Un repaso por las notas publicadas en Cuarto Poder pincela EL perfil del oscuro sindicalista, diputado y empresario, Eduardo Abel Ramos, por fin caído en desgracia tras la agresión de uno de sus hijos al periodista Martín Grande. (Gonzalo Teruel)
“Además de estar al frente de prósperos negocios, Ramos es el hombre fuerte de la salud. Maneja la logística de los hospitales capitalinos y es mandamás indiscutido de los trabajadores de la sanidad desde 1986. Sin oposición y encabezando la lista Azul y Blanca ‘la fuerza del trabajador de la salud’ en noviembre de 2012 fue elegido para el actual periodo que se extenderá hasta 2017 cuando supere los 30 años ininterrumpidos al frente de ATSA” sintetizó este semanario en 2014 y advirtió que “Puede inutilizar un hospital dejándolo sin comida, ropa o mantenimiento y también puede paralizar su atención con una medida gremial. Allí reside su fortaleza y el porqué de su permanencia en la vida política provincial. Se sirvió de Juan Carlos Romero cuando (siguiendo la política neoliberal de Carlos Saúl Menem) se privatizó la salud pública en la provincia y, después de acompañar a Walter Wayar en su intento por llegar a la gobernación, se alió con Juan Manuel Urtubey que no quiso comprometer su gobierno con reclamos en los hospitales”.
Es diputado desde hace más de una década sin que se le conozcan mayores méritos en su tarea legislativa. Es más, un relevamiento sobre la actividad de los diputados durante el primer semestre, mostró que Ramos no redactó un solo proyecto de ley. “Hablamos del sindicalista y empresario que sin ejercitar la emoción de la vergüenza, llega a las sesiones en un lujoso BMW, asegura ser un fiel representante de los trabajadores de la sanidad que sin embargo varias veces fueron víctimas de sus patotas y quien en 85 días jamás presentó un proyecto de ley o pidió un informe porque se limitó a redactar 4 proyectos de resolución y otro de declaración” contó Cuarto Poder. Pero esa esterilidad legislativa es, en cualquier caso, el menor de sus vicios. Los peores: amenazas y agresiones, negocios irregulares, y denuncias (gremiales, políticas y jurídicas) varias. Por caso, en 2013 fue acusado de violentar las elecciones en ATSA y en 2014 por su irregular situación patrimonial.
“Aunque en su declaración jurada solo figuran 3 inmuebles, se supo que el diputado Abel Ramos es un tremendo terrateniente, ya que tendría unas cuantas finquitas valuadas en más de 8 millones de dólares” publicó hace un par de años este semanario en su página web a partir de un informe de FM Profesional que reveló que las fincas suman más de 400 hectáreas en el Valle de Lerma. “Por lo que nos consta 117 hectáreas fueron adquiridas en 1994 por $70 mil; 225 hectáreas fueron obtenidas en 1992 por $140 mil y las 129 hectáreas restantes compradas en 2009 por 1.800 dólares” detalló la emisora y aclaró que los inmuebles rurales “no figuran en la declaración jurada del eterno secretario general de ATSA, ya que están registrados a nombre de la empresa Prase SA, cuyo socio mayoritario es Eduardo Abel Ramos”.
En ese entonces, el sindicalista y diputado declaraba casi $2 millones en efectivo, 3 inmuebles subvaluados por poco más de $410 mil (Alberdi al 300, Los Peteribíes al 300, y Los Nogales al 300) y ningún vehículo. “Eso sí, es titular de acciones en la empresa Prase SA por casi $4 millones. De acuerdo al Registro Público de Comercio, se trata de ‘una empresa agrícola, inmobiliaria, comercial y de servicio’ y operaría desde Alvarado 1.153 donde funciona un centro médico de ATSA, justamente el gremio de Ramos. Posee unas 3 fincas en Chicoana y otras 3 edificaciones, en una funciona un boliche bailable. Anteriormente, la empresa estuvo domiciliada en Zuviría 2.660 donde operan Trabajo y Solidaridad y Producciones Capricornio, empresa registrada bajo titularidad de Arnaldo Abel Ramos, hijo del diputado, y titular de al menos 7 inmuebles. ‘Es dueño de Trabajo y Solidaridad, PRASE, Capricornio que opera 3 radios de frecuencia modulada y una productora de televisión, de los Salones Legrand, del Hotel y el Club de Sanidad, de Turismo Evytour, y del Colegio Madre Teresa de Calcuta’ detalló un trabajador que pasó por varios de esos emprendimientos” ´resumió este medio de páginas rosadas.
