Sé que puede ser más divertido referirnos a los gaffes de campaña,  sobre todo nacionales, cometidos por los diversos candidatos o funcionarios,  pero se trata de cuestiones tan patéticas, tan bizarras,  en medio de una campaña tan pobre -a decir verdad a nadie se le cae una idea- que preferimos referirnos a una cuestión institucional muy interesante porque precisamente a través de las mismas, de las instituciones, es que deberíamos salir de esta crisis que nos afecta desde hace ya tanto tiempo.

Estamos sumergidos en una transición que nadie atina a entender y, en consecuencia, a darle una salida. Por eso son importantes las instituciones, y aquellos que les dan vida. Éstos deben estar a la altura de las circunstancias, lo que evidentemente no sucede.

Leía los otros días una columna de un analista, periodista  y escritor nacional que se refería a un homenaje que se había hecho en vida a Octavio Paz, hace ya bastante tiempo. Tengamos presente que Paz recibió el Nobel de Literatura en 1990 y murió en 1998.

Allí, en ese homenaje, se produjo un interesante  debate ideológico, respetuoso como corresponde, entre algunos liberales puros y duros  y otros que podríamos denominar  liberales de izquierda, y que encarnó, aquella tarde, el mismísimo Felipe González, quien fuera presidente español y arquitecto de la España moderna, miembro del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español.

Su amigo, Octavio Paz, crítico del marxismo después de haber leído El archipiélago Gulag y luego de largas y dolorosas meditaciones, pero también duro objetor del estatismo latinoamericano –como demostró en su ensayo El ogro filantrópico– había mantenido sin embargo una cierta incredulidad frente a las “certezas” surgidas tras la caída del Muro de Berlín en 1989: “Que las respuestas hayan fracasado no quiere decir que las preguntas no sigan vigentes”, decía Paz.

“Octavio Paz nunca fue un reaccionario; fue un progresista en el sentido profundo del término”. A continuación, González, hizo una declaración de principios: “Yo creo que la economía de mercado es mucho más eficiente que cualquier tipo de estatización”, y se pronunció contra las “utopías regresivas” de América Latina; corporizados hoy principalmente en el “regresismo” kirchnerista y también el bolivariano, que le parecían respuestas erradas a desaciertos del modelo.

Explicó allí González que, efectivamente,  se necesitan políticas públicas que corrijan la situación planteada por los excesos del mercado. Esa misma tarde fustigó, a su vez,  y esta es la parte que me interesa especialmente,  a quienes “cuando hay fracasos más o menos sucesivos de los gobiernos creen que la democracia es la que fracasa: están equivocados. La democracia es puramente instrumental, no es un sistema ni una ideología”.

En esto, en cuanto a que la democracia es instrumental,  Felipe González coincidía con Norberto Bobbio, el profesor de Bolonia. En efecto, para Bobbio  el régimen democrático es un conjunto de reglas de procedimiento para la formación civilizada, pacífica, de las decisiones colectivas.

Por lo general, las constituciones escritas están compuestas por dos partes: la primera parte, Dogmática, en donde están enunciados los derechos y garantías de los ciudadanos y habitantes de un país y, la segunda parte, Orgánica, en donde se describe el modo, los procedimientos, a través de los cuales los distintos poderes se manifiestan. Mediante estos procedimientos se elabora la voluntad colectiva.

Para garantizar que esos procedimientos sean cumplidos existen dos instituciones: el Poder Judicial y el Ministerio Público. Respecto de éste, que sigue siendo un profundo desconocido, y por tanto desaprovechado, es denominado “magistratura activa” ya que es el que debe buscar, dinámicamente, que esos procedimientos se cumplan. Y, cuando no se lo hace, ponerlo en conocimiento de la justicia, requerir a ésta su intervención.

Erróneamente, mezquinamente, se identifica al Ministerio Público con una sola de sus funciones cual es la persecución del delito.  Especialmente el de los funcionarios públicos. Debe ser porque nuestra Constitución Provincial, por ejemplo, la primera que le dio autonomía en el país, seguido por la Nación posteriormente, específicamente señala no sólo que debe ejercer la acción penal en los delitos de acción pública, sino que subraya que debe hacer efectiva la responsabilidad penal en que se hubiere incurrido en perjuicio de la Administración Pública, como para que no quepan dudas. Pero esa misión, ese deber, no puede eclipsar los otros que tiene,  ya que los mismos están dados dentro de un marco general que es el de la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Si no se cumple con todos esos deberes y misiones, nuestra institucionalidad está renga. Y en verdad que sí, desde hace mucho que está como se la ve: rengueando.

ALEJANDRO SARAVIA