Gabriela Michetti y Ernesto Sanz han probado la medicina que su gobierno administra a la oposición. La fallida negociación con el abogado de Pérez Corradi para que incrimine a Aníbal Fernández y el silencio de Massa ante el fallo que describe la protección política y judicial a los traficantes.
La insistencia del presidente Mauricio Macrì en que no manipula a la Justicia ni quiere perseguir a los integrantes del gobierno anterior sólo prueba cuánto le preocupa que se note. Una entusiasta jauría de columnistas y sus aliados radicales Elisa Carrió, Ernesto Sanz y Margarita Stolbizer presionaron por la adopción de ese curso, pero una vez emprendido el gobierno en su conjunto y el opoficialismo gozan de los resultados. Las denuncias de corrupción han sido hasta ahora el analgésico contra los efectos de la política económica. Pero pueden poner en movimiento una bola de nieve que crezca sin control y arrase con todo al estilo brasileño, como acaban de comprobar el propio Sanz y la vicepresidente Gabriela Michetti, que incluso formaron parte de una fallida fórmula presidencial, precursora de la actual Alianza Cambiemos. El foco de atención también se puede desplazar hacia la barra brava de Boca Juniors, a varios de cuyos integrantes acaba de dictarles prisión preventiva la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, por el doble homicidio de Unicenter, cometido a un mes de que Macrì dejara la presidencia del club.
Derecho a mentir
El oficialismo negoció con el prófugo Ibar Pérez Corradi su regreso al país para implicar al ex ministro Aníbal Fernández en el contrabando de efedrina y el triple crimen de General Rodríguez, por el cual Pérez Corradi está imputado. Al declarar ante la jueza María Servini, Pérez Corradi atribuyó la información a uno de los muertos de ese múltiple homicidio. Pero una vez cumplida esa parte del pacto declaró que Sanz cobró 200.000 dólares por impulsar desde el Consejo de la Magistratura el juicio político del ex juez federal Federico Faggionato Márquez. Desde un punto de vista formal, habría más razones para sospechar de Sanz que de Fernández: el entonces legislador por la UCR integraba el Consejo de la Magistratura e instruyó como fiscal la causa que culminó con la destitución del juez; en cambio Fernández no tenía el control de las importaciones de aquel precursor químico para la elaboración de drogas sintéticas, que estaba a cargo de su principal enemigo en el gobierno, el jefe de la Sedronar, José Granero, quien desde hace dos años está procesado por ese delito. En realidad, ninguna de esas acusaciones prueba nada: Pérez Corradi no está obligado a decir la verdad en su defensa, de acuerdo con el ordenamiento legal argentino. Sanz debería estar tranquilo, entonces, si no fuera porque su principal asociado en la UCR, el contador Gerardo Morales, utilizó en forma reiterada ese recurso inadmisible para justificar la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala, la dirigente de la Organización Barrial jujeña Tupac Amaru. Por presión de Morales, dirigentes de cinco cooperativas acusaron a Milagro Sala de cobrar por obras no realizadas, para lo cual se autoincriminaron, y la diputada provincial Mabel Balconte, pagó su libertad acusando a su compañera Sala de los mismos delitos por los que ella está procesada. Jujuy es el laboratorio experimental en el uso de la justicia penal para el disciplinamiento de la clase trabajadora y de los movimientos sociales, en violación de los derechos y garantías básicos. Aunque nadie de la UCR ha esbozado la menor defensa de Milagro Sala, porque su organización puso en crisis el tradicional bipartidismo, las prácticas del partido gobernante han sembrado la desazón entre sus socios menores. Quien lo expresó fue el diputado nacional Ricardo Alfonsín. El comité bonaerense del partido que encabeza el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín reclamó por “las ideas y los principios asociados a una ética republicana de la política” ya que “la idea de gobernabilidad de ninguna manera puede justificar la omisión de consideraciones como las aludidas. Una actitud semejante terminaría debilitando la confianza de la sociedad en Cambiemos, y a la postre, la gobernabilidad misma”. Cuestionó así la incorporación a la Alianza Cambiemos, sin previa consulta, de intendentes que ya transitaron por el Frente para la Victoria y el Frente Renovador. Pero la crítica al vale todo con pretexto de la gobernabilidad tiene mayor alcance. En un reportaje concedido a la periodista Cristina Pérez, Sanz esgrimió el argumento de la gobernabilidad para justificar la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala.
