El exgobernador de Salta y actual senador, Juan Romero, confirmó que, al igual que los otros salteños en la Cámara Alta, votará en contra de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
“Luego de meses de análisis por el debate y habiendo escuchado a diversos sectores de la sociedad a favor y en contra, advierto que existe la convicción mayoritaria de los salteños de que la ley sobre la legalización del aborto no prospere, por lo que confirmo mi voto negativo”, anunció Romero ayer a la tarde en su cuenta de Twitter.
De esta manera y negando las estadísticas de muerte, embarazo adolescente e internaciones, el senador votará en contra porque según dedujo será lo que le dará más votos, pasando por alto los derechos humanos fundamentales de niñas y mujeres, y pensando sólo en sus aspiraciones personales para asegurarse el voto mayoritario, tal como mencionó, de lxs salteñxs que en función a creencias religiosas y morales consideran que no debe aprobarse una ley que despenaliza y legaliza el aborto en Argentina.
En ese sentido, aseguró que las encuestas realizadas en Salta arrojan un porcentaje superior al 70% de rechazo a la legalización del aborto.
Con el voto de Romero, la oposición a la legalización llega a 36 votos, la mitad del total de miembros de la Cámara alta, lo cual le garantizaría al sector antiderechos la mayoría necesaria para rechazar la iniciativa. Si bien Romero reconoció la gran movilización social que generó la campaña a favor del aborto legal, seguro y gratuito, aseguró que «en Salta no existe esa mayoría».
Romero, de 67 años y sin capacidad de gestar, con este anuncio luego de su estrategia hermética, quedará en la historia como uno de los legisladores que se negó a reconocer la lucha del movimiento femenino argentino y será recordado por generaciones como un senador más que votó a favor de seguir perpetuando los abortos clandestinos.
Será recordado junto a sus pares Cristina Fiore y Rodolfo Urtubey, y los 7 diputados nacionales por Salta que el pasado 14 de junio dieron su voto negativo a una ley que busca ampliar derechos para las personas gestantes.
