En un requerimiento efectuado al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Seguridad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió que se tomen medidas urgentes por la grave problemática vinculada al tráfico de drogas en el norte del país.
Ocurrió luego de que varios legisladores nacionales recorrieran la denominada “narcofrontera” en Salta y elevaran un extenso y lapidario informe. Según publicó la agencia Agensur, la Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió a diversos organismos nacionales que arbitren de modo urgente las medidas sugeridas por jueces federales del Norte del país por “la grave problemática” vinculada al tráfico de estupefacientes y otros hechos delictivos en dicha zona que denunciaron esos magistrados. La resolución está firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, según informóhttp://www.cij.gov.ar , sitio web del Poder Judicial. El requerimiento del Alto Tribunal se hizo al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Seguridad basándose en el informe que los jueces federales mantuvieron días pasados en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en el norte salteño, donde se abordó esa grave problemática.
De ese encuentro organizado por las cámaras federales de Salta y de Jujuy, participaron distintos magistrados de esas provincias y de Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco y Catamarca. El eje de discusión fueron los delitos de narcotráfico, trata de personas, contrabando y lavado de dinero. Cabe recordar que también legisladores nacionales de diversas fuerzas políticas, con excepción del oficialismo kirchnerista, estuvieron en varias oportunidades en la llamada “narcofrontera” norte y, específicamente, en la provincia de Salta. Entre los diputados que recorrieron esa zona, estuvieron el senador nacional Gerardo Morales (Jujuy) y los diputados nacionales Mario Fiad (Jujuy) y Bernardo Biella (Salta). En la siguiente oportunidad, visitaron la zona los diputados nacionales Gladys González, de la provincia de Buenos Aires; Gisela Scaglia, de Santa Fe; Roberto Pradines, del Partido Demócrata de Mendoza; el abogado constitucionalista, Pablo Tonelli; la presidente de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich, de Unión Por Todos y el jefe del bloque del Pro en la Cámara, Federico Pinedo y Guillermo Durand Cornejo, del Frente Salteño.
En uno de los informes realizados por esos legisladores, se expresó que en la frontera de la provincia de Salta, “los pocos funcionarios públicos que prestan servicios allí, o son cómplices de la delincuencia que opera en forma abierta y pública, o son seres desmoralizados y quebrados por el desprestigio social que implica la absoluta evidencia del incumplimiento de sus deberes más elementales”. Agregaron, asimismo, que “los juzgados están de guardia las 24 horas de los 365 días del año, con titulares que piden licencia por stress. Los fiscales no tienen adjuntos y carecen de recursos para pagar el transporte de los testigos que quieran declarar en alguna causa poniendo en riesgo sus vidas”.
Los legisladores advirtieron que “todos (esos funcionarios) están amenazados y saben amenazadas a sus familias, en poblaciones chicas en las que todos se conocen. Los gendarmes se avergüenzan de identificar a alguien en los puestos de control, porque a su costado pasan miles de indocumentados y toneladas de mercadería contrabandeada a su vista, sin que ellos intervengan porque órdenes superiores se lo impiden. La cantidad de funcionarios es absurda para las necesidades locales y las leyes no se cumplen. Eso avergüenza a los agentes públicos, sospechados o acusados de connivencia abierta con el delito. Lo mismo vale para el personal de Migraciones (el incumplimiento de sus tareas es grotesco) y Aduanas”.-
