Diputados prorrogó la Emergencia Económica solicitada por el gobierno salteño. La medida fue inaugurada por el gobierno de Menem y lleva 25 años. Otorga al Ejecutivo provincial atribuciones extraordinarias.

El fundador de las leyes de emergencia económica fue Carlos Menem en el año 1990. Por entonces el país buscaba salir del proceso híper inflacionario que obligó al gobierno de Raúl Alfonsín a dejar el poder antes de tiempo y daba algún sustento a los ejecutivos nacionales y provinciales para hacer manejos económicos obviando las facultades del congreso.

Veinticinco años después, la medida goza de excelente salud y sólo requiere que año a año el poder legislativo la prorrogue. Fue lo que pasó anoche en la Cámara de Diputados de la provincia. El diputado Mariano San Millán, fue el vocero de la iniciativa y explicó que es necesaria la ampliación de dicha moratoria debido a que existen aún situaciones pendientes judicializadas “sobre contratos realizados oportunamente con el Estado, y que mediante la Emergencia le permiten al Ejecutivo tener herramientas para llegar a una resolución que cuide los intereses de la provincia”. Además expresó que “si bien la situación está mejor ahora que en años anteriores, el país suele caer en crisis cíclicas lo cual hace imperioso mantener esta situación de Emergencia”.

El diputado Carlos Zapata que hizo un dictamen de minoría, objetó principalmente que el texto aprobado está desactualizado y que respondería a una situación de crisis de hace 25 años. “Si se aplica tal cual está establecido en el texto que se quiere aprobar, por ejemplo el gobierno no podría otorgar subsidios como los que da a Saeta, ni tampoco dar regímenes de promoción”, señaló. Además cuestionó las atribuciones extraordinarias que se otorgan y citó como ejemplos “la de reubicar personal del Estado, anular contratos y suspender plazos de juicios contra el Estado”.

Finalmente el diputado Claudio Del Plá, cuestionó que la emergencia perdure por un plazo de 25 años, “estableciendo un Estado de Excepción que se impone por encima de un Estado de Derecho”.