El Gobierno busca respaldo sindical para avanzar con su agenda de reformas laborales. Abrió una negociación con la CGT para acordar el blanqueo de trabajadores, el decreto de las ART y los cambios en los convenios colectivos.
En busca de respaldo sindical a un paquete de iniciativas que podrían modificar el mercado laboral, una comitiva de funcionarios de primera línea del Gobierno inauguró ayer una tensa negociación con el triunvirato de mando de la CGT .
Hubo acuerdos en lo relativo al plan oficial para regularizar trabajadores y a la letra chica del inminente decreto presidencial que modificará el régimen de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Pero la charla subió de tono cuando los sindicalistas advirtieron sobre el incumplimiento del pacto antidespidos acordado en noviembre pasado en el marco de la Mesa para la Producción y el Trabajo.
La tirantez se palpó también cuando se mencionó la posibilidad de reducir costos laborales como la única vía para intentar atraer inversiones y generar competitividad en sectores en crisis. También surgieron cortocircuitos cuando los gremialistas exigieron un mayor control de las importaciones y argumentaron sobre el impacto negativo que provocó en algunas industrias.
Hasta anoche, el Gobierno había dado a conocer en dosis homeopáticas su plan de reformas, que avanza más allá de las meras modificaciones sectoriales de los convenios colectivos, como sucedió con los petroleros de Vaca Muerta. A propósito de este trato, aún no se firmó su reglamentación y podría peligrar por un conflicto que mantiene el sindicalista Guillermo Pereyra por despidos en YPF.
«Fue un intercambio de ideas. Les mostramos nuestras propuestas para promocionar el empleo», dijo Triaca. Y reconoció que el momento de mayor tensión fue durante el intercambio por los despidos. «El sector industrial es el que está más complicado por la crisis de Brasil», admitió el ministro.
La cúpula de la central obrera peronista recibió de manos de los funcionarios el borrador oficial de cuatro iniciativas. Triaca dio precisiones sobre el proyecto de blanqueo laboral y habló de «un shock de formalización para que haya más empleabilidad». Según el plan, el Estado estaría dispuesto a subvencionar durante tres años los aportes de los nuevos empleados que se integren al mercado registrado. La compensación sería de hasta $ 2000. El deseo es blanquear a unos 300.000 trabajadores por año hasta 2019, reducir el desbalance del sistema previsional y evitar que crezca el desempleo, que es hoy del 10%.
También se conversó sobre la necesidad de insertar en el mercado registrado a los beneficiarios del Plan Argentina Trabaja y el reimpulso de un programa para capacitar sobre cómo buscar empleo. Se trata de un proyecto que nació durante el kirchnerismo. El Gobierno apuesta también a explorar un sistema de pasantías como «objeto formativo».
«No se acordó nada. Estudiaremos los borradores y después definiremos una postura. El consejo directivo de CGT se reunirá el 2 de febrero», dijo anoche Daer.
La CGT daría luz verde para que cada gremio negocie los cambios que crea convenientes en su convenio colectivo de trabajo. «Es algo muy particular de cada sector», argumentó uno de los jefes. Aunque rechazó que el acuerdo de los petroleros pueda ser paradigmático y aplicable al resto de las actividades. De hecho, Schmid declaró en alerta a los gremios marítimos y portuarios ante una posible modificación de los convenios que se vienen negociando desde hace algunos meses. «A cambio de relaciones laborales primero el Gobierno debe asegurar a los trabajadores que las inversiones en el sector se realizarán, que son reales y que las empresas que pretenden realizarlas son responsables. No estamos dispuestos a tolerar capitales golondrina ni oportunistas que ante cualquier complicación se retiran dejando hombres sin trabajo y familias sin sustento», alertó el portuario Schmid.
La comitiva oficial también le anticipó a los sindicalistas parte del decreto que modificará el régimen de las ART. Gobierno y gremios coincidieron en la necesidad de reducir la litigiosidad por accidentes laborales y avalaron que antes de recurrir a la Justicia los trabajadores deban pasar por comisiones médicas. Según fuentes oficiales, Macri apuró el decreto y no esperó que finalice el tratamiento del proyecto en el Congreso para evitar que se sigan amontonando expedientes en los tribunales. Un dato: en 2016 se activaron casi 124.776 juicios laborales, según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Río Negro: toman la sede del Senasa
Un grupo de manifestantes del gremio estatal de ATE tomó la sede oficial del Senasa, en General Roca, en reclamo de la reincorporación de 226 personas a las que no se les renovó su contrato en el organismo, que depende del Ministerio de Agroindustria de la Nación. La ocupación del edificio sería por 48 horas, según informó ayer la agencia Télam. «Si no hay respuestas la semana que viene se profundizarán las medidas y podrían levantarse barreras y controles fitozoosanitarios distribuidos en distintas rutas de la provincia», advirtió el referente de ATE en Río Negro, Rodolfo Aguiar.
Bajar el costo
Qué significa
La agenda de cambios en las relaciones laborales con que quiere avanzar el gobierno de Mauricio Macri encuentra resistencias del gremialismo a algunos de sus aspectos, que considera retrocesos en conquistas de los trabajadores; en esa circunstancia se inscribe la reunión de ayer del ministro Triaca con la cúpula de la CGT. El Gobierno, que considera prioritario revisar (y sobre todo bajar) el llamado «costo argentino», difícilmente podría avanzar con su agenda de reformas sin el aval de la central sindical.
Fuente: La Nación
