Las planillas de adhesión a las postulaciones de los tres nuevos jueces de la corte de justicia son un auténtico quilombo. Firmas mellizas, adhesiones en familia y casi nula participación ciudadana. (Por Nicolás Bignante)
La frase fue inmortalizada por el ex-secretario de gobierno municipal Mauro Sabbadini allá por 2014, cuando el poder judicial de Salta puso a disposición de los vecinos una web para votar a favor o en contra del proyecto para remodelar las peatonales. La consulta pública tuvo que ser anulada luego de que un aluvión de empleados municipales votaran a favor del resistido proyecto tras haber recibido un instructivo del ex funcionario. «Lo tomo como un exceso de colaboración» se excusó Sabbadini por entonces.
Un repaso de las adhesiones recogidas por los tres aspirantes a ocupar un lugar en la corte de justicia de Salta arroja una certeza pocas veces cuestionada y ciertamente naturalizada en el ámbito judicial: El «proceso participativo» implementado en 2008 por el ex-gobernador Juan Manuel Urtubey para que la ciudadanía adhiera o realice observaciones sobre los pliegos enviados por el ejecutivo, tiene tanta convocatoria como equipo local jugando de visitante el torneo regional federal amateur.
Sin perjuicio de ello, los muchachos de ciudad judicial y el Grand Bourg encontraron la forma perfecta de disimular el chasco. Yendo al grano, al parecer en la semana que concluye se enviaron concisas directivas a los empleados del tercer poder para hacer engordar el catálogo de adherentes y sortear el escollo. Al menos tres fuentes de Ciudad Judicial consultadas por Cuarto Poder confirmaron que hubo un pedido expreso de sus superiores para enviar la nota de adhesión al ministerio de Gobierno.
Como resultado, la lista de adhesiones a la postulación de: Horacio Aguilar, María Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez se parece mas a una planilla de asistencia de empleados judiciales que a un compendio genuino de voluntades. Un porcentaje muy cercano al 100% de las firmas recopiladas corresponde a integrantes de todos los escalafones de la justicia; desde las máximas autoridades -en este caso, los seis integrantes de la corte actual-, hasta empleados administrativos rasos.
Algunos entendieron a la perfección y simplemente asentaron su nombre en cada uno de los tres procedimientos de selección. Otros tuvieron más dificultades para interpretar la orden y se anotaron dos veces en el mismo pliego; siempre suponiendo que se trate de involuntarios descuidos.
Al cierre de esta edición, Adriana María Rodríguez Faraldo recogía 454 firmas, mientras que María Alejandra Gauffin contaba con 671. En tercer lugar quedaba Horacio José Aguilar con 292 adhesiones. De la totalidad de adeptos, apenas cuatro se presentaron en calidad de «ciudadano», de los cuales tres comparten apellido. A ellos se suman dos personas que lo hicieron como «estudiante», un médico, un contador, una profesora, una arquitecta, un ingeniero, una licenciada y una oficial de policía. Las otras 1400 firmas corresponden en su totalidad a empleados y funcionarios de Ciudad Judicial.
De la totalidad de empleados judiciales convocados a enviar su apoyo en formato escrito a las oficinas del gobierno, la gran mayoría pertenece al área administrativa. Se trata de 758 firmas, distribuidas entre los tres postulantes. El resto corresponde a funcionarios, magistrados y abogados. Sin embargo, lo más llamativo del caso es que muchas de esas adhesiones aparecen repetidas en el inventario de adscriptos.
Por caso: la firma del juez de la corte Fabián Vittar figura en el primer lugar del listado de apoyos a la designación de Rodríguez y reaparece en el puesto 244 con el nombre Vittar Sergio Fabián. Lo mismo ocurre con Ernesto Samson -en el puesto número dos- y con Samson Ernesto Roberto -en el 243-.
La adhesión del ex-presidente de la asociación de magistrados del poder judicial de Salta, Luciano Ignacio Martini, también fue asentada dos veces y el nombre del juez federal N° 1 Julio Leonardo Bavio se repite en las casillas 234 y 343.
Por su parte, el secretario del tribunal electoral Pablo Finquelstein, además de aportar su adhesión, sumó la firma de tres de sus familiares en cada una de las planillas. Al igual que en los casos anteriores, en dos de ellas -las que corresponden a los procesos de Rodríguez Faraldo y Gauffin- los nombres aparecen repetidos, sumando seis votos en lugar de tres. El conteo se vuelve interminables si se considera la cantidad de empleados administrativos y funcionarios inscriptos en dos oportunidades.
En defensa de los firmantes gemelos cabe aclarar que el conteo y la carga de firmas está a cargo del ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia; algo que a estas alturas no se sabe si constituye un atenuante o un agravante. También vale decir que el apoyo de la ciudadanía en el procedimiento participativo no tiene carácter vinculante; por lo que el número de adhesiones no influye en el curso del proceso.
De funcionar correctamente y sin presiones, el conteo de adherentes debería servir para medir qué grado de legitimidad tienen las postulaciones entre la ciudadanía. Si se aplicara tal criterio a las últimas tres postulaciones enviadas por el ejecutivo provincial, habría que concluir que el nivel de acatamiento viene por el piso. Solo a modo de referencia, la postulación de Guillermo Catalano en septiembre del año pasado recogió un total de 6100 adhesiones.
Tras la aprobación express del proyecto de ampliación de la corte, el ejecutivo publicó los antecedentes de los postulantes en la prensa escrita tal como lo establece el decreto 617/2008. Una vez concluido el procedimiento de observaciones y adhesiones vendrá otro período en el que el ejecutivo podrá realizar traslados y/o manifestaciones. Posteriormente el pliego será rendido al senado para que preste su acuerdo en sesión pública y concluya la designación.
Los postulantes:
Adriana Rodríguez, jueza de cámara civil y comercial jubilada, fue secretaria relatora de la corte. Está casada con Guillermo López Mirau, quien ocupa el cargo de secretario legislativo del senado y es madre de su homónimo, el juez del tribunal de faltas de cuarta nominación. También fue secretaria de la Cámara Civil y Comercial entre 1996 y 2000.
María Alejandra Gauffín, entre otros cargos, fue secretaria letrada de la Corte de 1999 a 2001. Entre 2001 y 2005 ocupó el cargo de secretaria interina de primera instancia en el juzgado Civil y Comercial N° 5. Actualmente es secretaria letrada de la sala tercera de la Cámara de apelaciones en lo Civil y Comercial. María Alejandra es, además, hermana de Pablo Gauffin, ex-secretario de hacienda municipal y uno de los involucrados en el escándalo por las facturas apócrifas; que por cierto, en caso de avanzar en los estrados provinciales, su resolución podría llegar hasta la misma corte.
De Horacio José Aguilar puede decirse que es el nexo transicional entre la justicia urtubeicista y el armado judicial saencista. Integró la Cámara federal de apelaciones en el período 2004-2009 y se desempeñó como consultor jurídico del Gobierno de la Provincia hasta marzo de 2012. Es amigo íntimo de Juan Manuel Urtubey y fue abogado del empresario Pedro Blaquier en el juicio que lo investigó por su colaboración durante la última dictadura cívico-militar. También defendió al actual gobernador Gustavo Sáenz durante la campaña electoral de las denuncias presentadas por Sergio Leavy.
