La fiscalía ratificó el pedido de elevación a juicio al juez de la Sala VII del Tribunal de Juicio, Federico Diez, por delitos de “lesiones agravadas por la relación preexistente y por violencia de género; desobediencia judicial y amenaza con armas” en perjuicio de su ex mujer.
Respecto a la situación de la causa que tiene como imputado al juez de la Sala VII del Tribunal de Juicio, Federico Diez, por delitos de “lesiones agravadas por la relación preexistente y por violencia de género; desobediencia judicial y amenaza con armas” en perjuicio de su ex mujer, la fiscal de Violencia de Género 4, Elisa Pérez, informó que ya se realizaron todas las pruebas pendientes e incluso se ratificó el requerimiento de juicio contra el magistrado, señaló en sitio de fiscales penales de Salta.
La fiscalía informó que la causa fue tramitada a partir de una denuncia de la víctima, la que fue investigada debidamente y en función de los elementos probatorios reunidos, se resolvió emitir un requerimiento de juicio en contra del magistrado atento a las pruebas existente en el legajo, las que comprometen al acusado.
El requerimiento, del 25 de agosto pasado, fue presentado ante el juzgado Garantías 1, a cargo de la jueza, Ada Guillermina Zunino. Durante la investigación penal, las partes propusieron distintas medidas probatorias, siendo que se proveyeron únicamente las que devenían pertinentes y útiles en orden al objeto procesal.
El requerimiento fue ratificado por la fiscalía el 7 de noviembre pasado, tras lo cual la defensa volvió a solicitar una “tomografía axial computarizada” (TAC) a efectos de que dicho estudio determine la data y tipología de las lesiones que presentaba la víctima, no obstante, lo cual el Cuerpo de Investigaciones Fiscales se expidió al respecto.
En un informe, el CIF sostuvo que no es posible determinar la data de las lesiones, por lo que se descartó la realización de dicho estudio, conforme lo sostenido por los facultativos médicos. Al respecto, la fiscalía explicó que en las actuaciones ya existe un informe del médico legal que “primigeniamente” examinó a la víctima.
Dicho facultativo, explicó la fiscal, “elaboró un certificado y presentó declaración testimonial ante la fiscalía, oportunidad en que ratificó la existencia de las lesiones denunciadas por la víctima”.
Sobre esta medida probatoria en específica, la fiscal sostuvo que la misma fue planteada por la defensa del juez ya en tres oportunidades. “Primero lo hizo a través de su primera defensora, Marta López, de la Defensa Oficial. Luego, al cambiar de defensor, el abogado, Jorge Martín Diez Villa, solicitó el resultado del informe proveído por la fiscalía”.
En tanto, Diez volvió a cambiar de defensor por el abogado, Darío Palmier, quien en la jornada de ayer, y pese a los dictámenes médicos de la imposibilidad de dicha prueba, volvió a insistir con la realización de dicho estudio, solicitud que fue presentada ante la fiscalía.
Por otra parte, desde la querella, constituida por las abogadas, Josefina Arancibia Lemos y Gloria Cruz, también solicitaron distintas medidas probatorias. Entre ellas, dos declaraciones testimoniales, una de las cuales ya había sido incorporada, mientras que la otra, no fue realizada debido a que no se consideró pertinente, ya que se trataba de una persona que no era testigo del hecho.
Tras el requerimiento de juicio, la querella también solicitó la extracción por parte del CIF de mensajes de texto del celular de la víctima, que con posterioridad acompañaron al legajo de investigación fiscal en actas notariales. Asimismo, la fiscal explicó que desde el Ministerio Público Fiscal se tomaron todos los recaudos en aras de proteger a la víctima, conforme a la normativa legal vigente, entre ellas consignas policial y la provisión de un botón antipánico, por parte del Servicio de Emergencia del 911, el que no se pudo otorgarse debido a la factibilidad negativa informadas desde dicho organismo, toda vez que el dispositivo perdía señal en el interior del domicilio de la víctima. También se solicitaron las pericias psicológicas y psiquiátricas correspondientes.
La fiscal recordó que la investigación se inició a partir de la denuncia, radicada el 5 de julio, tras lo cual la fiscalía llevó a cabo la audiencia de imputación en fecha 30 de julio. Posteriormente, la causa siguió su curso con la producción de numerosas piezas probatorias, tanto impulsadas por la fiscalía como por las partes, hasta el requerimiento de juicio, el 25 de agosto.