–¿La detención por la protesta estuvo bien hecha? –le preguntó Pérez
–No, pero se corrigió el error y hoy está detenida por asociación ilícita, malversación de caudales, defraudación, extorsión, por medio Código Penal. Vamos a hablar de una confesión de real política. Morales asume el 10 de diciembre. Si no hacía lo que hizo el 11 de diciembre, en menos de 24 horas dejaba de ser el gobernador de la provincia, porque gobernaba Milagro Sala con un estado paralelo –respondió Sanz.
En un pedido de informes que presentó en el Senado en 2009, Morales explicó en qué consistía ese temido estado paralelo. Dijo que por medio de la movilización por “los intereses de los sectores más desprotegidos”, gracias a los recursos transferidos por el anterior gobierno nacional para construir viviendas en cooperativas, la Túpac Amaru logró “poner en la agenda pública de la provincia de Jujuy la ley de reforma edilicia, aún con la negativa del entonces gobernador y de las organizaciones de profesionales del sector”. Agregó que el poder de presión que alcanzó ejercía “una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos en la práctica política. Por ejemplo, los gobernadores apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los actores más influyentes de la política local”. Es decir que ponía límites a la genuflexión del bipartidismo gobernante ante el poder económico, que en Jujuy era y es el ingenio Ledesma, de las familias Arrieta y Blaquier. El jueves, una columna de diez mil personas marchó hacia el ingenio al cumplirse 40 años de la Noche del Apagón, cuando centenares de trabajadores fueron sometidos a la violencia del terrorismo de Estado, bajo instigación y con apoyo logístico de la empresa. Reclamaban por la represión de hace diez días a trabajadores en huelga y por la libertad de Milagro Sala. En 1980, expusieron ante la intervención militar en el Congreso conocida como Comisión de Asesoramiento Legislativo, el director de recursos humanos del ingenio, el ex jefe de la Fuerza Aérea Brigadier Teodoro Álvarez, y Luis María Blaquier (hermano de Carlos Pedro y padre de Luis María hijo, quien pasó del directorio del Grupo Clarín a encargado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, con el propósito de liquidarlo). Álvarez dijo que el proyecto de ley de obras sociales de la dictadura incurría en “la peligrosa vaguedad de financiar planes y programas de carácter social” y establecía un sistema “estatista y socializante” cuando “el individuo resulta el mejor juez de su propia conveniencia”. Propuso en cambio que sólo se brindaran “prestaciones médico asistenciales” y “nada de turismo, ni deporte, ni asociaciones, ni recreación, ni educación”. Luis María Blaquier agregó que si la ley “se fuese a aplicar durante un gobierno como el actual no la discutiríamos”, pero su temor era que “una legislación no haga sentar en una mesa a un gobierno populista –quiera Dios que no suceda pero tenemos que colocarnos en la peor posibilidad– al empresario y al obrero. ¿Qué pasaría en esa circunstancia? El empresario sería el jamón del sándwich.”
Tramparencia
La vicepresidente Gabriela Michetti se autotituló como la persona más transparente, como pobre respuesta al descubrimiento por el diario Tiempo Argentino del triple escamoteo: de 250.000 pesos, de 50.000 dólares y de la noticia de que se los habían robado. Durante ocho meses, Michetti ocultó la información del robo en su domicilio. Alegó que lo hizo porque el autor del robo era miembro de su custodia, aunque la relación entre ambas cosas no es evidente. Dijo que los dólares se los había prestado su compañero sentimental, el lobbysta de laboratorios medicinales Juan Tonelli, y que eran para costear una maestría a su hijo fuera del país. Pero no pudo decir cómo los obtuvo el novio cuando regía el denominado cepo cambiario ni qué se propone estudiar su retoño. Previsora, Michetti atesoró el fajo antes de que el muchacho decidiera qué estudiar y dónde. Tampoco dio ninguna explicación razonable acerca del depósito en un placard de los pesos que atribuyó a donaciones a su Fundación Suma. La legislación establece, para evitar el lavado de dinero que suele realizarse por medio de fundaciones, que los aportes deben realizarse en un formulario de la AFIP y mediante registros bancarios, ya sea con soporte físico o electrónico, es decir cheques o transferencias. Muy irritada, la vicepresidente dijo que no conocía a la empresa Farallón, que figura entre los aportantes a su Fundación. Se trata de la misma compañía que pagó la casa en la que vivía José López. Su presidente Eduardo Gutiérrez es un contratista de obra pública, socio del amigo del alma Nicolás Caputo. El portal Nuestras Voces, dirigido por Gabriela Cerruti publicó varias fotos del sonriente Gutiérrez durante la gala de la Fundación, en la Sociedad Rural.
