Los jueces de Corte de Salta emitieron una Acordada, donde se deja sin efecto la obligatoriedad de capacitarse en genero para concursar a contramano de la incesante tarea de concientización sobre la problemática que se realizan desde distintos organismos.

La prevención es fundamental a la hora de enfrentar este flagelo que nos azota a los argentinos y de manera preocupante en la provincia de Salta.  Capacitar, buscar espacios de reflexión adecuados para preparar y fomentar la transformación de la realidad social en la que vivimos y obtener un marco sin violencia” en el que se aspira vivir, es una premisa asumida por cada uno de los componentes de la sociedad.

Sin embargo, parece que los jueces Horacio Aguilar, Ernesto Samson, Pablo López, mediante la Acordada 13149, decidieron ordenar la suspensión de la exigencia de acompañar constancia de capacitación en materia de perspectiva de género en el marco de la Ley Micaela en concursos públicos del Poder Judicial, “hasta nueva disposición”. Más llamativo resulta que adhieran también a esta medida las juezas Adriana Rodriguez, Sandra Bonari y Teresa Ovejero.

Sin buscar solución alternativa, la Acordada plantea que “la Secretaria Letrada de Corte y replicadora de la Oficina de la Mujer Dra. Mónica Spaventa, ha comunicado la suspensión del cronograma anual de la mencionada capacitación, medida dispuesta por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ”como consecuencia de la aprobación de un proceso administrativo de certificación de capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, por parte del Ministerio de las Mujeres.  Es que ese Ministerio creado durante la actual gestión a tomado como propia tal capacitación y deja establecido en el marco de Resolución 64/2021 que resulta de su competencia establecer un procedimiento administrativo tendiente a la certificación de los programas de capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres elaborados por los diferentes organismo y áreas del Estado.

Cabe recordar que el machismo está enquistado fuertemente en las entrañas de la justicia salteña. Ejemplos como el del juez Federico Diez, repuesto en su cargo sin que se haya resuelto el proceso judicial que afronta por denuncias de violencia de género y que en carácter de imputado formó parte del Tribunal Colegiado que liberó “por el beneficio de la duda”, al viudo de Jimena Salas y un albañil acusado de actuar de campana en el femicidio. Otra curiosidad: la Directora de la Oficina de la Mujer, Sandra Cristina Bonari, es  la misma que en fallo en el que la Corte de Justicia salteña decidió sobreseer por prescripción al cura Aguilera, acusado de delitos sexuales, fundamentó su excusación en el hecho de que el sacerdote fue quien bautizó a sus hijos. La misma jueza que sostiene que si el hombre se defiende de los ataques físicos de una mujer, nunca puede existir violencia de género (en español básico, si una chica te pega una cachetada, le podes devolver con una piña).

Con estos exponentes, más que claro que la proactividad en materia de prevención no será nunca el fuerte de estos integrante de la Corte salteña, con lo cual hasta solucionado el tema a nivel nacional, los ingresos se realizarán sin una formación que les brinde las herramientas necesarias para articular los ejes de igualdad de género y acceso a la justicia.

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