La justicia podría convertirse en el primer poder en transgredir flagrantemente la nueva Constitución Provincial, al permitir el ejercicio de la magistratura a jueces que superan la edad límite. Mientras tanto, en la suprema corte aspiran a renovar mandatos ante la ausencia de una cláusula transitoria.
Nicolás Bignante
El retiro anticipado de Horacio José Aguilar como miembro del máximo tribunal de justicia alimentó rumores y especulaciones de todo tipo sobre su sucesión. A la tradicional danza de nombres, se sumaron en la semana algunos intentos poco decorosos de instalación por parte del diario familiar.
Poco se profundizó, en cambio, sobre el trasfondo de la renuncia más allá de los argumentos esgrimidos por el propio Aguilar. En su carta dirigida al gobernador Gustavo Sáenz, el jurisconsulto alegó una «motivación estrictamente personal», dada su intención de «regresar al ejercicio libre de la profesión de abogado». Lo que no aclaró el ahora ex-juez es si su controvertida participación en la sociedad «Los Viñaco SAS», publicada en 2020 por este medio, encuadra dentro de esa función.
Sea como sea, otros debates comienzan a aflorar en simultáneo en el seno de la justicia local. Y es que, al igual que en otros poderes, la Reforma Constitucional introdujo cambios que obligan a algunos a especular sobre su continuidad en el poder. Las discusiones en torno a la duración y renovación de los mandatos (uno de los puntos más conflictivos de la asamblea constituyente), comienzan a instalarse pese a que no existe una cláusula transitoria que impida nuevos nombramientos.
El artículo 156 de la Constitución Provincial, el que más veces se modificó en la historia, establece en relación a los jueces que serán designados previa selección de postulantes por el Consejo de la Magistratura y que «son inamovibles en sus cargos mientras dure su buena conducta y desempeño». En el párrafo 3, sin embargo, se encuentra el foco de la discusión actual. «Los magistrados y magistradas inferiores del Poder Judicial cesan en el cargo indefectiblemente al obtener su jubilación o el día en que cumplan los 70 años de edad, lo que ocurra primero».
Si bien existe un acuerdo para que la fecha citada en la última oración sea interpretada como el día antes de cumplir los 71 años de edad, hay en la justicia salteña jueces que superan largamente esa cantidad de años. La justicia podría constituirse de esta manera, en el primer poder en violar flagrantemente la Constitución Provincial.
Supremas preocupaciones
Para el caso de los jueces supremos, la Reforma Constitucional dejó establecido que son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado prestado en sesión pública, que duran diez años en sus funciones, y no pueden ser nombrados nuevamente.
Hasta diciembre del año pasado, el mandato de los magistrados de la corte duraba seis años y podían ser nombrados de manera indefinida. También se incorporó que la elección de los miembros del supremo tribunal debe tener un proceso participativo de la ciudadanía establecido por Ley.
Entre los 9 ministros de la corte los intereses están divididos, puesto que la situación de cada uno de ellos será determinante para saber si llegan o no a jubilarse como tales en el próximo mandato, con todos los beneficios que ello implica. La no existencia de una cláusula transitoria, tal como ocurre con otros cargos, habilita a los jueces a ser nombrados nuevamente y que el próximo mandato sea tomado como el primero.
Para el caso de Ernesto Samsón, con sus 65 años, los plazos no son un problema. El juez nombrado en el último tramo del gobierno de Juan Manuel Urtubey podría retirarse una vez finalizado su mandato en octubre de 2025.
Quien le sigue es Adriana Rodríguez Faraldo, con 63 años. La jueza designada en 2020 por Gustavo Sáenz cumpliría la edad jubilatoria dos años antes de que concluya su mandato como miembro del tribunal supremo.
Respecto de Sandra Cristina Bonari Valdés (70) y de Guillermo Alberto Catalano (62) trascendió que habrían comenzado a tramitar sus respectivas jubilaciones. Pero ocurre que Catalano fue designado por Urtubey el 18 de octubre de 2019 y cumpliría 65 años el 22 de noviembre de 2025, 35 días después de haber concluido su período. De esta forma, el magistrado buscaría ser nombrado nuevamente amparándose en la falta de cláusulas transitorias.
En similar situación se encuentran María Alejandra Gauffín (53), Fabián Vittar (57) y la presidente Teresa Ovejero (54). En todos los casos, requieren de un nuevo mandato de diez años para cumplir con la edad de retiro.
Sin esa posibilidad se quedarían Pablo López Viñals y el ya mencionado Horacio Aguilar, abocado por estas horas a la actividad privada. Al socio fundador de «Los Viñaco SAS» no le hubiera alcanzado siquiera un nuevo mandato de 10 años para alcanzar la edad de retiro. Aun así, nadie descarta que el amigo personal de Juan Urtubey pueda ser nombrado nuevamente en el futuro.
Los Viñaco: El arte de emprender
En noviembre de 2020, este semanario dio a conocer la existencia de un polémico emprendimiento que involucraba al -por entonces- juez de corte Horacio Aguilar. Una sociedad comercial denominada «Los Viñaco SAS» (Sociedad de Acciones Simplificadas) había sido asentada oficialmente un mes después de su asunción como juez superior y lo tenía entre sus socios accionistas. El hecho transgredía el artículo 1 de la ley 5.297, que plantea la incompatibilidad del ejercicio de la magistratura con la actividad comercial.
Entre los nombres que completan el consorcio figuraban también: Magdalena Day Araoz (Desarrolladora Inmobiliaria y dueña del grupo MDay Loteos), Bernardo Sayus (abogado y ex miembro del directorio de Ingenio Ledesma) e Ignacio Lupión (Ex-vicepresidente del PRO y miembro de la Sociedad Rural de Salta).
El objeto de la empresa recorre de punta a punta las más variadas actividades: Inmobiliarias, agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas, vitivinícolas, comunicaciones, espectáculos, editoriales, gastronómicas, hoteleras, turísticas, inversoras, financieras y transporte. El capital inicial del proyecto se fijó en unos modestos $180.000 divididos en 180 acciones de $1000 cada una y el plazo de duración quedó plasmado en 50 años.
A pesar del estruendoso silencio mediático, el ex-juez se vio obligado a dar su versión de los hechos y argumentó que la conformación de la sociedad fue anterior a su publicación en el Boletín Oficial. La explicación es difícil de entender si se tiene en cuenta que su postulación estaba definida y anunciada por el propio Juan Manuel Urtubey varios meses antes de la publicación. Sea como fuere, han sido pocas las voces que por entonces decidieron hacerse eco del escándalo. Y todo indica que seguirán siéndolo.
