La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, denunció la persecución política de la cual fue objeto Cristina Fernández por parte de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri.

La denuncia que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 introduce los resultados de los procedimientos, investigaciones y auditorías realizadas por las distintas áreas del organismo a lo largo de los últimos meses. La presentación constituye la ampliación de la denuncia realizada a comienzos de febrero. La documentación también expone graves irregularidades a las que fueron sometidos los hijos de la vicepresidenta, Máximo y Florencia Kirchner.

La presentación judicial firmada por Marcó del Pont incorpora los resultados del trabajo realizado en forma conjunta por distintas áreas de la AFIP. Las investigaciones fueron impulsadas por la administradora federal en febrero después de que Cristina Fernández realizó una grave denuncia donde señaló ilícitos cometidos en su perjuicio desde el organismo, en connivencia con integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Las irregularidades en los procedimientos de determinación de oficio de deudas así como la evidencia sobre prácticas enquistadas en el ámbito de la AFIP reñidas con principios fundamentales del Estado de Derecho fueron identificadas a partir del trabajo realizado a lo largo de los últimos meses por la Dirección General Impositiva (DGI) y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y Auditoría Interna de la AFIP.

Los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del “hostigamiento fiscal” experimentado por CFK y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri. De las auditorías internas se desprende la posible comisión de ciertos hechos, por parte de funcionarios de la AFIP durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli que podrían resultar encuadrables en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Los informes producidos por la Subdirección General de Auditoría Interna consignan la irregularidades en los procedimientos cuestionados que, tras ser analizados, dieron lugar a distintas acciones tanto por parte de la Dirección General Impositiva como de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos.

“La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado… los hallazgos dan cuenta de una matriz de persecución desplegada en las gestiones del doctor Alberto Abad y del ingeniero Leandro Cuccioli, durante el gobierno que presidió el ingeniero Macri”, expresa una providencia firmada por Marcó del Pont el 12 de noviembre al propiciar internamente la ampliación de la denuncia que este lunes fue presentada en los tribunales federales.