De la riñonada del Rodolfo Urtubey padre, Pamela Calletti devino en la Ministra que coordina la lucha contra el micro tráfico que se publicita como cruzada “U” contra las drogas. Ante un viaje a EEUU, el medio cercano al Grand Bourg hizo de pararrayos a potenciales críticas de un viaje que coincidirá con el de Urtubey. (Aníbal Roldan)
El viaje de la ministra se conoció el pasado jueves cuando el Boletín Oficial publicó el decreto 715/14: la Ministra de Justicia Calletti y su Secretaria de Justicia, Patricia Colombo, deberán estar en Washington entre los días 22 y el 28 de marzo para participar de la Audiencia y la reunión de trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿El motivo? El Caso 12.170, el mismo que contiene la demanda realizada por los familiares de Marcos Gilberto Chaves y su hija Sandra Beatriz Chaves, quienes fueron condenados a prisión perpetua por la Cámara Tercera en lo Criminal de la Ciudad de Salta, como autor y partícipe del homicidio de José Antonio González, quien era conyugue de Sandra y fue asesinado en agosto de 1995 mientras dormía en la habitación que compartía con la mujer.
Desde el momento mismo de la condena, los familiares de los encarcelados protagonizaron un desesperado derrotero para denunciar dos cosas: que padre e hija fueron condenados sólo con indicios; y que la misma justicia se negó a revisar el proceso a pesar de los pedidos formales y en regla al respecto. Agotadas las instancias nacionales, los Chaves recurrieron en el 2003 al organismo internacional.
A más de una década de ello, se concluyó que el pedido de los encarcelados era admisible y citaron para la próxima semana a una audiencia de la que deberán participar Calletti. Queda claro que el viaje de la ministra está más que justificado. Sin embargo, no dejó de sorprender la diligencia con la que la radio del empresario devenido en vocero del Grand Bourg, Mario Peña, insistía en el resumen de su web en lo incuestionable del viaje a realizar. Y es que después de resaltar que el caso Chaves volvería a la primera plana, se preocupó por enfatizar que “nadie debe cuestionar” el viaje de las funcionarias.
Los cuestionamientos tienen que ver con la patológica inclinación de esta gestión por las comisiones oficiales al exterior, algo que el medio más oficialista de la ciudad parece querer evitar para la ministra. Más aun teniendo en cuenta que Calletti y Colombo coincidirán con la presencia del propio Juan Manuel Urtubey que el martes 25 de marzo, participara de la reunión del Consejo de Las Américas en New York.
Cuidar la apuesta.
Calletti está lejos de ser una más en el gabinete provincial y no son pocos los que creen que es la apuesta del establishment “U” para el futuro. Y es que asociada a la figura de Simón Padrós (actual Secretario General de la Gobernación, previamente fiscal de Estado y anteriormente Secretario Legal y Técnico), Calletti es de ese staff que debe encargarse de encontrar argumentos jurídicos para respaldar las decisiones políticas del Gobierno y proviene de la riñonada de Rodolfo Urtubey padre. Un hombre de estilo prusiano que suele formar a sus propios pupilos para luego suministrárselos a su hijo.
Son muchos los que aseguran que la actual ministra era una mimada del patriarca que también impulsó la carrera de otros funcionarios como el ministro de Turismo y Cultura, César Ovejero; y hasta del mismo Padrós. Estos y Calletti comparten un perfil similar: egresados de la Universidad Católica de Salta; becario de programas de especialización en el extranjero a través de importantes y elitistas fundaciones; cuentan con especializaciones en Derecho Administrativo en la Universidad Austral que, como muchos saben, fue fundada por la fanática y elitista prelatura del Opus Dei. La relación entre el Opus Dei y la universidad Austral está lejos de ser un secreto. En la web de la institución se puede leer que los valores de esa universidad “se desprenden de la visión cristiana de la cultura y del mundo (…) Para asegurar esta orientación cristiana, la Prelatura del Opus Dei brinda su asistencia a la Universidad”.