En el reportaje Cristina Pérez mencionó como “semilla de lo que fue Cambiemos” a un “intento de fórmula presidencial Ernesto Sanz-Gabriela Michetti en las elecciones pasadas que no se concretó porque no quiso Ricardo Alfonsín”. Sanz contestó que Michetti era una “entrañable amiga” y que la fórmula con Michetti se había planteado cuando Macrì decidió no postularse ese año. Sanz, Michetti, Urtubey, De Prat-Gay, Ricardo Lorenzetti y varios hombres de negocios y banqueros venían reuniéndose en secreto desde el rechazo legislativo a la resolución 125, en 2008, para superar “la desunión de la oposición” al kirchnerismo y “desarrollar una agenda en común para el mediano plazo”, según informó complacida a su gobierno la embajadora estadounidense Vilma Martínez, quien recibió la confidencia de la propia Michetti. A mediados de 2010 la primera línea de la Asociación Empresaria (AEA) impulsó una compleja ingeniería electoral para las elecciones del año siguiente. Los lectores de esta página la conocen bien porque se publicó aquí el 23 de enero de 2011. Las reuniones comenzaron a instancias del directivo de la transnacional italiana Techint, Luis Betnaza, en la sede de la Unión Obrera de la Construcción. En media docena de encuentros participaron Michetti, Sanz, Juan Manuel Urtubey, Alfonso de Prat-Gay y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez. Dentro de las previsiones del grupo figuraba la conformación de dos fórmulas presidenciales: Daniel Scioli-Urtubey, por el oficialismo, y Ernesto Sanz-Gabriela Michetti, por la oposición. En las reuniones en la UOCRA también se discutía la coyuntura económica y se postulaba un acuerdo político y económico del tipo del celebrado en La Moncloa al concluir la dictadura española, que implicó el trueque de democracia política por economía neoliberal, o del pacto social italiano, para frenar el nivel de los salarios, recortar derechos laborales adquiridos y sustituirlos por premios a la productividad. La cómoda reelección de Cristina desbarató esos planes y mostró la sabiduría del consejo que Jaime Durán le dio a Macrì, quien esperó cuatro años pero logró su objetivo. Aquellos proyectos se ponen hoy a prueba.