Disfraz de la Fundación
Ese enorme patrimonio tiene un singular origen. Ramos era propietario de 3 empresas: Todolim SA, Cocirap SA, y Trabasani SA que prestaban (según consta en el Boletín Oficial) los servicios de Lavado, Provisión y Reposición de Ropa; Racionamiento en Cocido; y Mantenimientos Portería y Limpieza; para los hospitales de la Capital y que en 2011 se fusionaron en la Fundación Trabajo y Solidaridad. El inusual desapego por lo material tiene una explicación: por ser una Organización No Gubernamental (sin fines de lucro) su fundación tiene un régimen legal, impositivo y laboral distinto al de una empresa privada y, por ejemplo, no despide a un trabajador sino que una asamblea lo expulsa y por lo tanto no le corresponde indemnización.
Eso es lo que sucedió con Oscar Maidana en 2014 y Gilda Vega en 2015. El varón denunció a Trabajo y Solidaridad por proveer “apenas 10 litros de lavandina cada 15 días para higienizar 250 baños del San Bernardo” y porque “tampoco manda los insumos suficientes para garantizar el mantenimiento del hospital” y la mujer por distintas irregularidades administrativas como el incumplimiento de los aportes previsionales y a la obra social “que son descontados pero no depositados en la ANSES ni en OSPSA”. Fueron ninguneados, amedrentados, agredidos y finalmente expulsados. Vega estaba embarazada pero a Ramos y los suyos no les importó.
Aquel conflicto con los empleados de Trabajo y Solidaridad mostró el costado más brutal de la “Patota de Ramos” como todavía llaman por lo bajo en los pasillos de los hospitales salteños a los laderos del capanga de la sanidad. Sergio Dazzi y Raúl Torres, miembros del directorio de ATSA y principales alcahuetes de Ramos, amenazaron al entonces gerente del Hospital San Bernardo, Hugo Sarmiento Villa, y a los trabajadores en huelga. El que peor la pasó fue Jorge Puca.
“El miércoles, cerca del mediodía, Puca abandonó la puerta del San Bernardo para comprar en un almacén vecino alguna cosa que le estaba faltando a la olla popular. Antes que pudiera volver fue interceptado por Sebastián Ramos, hijo de Eduardo Abel, que le propinó una tremenda paliza. El malogrado Puca debió ser hospitalizado con traumatismo encéfalocraneano, hematomas y escoriaciones múltiples y estuvo varias horas internado, vaya paradoja, en el propio San Bernardo” relató Cuarto Poder y advirtió que “No es la primera vez que Sebastián ‘el Cuchi’ Ramos es protagonista de una brutal agresión: en agosto se encargó de darle palazos en la espalda a Oscar Maidana, empleado hoy expulsado de Trabajo y Solidaridad. Peor aún, horas después de la agresión a Puca, Arnaldo, otro de los hijos de Ramos, llamó telefónicamente al periodista Martín Grande para ‘advertirle’ que su hermano está fuera de sí. Según reveló el periodista, la intención de ‘el Cuchi’ es ‘cortarle la lengua’”.
