La denuncia presentada el año pasado por una extrabajadora de la clínica exhibió el rostro más brutal del negocio de la salud. Corrupción, fraude, falta de papeles y una causa que no avanza. (Nicolás Bignante)

La amnesia colectiva suele ser una característica de aquellas sociedades donde el impacto de una injusticia retumba sólo cuando es portada de los matutinos. A cuatro meses de iniciada la causa federal contra la clínica del neurodiagnóstico por un presunto fraude millonario al PAMI, pocos son los que indagan sobre los avances de esta investigación. En la justicia federal reposan no una, sino dos causas contra la institución privada y en particular sobre su dueño, el neurocirujano Emilio Rubén Benítez. La más resonante tuvo lugar en diciembre del año pasado cuando la instrumentista Carolina Pérez, trabajadora del nosocomio, decidiera ventilar una serie de anormalidades que iban desde la falta de higiene y personal capacitado, hasta el cobro irregular de medicamentos al PAMI. La revelación de estas anomalías le costó a Pérez, además de su puesto de trabajo, una denuncia penal por defraudación presentada por el propio Emilio Benítez.

La trabajadora oficiaba de nexo entre la Clínica del Neurodiagnóstico y la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Salta (ACliSaSa), institución a la que le remitían facturas por internaciones, cirugías y otras prácticas a las que debían someterse afiliados de PAMI del interior. Los cheques por gastos sanatoriales y honorarios eran retirados por Pérez y endosados dos veces por Benítez, para luego ser depositados en el banco Santander Rio. A Carolina Pérez la acusaron de haber depositado cheques en otra cuenta y como producto de ese señalamiento fue despedida “con justa causa”, según los abogados representantes de la clínica. Consta en la denuncia presentada por Benítez que “ante la posibilidad de estar frente a una maniobra, no solamente de estos dos meses pasados, sino de hace dos años atrás, se solicitará a ACliSaSa la constancia de los pagos realizados a nombre de la clínica y pedirá constancia al banco Santander Rio -sucursal Salta- si esos importes ingresaron a su cuenta”.

Para la denunciante, la causa que tramita en la justicia provincial es apenas una excusa para encubrir el cúmulo de irregularidades en los que incurrió la empresa y que, entre otras cosas, derivó en el cobro de casi $34 millones de la obra social de los jubilados. Al cabo de un mes, Carolina recibió una carta documento en la que se le notificaba que había sido despedida por “pérdida de confianza” y se ordenó la liquidación final no indemnizatoria. Tanto el Ministerio de Salud, como la Municipalidad de Salta le darían la razón en diciembre del año pasado cuando las puertas del nosocomio debieron cerrar por no contar con, prácticamente, ninguna de las habilitaciones necesarias. Esa misma semana se dio curso a los allanamientos dispuestos por la justicia federal para determinar si hubo fraude en el manejo de los montos. Desde entonces, nada más se supo sobre el estado de la causa que tiene a su cargo el juez Leonardo Bavio.

En comunicación con Cuarto Poder, Carolina Pérez señala: “No hay ningún avance, eso es lo que me preocupa. Yo llamo a Buenos Aires y me dicen que desde allí no pueden actuar si no lo requiere la provincia. Estamos dependiendo de la justicia federal de aquí, de la provincia”.

Pérez añade un dato complementario: ya existía una denuncia en el mismo juzgado contra la misma persona y contra la misma entidad. Data del año 2013 y refiere a un caso de mala praxis en perjuicio de un paciente de la institución. Sus familiares habían presentado la denuncia en la justicia federal por los mismos motivos que Carolina: falta de confianza en el fuero local. En más de una oportunidad señalaron los vínculos con el poder que supo mantener el Dr. Benítez, como así también su cercanía con dirigentes del justicialismo local, principalmente en las cámaras. Aunque ambas denuncias tienen un origen específico y particular, la justicia entendió que la demanda de la extrabajadora de la clínica, explicaba y/o estaba relacionada con el reclamo de los familiares de la víctima. Ambas causas se unificaron y hoy duermen en los armarios del edificio de España y Deán Funes. “El día que llega mi causa desde Buenos Aires a la provincia, no le podían dar avance, porque había otra denuncia desde el año 2013. El juez -Leonardo Bavio- ya viene con una costumbre de encajonar las causas. Tuvieron que unificarlas, porque la denuncia era a la misma entidad y a la misma persona” explica Carolina.

A finales del año pasado, las fajas de clausura se adosaron a las puertas del edificio de Jujuy 140. Por entonces, medios y portales enfatizaban en que la disposición había sido emanada desde la cartera de Salud por no cumplir con requisitos básicos de higiene y seguridad. Sin embargo, una clausura aparte fue dispuesta por el juzgado de 1° nominación del tribunal administrativo de faltas. Cuarto Poder accedió al acta de comprobación emitida por la subsecretaría de control comercial, tras la inspección realizada en el nosocomio.

Allí se constataron varias infracciones a la ordenanza 15292 de habilitaciones comerciales, como ser: no contar con el certificado habilitante extendido por el municipio, ni con el permiso transitorio. Además, la clínica no contaba con el certificado del Programa de Fiscalización y Control de Calidad los Servicios de Salud (ProFiCCSSa) y carecía de los certificados de salud y manipulación de alimentos de dos trabajadoras.

El hecho hubiera sido apenas un episodio más de corrupción y falta de papeles si no fuera porque, como consecuencia de esos chanchullos, hubo víctimas. Personas a las que no podían suministrarles medicamentos porque las compras apenas cubrían el 40% de lo que se necesitaba para abastecer a todos los pacientes. Sin embargo, al PAMI se le facturaba el 100%. Personas a las que se mantenía internadas 3 o 4 días más de lo necesario para incrementar ingresos de manera fraudulenta. Personas a las que se las privaba de adquirir psicofármacos, ya que la farmacia se encontraba inhabilitada y, por ende, debían ser adquiridos a través del Hospital San Bernardo. Todos ellos ejemplos que constituyen apenas un botón de muestra, una expresión genuina del negocio redondo de la salud.