La primera violencia que fue noticia en nombre de Abel Ramos, le costó a Miguel Montagna un riñón. Entre Miguel y Martín Grande hubo otras historias que aquí rememoramos con quienes fueron víctimas de una familia muy normal.
No fueron pocos los que se animaron a denunciar al diputado Abel Ramos y su círculo de confianza. Luis Pascual, Jorge Puca y Oscar Maidana hablan desde hace años sobre las opresiones vividas por buscar condiciones laborales justas e incluso recrean un poco la historia de esa particular familia.
La familia Ramos siempre vivió en el barrio Castañares, afirma Oscar Maidana, el hombre que encabezó conflictos gremiales contra la empresa disfrazada de fundación que convirtió en poderoso al ahora diputado. Abel tiene cuatro hijos “de sangre” aclara el referente, aludiendo a que la familia está integrada también por los hijos de la segunda mujer del sindicalista. Todos trabajan en la fundación. “Arnaldo [otro de los hijos] tiene un cargo en ATSA. Su papá lo ubico y lo está encaminando para que sea su sucesor” sostiene.
El brutal ataque que recibió Martín Grande, sin embargo, provino de Sebastián, alías “Cuchi”, de alrededor de unos treinta años y padre de tres hijos. “Tiene un par de títulos que se los hicieron dar en la Fundación Madre Teresa de Calcuta” asevera Oscar, en referencia a la escuela secundaria y terciaria que también es propiedad del diputado.
Memorias de Adriana
Amiguero, “bonitillo”, “chupín” y “popular entre las chicas”, así era o así recuerda Adriana Czabanyi a Abel Ramos. “Vivía de joda y lo protegían, escondiéndolo en el sótano para que no lo vean alcoholizado y no lo echen”. “Era el Isidoro Cañones del San Bernardo. No tenía un mango”, rememora.
Adriana era miembro del Consejo de Administración del Hospital San Bernardo. Como enfermera representaba a los “no profesionales” y estaba afiliada a ATSA, gremio en el que Ramos ya se desempeñaba como Secretario General.
En el año 2004, Adriana y sus pares solicitaban que se desglosara su sueldo que aunaba en $400 el salario básico, la antigüedad, el presentismo y el porcentaje del básico que se abona a quienes poseen un título universitario o terciario. Su disconformidad con la gestión de Ramos la condujo a renunciar a ATSA y a declararse como “autoconvocada”. La situación condujo a que 800 compañeros la acompañaran y buscaran contención legal en ATE.
La aversión del diputado hacia Adriana se consolidó ante las acciones penales que promovió contra los funcionarios y la gerencia por omisión de deberes propios de su función y fraude: Adriana presentó evidencia para demostrar que el Dr. Castellani “cajoneaba” las multas que se imponían por irregularidades e incumplimiento a las empresas tercerizadas de Ramos y que en caso de ser pagadas, estas eran descontadas a los trabajadores de su salario.
“Abel me hizo amenazas de muerte a través de terceros para que me callara. La gente de ATE me cuidaba muchísimo porque les habían dicho que me iban a hacer boleta”, relata. Asegura que a contramano de los gremios que se manejaban con normativas constitucionales, en ATSA primaba el “voto volante”: “Iba el supuesto presidente de mesa, ‘servicio por servicio’ a que la gente emita el voto”. Así mismo, asevera que para las elecciones de diputados obligaban a los empleados a votar a pena de quedarse sin trabajo.
La oposición no
Abel Ramos nunca permitió que haya oposición. Lo recuerdan los cuerpos de Montagna y Pascual, quienes vieron comprometida su salud por conformar en diversos periodos listas opositoras.
Al ser consultado por el devenir de la causa del enfermero Puca, Oscar expresa que su compañero aseguró que nunca tuvo novedades. El hecho al que se alude tuvo lugar en las inmediaciones del Hospital San Bernardo durante una medida de fuerza tomada en pos de mejores condiciones laborales. En dicha ocasión Sebastián se encontraba rondando el predio del hospital cuando intercepto a Puca y lo agredió en forma atroz. Así mismo, el delegado afirma que las dos denuncias que interpuso a «Cuchi» Ramos por agresiones y amenazas “quedaron en la nada”.
Tras el funesto informe que la Auditoría General de la Provincia emitió sobre los servicios prestados por la Fundación, el gobierno anunció en septiembre de 2015 que los trabajadores de la Fundación Trabajo y Solidaridad devendrían en agentes sanitarios del Estado. Actualmente reclaman a Ramos el saldo de las indemnizaciones o el reconocimiento de su antigüedad laboral; carga que el diputado pretende trasladar al Estado provincial.
Los ex empleados de la Fundación Trabajo y Solidaridad organizan una marcha en repudio al Diputado Ramos para el próximo martes 13. Demandan que el gobierno y la justicia deconstruyan la impunidad que por años le han garantizado e intervengan en cada una de las causas. “Así como los chorros le pagan a la policía para que les liberen la zona, Ramos lo hace con el gobierno” . “Necesitamos que la gente se involucre y se solidarice, que el tema no se enfríe en unos días porque Sebastián va a salir, con más bronca porque estuvo preso, va a tomar y puede hacernos algo, a mi o a Martín.”