La dama de hierro
La condición de niña mimada del gobierno continúa. En ella recayó la Unidad Coordinadora de Lucha contra la Droga y el Narcotráfico. Una unidad que es hija del reformado Código Procesal Penal que dispuso que la policía cuente con facultades para requisar individuos y vehículos según el uniformado lo crea conveniente. Aunque la medida fue presentada para combatir el narcotráfico, en realidad lo que se busca es perseguir al denominado “perejil”.
Los resultados de esa unidad fueron presentados durante la semana en donde Calletti apareció como una dama de hierro para informar lo siguiente: en tres meses se realizaron 479 procedimientos policiales, 135 personas fueron detenidas (1 de cada 3 requisados), 54 de los cuales fueron los requerimientos de elevación a juicio pedidos por los fiscales. Lo que nunca publicitaron los súper héroes fue la cantidad de estupefacientes secuestrados.
El detalle estuvo lejos de ser un simple olvido. Buscaba evitar que las cifras dejen en evidencia que se están deteniendo a perejiles mientras el gran negocio sigue su marcha. La impostura, aseguran operadores judiciales consultados, no obstaculiza la apuesta de la mesa chica “U” con respecto a Calletti. “La dimensión del problema de las drogas es tal – aseguran – que el gobierno ha decidido que ella capitalice el enojo de muchos familiares desesperados por la situación de sus hijos y que celebran que la policía acarrea desde un dealer de poca monta, hasta esos adictos que están descerebrados en algún baldío de la ciudad”.
Veinte años después
El caso de Marcos Gilberto Chaves y su hija Sandra Beatriz… aterra. Después de 20 años de prisión, un organismo internacional admite que la Justicia local podría haber incurrido en irregularidades. Hay que admitir, sin embargo, que la celeridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también deja que desear. Los familiares de los detenidos se presentaron ante el organismo internacional el 4 de noviembre del 2003 y este organismo admitió el caso recién en agosto del 2009. A cinco años de aquello, el mismo organismo cita a una audiencia para la próxima semana. Conviene recordar que Marcos Gilberto Chaves y su hija Sandra Beatriz Chaves fueron condenados a prisión perpetua por la Cámara Tercera en lo Criminal de la Ciudad de Salta, como autor y partícipe, respectivamente, del homicidio de José Antonio González, quien fuera cónyuge de la señora Sandra Beatriz Chaves. El señor José Antonio, habría sido asesinado el 19 de agosto de 1995, mientras se encontraba durmiendo en la habitación que compartía con la señora Chaves.
Lo que la familia Chaves denuncia desde hace 20 años, es que el Estado ha violado su derecho a una revisión de la condena por tribunal superior; y también que a la hora de ser condenados, el tribunal salteño sólo se basó en meros indicios. Con respecto al primer punto, los defensores de los Chaves habrían interpuesto recurso de casación que les fue negado el 11 de septiembre de 2001 “por razones meramente formales” por la Corte de Justicia de Salta. Posteriormente, presentaron un recurso extraordinario federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que también fue rechazado por extemporáneo. La conclusión a la que llegaron los patrocinantes de padre e hija se adivinan: aseguran que “que ninguna de las instancias superiores se habría interesado en comprobar si las conclusiones del tribunal de primera instancia fueron una derivación razonable de los elementos de prueba acumulados”.
Con respecto a la forma en que los acusados fueron condenados, la familia asegura que los juzgadores se basaron en “prueba indirecta o indiciaria”. Asimismo, la Defensoría General de la Nación, alegó a favor de los Chaves que el Estado habría avasallado la intimidad de la señora Sandra Beatriz Chaves “al indagar sobre el color y forma de su ropa interior, sus preferencias y hábitos sexuales, padecimientos físicos estereotipados y su pretendida “frialidad” frente a la pérdida de su cónyuge, refiriéndose los propios jueces a ella como “viuda alegre”. Además agregan que la inexistencia de toda prueba de cargo determinó el arribo a una condena construida a partir de estas indagaciones violatorias de la vida privada y de la dignidad humana de las presuntas víctimas. Por otra parte, alegan que las versiones vertidas por los hijos respecto de los hechos sucedidos el día de la muerte de su padre, fueron descalificadas por la autoridad judicial bajo el argumento de que “los niños viven en un mundo de fantasías y ven una realidad distinta a la de los adultos…”.