La crisis
Entre aquella amenaza y la salvaje agresión a Martín Grande de esta semana, Ramos empezó a perder poder. Un informe de la Auditoría General de la Provincia reveló unos 40 incumplimientos a la normativa por parte de la fundación con la que lucró en el Hospital San Bernardo. “Más de 40 observaciones, casi 20 recomendaciones, y 3 conclusiones revelan que el singular emprendimiento de Eduardo Abel Ramos enferma la salud pública de los salteños” describió este semanario y desmenuzó el documento del organismo de control con lapidarias conclusiones: como si la falta de limpieza no fuera suficiente, la fundación no efectúa un tratamiento de residuos biopatogénicos adecuado; permite la existencia de animales domésticos que viven y son alimentados en el patio interno del hospital; y abunda en irregularidades de índole administrativa y contractual siendo la más severa la última sobre los incrementos presupuestarios (pasando en el año 2012 de $63.000 a $80.000) infringiendo la Ley de Contrataciones.
“El personal de limpieza se encarga de la distribución de las raciones alimentarias, con lo cual se incumple con normas de bioseguridad, ya que no existe para este personal una capacitación adecuada, y no se cubre el riego de contaminación” acusó la Auditoría y denunció que si bien no existía un número de trabajadores establecido por contrato y sólo se menciona un “plantel mínimo idóneo”, las 18 personas afectadas a la labor de mantenimiento sólo pueden cubrir un 45% de las “ordenes de trabajo diario”. “Eso explica ‘la existencia de desperfectos y deterioros, tales como: goteras de sanitarios en baño de personal y baños del sector de cardiología; y deterioro de mampostería, paredes y pintura en mal estado descascaradas, manchas de humedad y sucias, en sector de cardiología, en patio interno, sector de guardia, sector de quemados’. Todas estas falencias están documentadas en un profuso anexo fotográfico que acompaña el informe” publicó Cuarto Poder y detalló otras inaceptables falencias en el principal nosocomio de la provincia: en el tablero general localizado en el pasillo del sector gerencia, la llave que comanda el sistema detección de humo, para actuar ante un siniestro, se encuentra desconectada; el espacio físico que el hospital asignó en comodato para la guarda de elementos y equipos para la prestación del servicio se encuentra en condiciones de desorden y carente de aseo; un sistema de calefacción y agua caliente que consta de 2 grandes calderas, las cuales están sin uso, una desde el año 2003, y la otra, desde aproximadamente 5 meses anteriores a la realización de las tareas de campo; las condiciones de higiene detectadas en las áreas de cirugía de varones, hall de entrada, pasillos de planta baja, rampa al primer piso, pasillo de primer piso frente a la puerta de esterilización, en la puerta de acceso a cirugía de mujeres, sector de quemados, sótanos, vestuarios y baños del personal del hospital no cumplen con las condiciones básicas para la prestación de servicios de limpieza de hospitales.
El tremendo informe de la Auditoría obligó al gobernador Urtubey a finalizar meses más tarde el vínculo de Trabajo y Solidaridad con los nosocomios salteños. En septiembre del año último, Urtubey y el ministro Carlos Parodi, junto al entonces intendente Miguel Isa y el mismísimo Ramos, anunciaron que la etapa de las tercerizaciones estaba agotada y que la prestación y control de los servicios de mantenimiento, limpieza, lavado, ropa y alimento serían estatizados. Más de 400 trabajadores sanitarios, más tarde que temprano, se convirtieron en agentes estatales.
Sin embargo, los modos mafiosos continuaron y en octubre del 2.015 un grupo de encapuchados movilizados en una Trafic propiedad de Turismo Evytour (una de las tantas empresas vinculadas al diputado) golpearon con palos a trabajadores que reclamaban en las puertas de la Legislatura su efectiva incorporación a la administración pública. “Al día siguiente de la manifestación y el ataque de la patota ocurrió otro grave hecho: Sebastián ‘Cuchi’ Ramos, hijo del diputado, apareció en el San Bernardo lanzando amenazas contra los que estuvieron el martes frente a la Legislatura” informó la web de Cuarto Poder y reprodujo el inequívoco mensaje del matón “dejen de joder con mi familia, los voy a boletear”.
No llegó a tanto pero como ahora con Martín Grande, el “Cuchi” Ramos interceptó al delegado Maidana cuando regresaba a su casa, le cruzó la camioneta y le mostró un arma de fuego.