Lo que fuere
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dispuso hace diez días la prisión preventiva de tres barrabravas de Boca Juniors (Richard William Laluz Fernández, alias el uruguayo, Víctor Hugo Ovejero Olmedo, alias Pelado y Jorge Daniel Moreyra, alias Zurdo), y del empresario farmacéutico Mario Martín López Magallanes, alias Gordo, quienes habrían cobrado un millón y medio de pesos cada uno por el doble homicidio de Unicenter, el 24 de julio de 2008, en el que fueron asesinados a tiros los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner y Héctor Edilson Duke Ceballos, como parte de una “disputa entre carteles de droga por las nuevas rutas del narcotráfico”, específicamente entre el cartel del Valle y otros formados por los grupos paramilitares conocidos como Autodefensas Unidas de Colombia, según la investigación del fiscal federal Federico Domínguez. Macrì fue presidente de Boca Juniors desde 1995 hasta el 1° de junio de 2008, el mes anterior al crimen. Según la resolución judicial el mismo grupo habría intervenido en el triple crimen de General Rodríguez, el 7 de agosto siguiente, y en el de Juan Sebastián Galvis Ramírez, cuñado de Duque Ceballos, en 2009 en San Fernando. La resolución menciona a López Magallanes en el caso de General Rodríguez y a Moreyra en el de Galvis Ramírez. Laluz Fernández goza de detención domiciliaria y López Magallanes está internado porque es muy gordo. Arroyo pidió la destitución en juicio político del juez provincial de garantías de San Isidro, Esteban Rossignoli, quien obstaculizó las investigaciones de los fiscales Diego Grau y Luis Angelini y se negó a allanar oficinas de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, detenidos poco después al ingresar un cargamento de cocaína a Barcelona, donde fueron condenados a 13 años de prisión. Esto permitió el ocultamiento de dinero, autos y celulares y la fuga del socio de los Juliá, Carlos Gustavo Luaces, que sigue prófugo. También sugirió a los otros poderes del Estado la derogación de la ley que desde 2005 desfederalizó los delitos de drogas, por considerar que obstaculiza las investigaciones sobre narcotráfico y criminalidad compleja organizada, y pidió que el juez provincial de La Plata, César Melazzo, se inhibiera de seguir actuando en una causa por el arma homicida, porque se superpone con su expediente. La disputa de competencia entre la justicia federal y la bonaerense demoró siete años la investigación. Dos testigos de identidad reservada sostienen que en 2003 y 2004 (es decir en pleno mandato de Macrì) controlaron la barra brava Rafael Di Zeo y luego Mauro Martín y el uruguayo Laluz. Uno explicó que dentro de la barra, “cada uno se encarga de un aspecto en particular, como ser la repartija de entradas, la administración de los estacionamientos, el ingreso de las banderas, etc”, actividades imposibles sin acuerdos con los directivos del club, cuyos encargados de seguridad han sido el comisario Fino Palacios y los fiscales federales Carlos Stornelli y Raúl Plee. Un documental del Canal+ de España expuso en 2012 “la estrecha relación entre los fiscales federales y las principales barra bravas del fútbol argentino”. En la filmación, Plee explica que los barras comercializan la marca “La 12”, con lo cual “financian sus viajes para seguir al club, o lo que fuere”. Ambos testigos de identidad reservada declararon que era conocida en la hinchada la participación de Laluz, Moreyra y Ovejero en el doble homicidio, cosa que fue corroborada en su testimonio por el policía bonaerense Eduardo Fabio Ocampo. La jueza también sostiene que el único tirador que actuó en Unicenter utilizó una pistola Tanfoglio de calibre .40, propiedad de Ernesto Mallo, quien al momento de la resolución judicial estaba prófugo, pero ya fue detenido e indagado. Mallo actuó en una agrupación quilmeña de Aníbal Fernández y fue el organizador de las Hinchadas Unidas Argentinas. Pero su abogado José Novello afirma que estaba enfrentado con Fernández, quien cuestionaba la organización de barras. Mallo dijo que la pistola pertenecía a otra persona, Leandro Giso, que la puso en venta para viajar a Estados Unidos. Giso lo confirmó el 4 de enero y presentó la documentación respaldatoria. Recién fue detenido la semana pasada. Al hablar de cobertura institucional para los narcotraficantes, Arroyo Salgado menciona al fiscal general de San Isidro Julio Novo (a quien indagó y que está suspendido por la Suprema Corte para ser sometido a juicio político junto con sus adjuntos) y a “altos funcionarios de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires”. A su juicio, la actuación impune de una organización internacional para el tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero a gran escala “se produjo gracias a la cobertura y protección proporcionada desde distintos estamentos del Estado, tanto de la órbita del poder político gubernamental, judicial y policial, vigentes a la fecha en que los hechos tuvieron lugar”. La procuradora María Falbo ha sido mencionada en informes de prensa por su antigua relación con Fernández, pero el ex ministro no aparece en el expediente judicial. La secretaria de Novo, también indagada por Arroyo Salgado, Mariana Busse, es la esposa de Carlos Alberto Broitman, el abogado defensor de Gustavo Adolfo Juliá y del locuaz Ibar Pérez Corradi. El protector de Novo, Sergio Tomás Massa, no ha dicho esta boca es mía.
Fuente: Página 12
