El martes habrá una audiencia judicial en la causa contra la Municipalidad de Salta y la empresa Agrotécnica Fueguina. Se les pide un millonario resarcimiento para remediar el daño ambiental y garantizar la salud de la población aledaña al Vertedero San Javier.
El próximo martes, a las 9 de la mañana, se realizará una audiencia pública por la contaminación del Vertedero San Javier convocada por el juez Marcelo Domínguez, vocal de la Sala 3 de la Cámara Civil de Apelaciones.
“Estarán presentes todas las partes denunciadas: la Municipalidad de Salta y la empresa Agrotecnica Fueguina además de las secretarias de Ambiente y de Recursos Hídricos” explicó el abogado Luís Segovia, representante de la denunciante Jorgelina Franco, vecina del barrio solidaridad. Aunque con capacidad limitada por el tamaño de la sala, la audiencia es abierta a todo público y sólo se requerirá la presentación del DNI para presenciar las exposiciones ante el juez Domínguez.
El letrado explicó a Cuarto Poder que “se pide un embargo del 20% de los fondos que la Municipalidad le paga actualmente a Agrotécnica Fueguina por la disposición final de los residuos, unos $50 millones por año, para que se deposite en una cuenta judicial y sea destinado a tareas de remediación ambiental o compensación en caso de que no sea posible tal remediación y a asistir a la salud de la población afectada por la contaminación”.
Y añadió que “también se pide que una Fiscalía Penal investigue la posible comisión de los delitos de Fraude a la Administración Pública e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público por parte de la Municipalidad por pagar por un servicio que no se cumple y por no ejercer el poder de policía sobre la empresa”.
Segovia aclaró que “estas medidas no afectarán el costo operativo de la empresa ya que solamente impactará sobre su tasa de ganancia”. “Esta medida cautelar es procedente porque la actividad que actualmente realiza la empresa para la disposición final de los residuos es un basural a cielo abierto sobre una trinchera clausurada, realizando una elevación del terreno, sin estudio de impacto ambiental, sin audiencia pública para informar a la población y sin certificado de aptitud ambiental”.
“La empresa no tiene seguro ambiental obligatorio y, por lo tanto, toda su actividad es ilegal y arbitraria” denunció el abogado y repitió que así realizadas las tareas de Agrotécnica Fueguina “dañan el ambiente y la salud de la población”. “Lo demostraremos con distintos informes oficiales entre los que se destaca uno realizado por profesionales del Hospital Papa Francisco que confirman el enorme peligro sanitario para la populosa población de la zona sudeste de la capital provincial” confió el abogado Segovia.
