden a un «rango etario de entre 12 y 40 años» pero principalmente son «personas mayores de edad, de género femenino, de nacionalidad argentina, paraguaya, boliviana, china y dominicana».

Estado de vulnerabilidad

Para la captación de las personas que serán sometidas a la explotación laboral o sexual, los delincuentes trazan un perfil. Eligen a las que denominan «personas blandas» y se realiza a través de falsas promesas laborales a través de sencillos avisos de volantes, sitos web, mediante el boca a boca y en la actualidad, muy especialmente a través de las redes sociales.

Los jueces y funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), al mando de Rodrigo Bonini, lograron determinar que estas organizaciones criminales también están compuestas por «marcadores», que trabajan a comisión según el perfil y la potencialidad futura de la víctima captada.

En los casos de la explotación laboral, se reconoce que «la captación suele ser por parte de connacionales especialmente bolivianos».

Sobre estos casos de explotación, sobre todo laboral, se llegó a registrar a familias enteras como víctimas, incluyendo a los menores de edad, y en los cuales, quien ostentaba el «rol de explotador» no solo compartía la nacionalidad, sino que además tenía con ellos «vínculo de sangre».