Títulos truchos
Hace pocos meses el inefable Ramos, sindicalista y diputado pero sobre todo empresario, quedó involucrado en un nuevo escándalo: los agentes sanitarios lo denunciaron de estafarlos con las carreras brindadas por el Instituto Superior de Formación y Capacitación Doctor Ramón Carrillo. Según acusaron, alrededor de 200 agentes sanitarios de todas las áreas operativas de la provincia cursaron y se graduaron en la Tecnicatura Superior en Atención Primaria pero su título no tiene validez alguna. “Estudiamos 3 años y aprendimos mucho porque el cuerpo docente es realmente bueno pero cuando nos graduamos nos dimos con que todo el esfuerzo fue en vano” contaron y recordaron que en marzo el entonces ministro de Salud, Oscar Villa Nougues, participó de la entrega de los títulos. “Inmediatamente nos dirigimos al ministerio para acreditar nuestra condición de graduados y empezar los trámites de reconocimiento del título pero nos dimos con la peor noticia: la carrera no está homologada por ninguna autoridad competente” acusaron.
Hace ya largos años que Eduardo Abel Ramos incursionó en el ámbito de la educación. Primero fundó el Colegio Madre Teresa de Calcuta y después el área de formación superior a través del Instituto Ramón Carrillo. “El colegio es uno de los mejores negocios. Tiene primaria y secundaria, un terciario y, además, dicta capacitaciones y especializaciones en Ciencias de la Salud durante los fines de semana” describió Cuarto Poder hace más de 2 años y reveló que por entonces “El número de alumnos ronda los 2 mil entre todos los niveles y proyecta un negocio extraordinario: cobra una cuota mensual de casi $500 y percibe generosos aportes estatales. La provincia aporta casi $1 millón al año. En octubre de 2011 el Decreto 4.255 estableció un ‘aporte estatal mensual fijo, incluyendo SAC, por la suma de $71.500’ y aunque es imposible acceder a información actualizada, nada hace suponer que ese beneficio haya sido discontinuado”.
El dictado de las capacitaciones es otra fuente de importantes ingresos y revela la influencia del titular de ATSA en el sistema sanitario provincial: los trabajadores auxiliares de la salud necesitan instruirse para poder avanzar en la carrera laboral y así mejorar sus salarios. Como los cursos docentes que otorgan puntajes para los concursos del ministerio de Educación, estas capacitaciones dictadas por Ramos suponen la posibilidad de crecimiento en el escalafón de la salud.
Otro informe de la Auditoría General de la Provincia sobre la gestión (durante el año 2014) en el Hospital del Milagro confirmó que Trabajo y Solidaridad incumplió cuestiones básicas del marco legal impuesto para sus prestaciones. Según los profesionales del organismo de contralor, la incorrecta imputación de las partidas presupuestarias que se pagaron a la Fundación y la inexistencia de registros de la prestación de los servicios por parte de Trabajo y Solidaridad “entorpecieron la buena contabilidad del hospital” por lo que fue imposible saber cuánto dinero se llevaron Ramos y los suyos.
Según el informe “No proporcionó el contrato de comodato mediante el cual se realizó la cesión de un espacio físico y equipamiento a favor de la Fundación, para el desarrollo de las labores vinculadas con el servicio prestado”. Es decir que además de contratar a Ramos para la prestación de todos los servicios del sistema de salud, la provincia (a través del Hospital) le cedió un espacio físico para su organización. “La investigación de la AGP no avanza más allá, no se sabe a ciencia cierta cuánto dinero se le entregó a la Fundación ni dónde está ubicado el inmueble cedido” concluyó Cuarto Poder hace apenas una semana.
Pese a esa interminable sucesión de amenazas y agresiones, negocios irregulares y denuncias de todo tipo, Eduardo Abel Ramos mantuvo un enorme espacio en el poder provincial. Pero la salvaje agresión de su hijo Sebastián al periodista Martín Grande parece empujarlo, finalmente, fuera del círculo que lo cobijó y protegió durante más de 30 años.
