En el conflicto entre un empresario e indígenas por tierras, Urtubey guiñó al primero y pidió un jury para la fiscal Lorena Martínez por inacción. Ésta fue señalada por un piquetero que murió en una comisaría de Tartagal, quien aseguraba que no le tomaba sus denuncias contra policías que lo amenazaban de muerte.

El caso que enfrenta al empresario Huberto Bourlón y comunidades indígenas por la supuesta usurpación de estas últimas a la finca Tres Pozos que Bourlón reclama como propia,  tuvo repercusión nacional. En medio del conflicto, el gobernador salteño se reunió con Bourlón y representantes de organizaciones agrarias. Tras ello decidió promover el jury de enjuiciamiento contra la fiscal para determinar si existió incumplimiento de sus deberes por supuesta inacción.

La honda indignación del mandatario puede resultar legítima o no según quién opine; aunque otras denuncias de inacción contra esa fiscal no generaron entre los funcionarios del Grand Bourg y menos de parte del gobernador una reacción similar. Fue el caso de Pablo Moreno, el campesino que enfrentó a la policía en un piquete en septiembre del año 2015 y murió en una comisaría de Tartagal, lugar de cautiverio desde donde redactó cartas que informaban sobre las amenazas de muerte proferidas por los uniformados durante su detención sin que la fiscal Martínez tomara intervención en el caso.

La historia de los nadies  

Pablo Moreno murió en circunstancias nunca aclaradas el viernes 18 de marzo en la comisaría 45 de Tartagal. Era un dirigente campesino de Morillo que estaba detenido desde el 13 de octubre de 2015, catorce días después de protagonizar un piquete en el acceso a un puesto que la empresa Vertua poseía en esa localidad y que culminó con dos policías lesionados por quemaduras.

El martes 29 de marzo del presente año, Cuarto Poder dio a conocer cartas redactadas por el propio Moreno, en enero y desde su lugar de detención. Las mismas estaban dirigidas a su hermano Pascual, quien residiendo en la capital provincial, accedió a los escritos cuando retornó a Morillo al anoticiarse de la muerte de su hermano.

Se trataban de nueve fojas redactadas en hojas de un cuaderno “Gloria”. La fechada el 9 de enero de 2016 era la más desesperada de todas. Llevaba por encabezado la leyenda “Para Pascual mi hermano” y parte del contenido dice lo siguiente: “Hermano habla con mi abogada y abisale q, yo te pedi ayuda; si es necesario hace o agan denuncia en gendarmería en Salta (…) ase público que nunca me recibieron la denuncia en la fiscalia x las amenaza de muerte q me hicieron los policias” (sic).

El resto de los escritos mencionan nombres de uniformados que lo amenazaban: un miembro del servicio penitenciario de apellido Figueroa quien le dijo: “te estamos esperando en la alcaldia (sic) p/ enseñarte como son las cosas quemardosito”; otro policía al que Moreno identifica de apellido Juárez y que actualmente está a cargo de la dependencia de Morillo, aunque aquel 13 de octubre lo recibió en la comisaría 42 de Tartagal; otro uniformado que la víctima cree haber escuchado que se apellida Villalba.

No era todo. Moreno denunciaba que la fiscal de Embarcación, Lorena Martínez -la misma que hoy es señalada por el gobernador Urtubey- le hacía saber que ninguna denuncia contra los policías sería aceptada: “lo unico q ise fue una exposición x las amenasas que me isieron hace lla un tiempo los gerala, hijo del intendente de Morillo (Habraam). Ai ese mismo dia la fiscal autorizo q me tomen cualquier denuncia en contra de cualquier otra persona menos en contra de la fuerza policial”.

Dejar morir

La razón de ese destrato era un secreto a voces entre los miembros de la justicia y de la policía en el norte: tanto los efectivos de Infantería como de la Brigada de Investigaciones de Tartagal estaban ensañados con la víctima. Los primeros porque eran efectivos de esa fuerza quienes resultaron con quemaduras cuando arremetiendo contra el piquete que dirigía Moreno este repelió el avance con una antorcha; los segundos porque siendo ellos quienes debían encontrar al Moreno prófugo no pudieron hacerlo y debieron conformarse con ver como casi 15 días después, era el propio Moreno quien se entregaba en la Ciudad Judicial de Tartagal.

Es cierto que los escritos redactados por Moreno nunca llegaron a la fiscal, pero no lo es menos que la acusación de quien luego murió daba cuenta de que la mujer se resistía a escuchar las advertencias del dirigente campesino que aseguraba que su vida estaba en peligro por las amenazas de sus propios carceleros que querían dejar en claro que nadie puede meterse con ellos y creer que saldrá fresco del intento.

Un día antes de la muerte de Pablo, el jueves 17 de marzo, la familia lo visitó en la comisaría entre las 14 y las 16 horas. Según relataron aquella vez a Cuarto Poder, comieron, se rieron y vieron cómo el hijo encarcelado le aseguraba a su madre que pronto saldría de prisión y la acompañaría al médico para tratar las dolencias que padece.

Entre ese jueves 17 y las 17 horas del viernes 18 de marzo fue puro regocijo familiar. La razón era simple de entender: concluida la visita se entrevistaron con el juez de Garantías, Nelson Aramayo, quien les aseguró que en diez días Pablo quedaría en libertad. Lo ocurrido al día siguiente reforzó las expectativas. La abogada Sarah Esper, quien patrocinaba al campesino, se comunicó a las 17 horas para informarle a la familia que se había firmado la orden de traslado de Pablo a la comisaría de Morillo. La noticia fue doblemente celebrada: se ahorrarían los 360 kilómetros ida y vuelta que separan Morillo de Tartagal para visitar al ser querido; y el traslado efectivo constituía una prueba más de que pronto Pablo recuperaría la libertad.

La felicidad duró sólo tres horas. A las 20 del mismo viernes el teléfono de Silvina volvió a sonar. Del otro lado de la línea un primo de Pablo de nombre Fermín, le comunicaba que el padre de sus hijos había muerto tras sufrir convulsiones y vómitos que le causaron una muerte por bronco aspiración.