por Franco Hessling.
El máximo tribunal del sistema judicial salteño está integrado por siete miembros, designados en su totalidad por el actual gobernador, Juan Manuel Urtubey, quien está a poco más de un año de completar una docena de ellos al frente de la Provincia. Las últimas dos incorporaciones a esa magistratura, ambas en los recientes doce meses, fueron Sandra Bonari y Teresa Ovejero, la primera madre del exsecretario privado del presidente de la Corte, Guillermo Catalano, y la segunda sin recorrido en el ámbito público judicial amén de su función en el Tribunal Electoral, desde donde defendió a capa y espada el voto electrónico.
Jugarreta que el sistema político le hace al espíritu republicano: la Cámara Alta de la Provincia, en su mayoría, a menudo rinde pleitesía al gobernador, al menos eso ocurrió sin interrupciones desde que Urtubey asumió en diciembre de 2007. Las/os jueces del tribunal más encumbrado se eligen luego de que el mandatario eleva un pliego al Senado en el cual propone un/a candidato/a y los/as senadores, en el mejor de los casos, lo estudian, discuten y luego votan; a veces sólo hacen esto último. El resto de los jueces, en cambio, son merituados por el Concejo de la Magistratura, que propone ternas al titular del Ejecutivo, quien tiene la última palabra en la elección. Los jueces de Corte, entonces, no son evaluados por la entidad que resguarda las competencias en el esquema judicial, sino que sólo intervienen el gobernador y el Senado.
Nobleza obliga, hay que aclarar que cuando un pliego es enviado desde el Ejecutivo a la Cámara Alta, hay un tiempo permitido para que cualquier ciudadano/a que no tenga pedido de captura presente sus salvedades al respecto del o la postulante. Lo cierto es que pocas personas están al tanto de este derecho y son aún menos las que cuentan con las competencias suficientes para elaborar un informe jurídico. Hay que remarcar que esas presentaciones no son vinculantes, es decir, las y los senadores pueden considerarlas al momento de votar o ser completamente indiferentes a los argumentos que se presenten en el período de observaciones.
Dadas esas condiciones estructurales —y la situación vigente de una Corte completamente estructurada a paladar del gobernador— la independencia judicial es una ficción administrativa más que una realidad. El propio sistema, tal como está creado, fomenta el corporativismo de los profesionales del derecho y la connivencia de gobierno entre los distintos poderes del estado. Ello sin considerar que esas reglas pueden ser adulteradas, haciendo más grosera esa tendencia a la gobernanza de castas y corporaciones. Por cierto, la independencia judicial es un tema para detenerse. Al menos someramente.
Lo comparemos con otro ideal político-social que tiene distintas apropiaciones: la libertad de expresión. Cuando el kirchnerismo recuperó el proyecto de los 21 puntos para una nueva ley que derogara el decreto-ley de radiodifusión de la última dictadura, el único emporio mediático que mantenía un enfrentamiento frontal con el Gobierno, Clarín, hizo bandera de la “libertad de expresión”, reduciéndola con descaro a la libre competencia empresarial entre firmas de comunicación masiva. La corporación jurídica se apropia con infamia de la “independencia del poder judicial”. El sistema es terreno exclusivo de abogados/as, ilustres y leguleyos, estudiosos y advenedizos, coherentes y oportunistas, confrontativos y conciliadores, pero siempre abogados/as. El discurso de “independencia” es la pátina del corporativismo.
A diferencia de lo que sucede en el plano discursivo, donde se esconde el accionar ególatra de les humanes del derecho bajo el ideal de “independencia”, lo que acaece en los hechos dista sensiblemente de mostrar autonomía con respecto a los demás poderes del estado, en particular con respecto a la fuerza gobernante.
Citemos ahora otra apropiación de ese precepto republicano: Urtubey pretende volver vitalicios a los jueces de Corte haciendo el diagnóstico que la selección periódica —cada seis años— lesiona la “independencia” con la que deben fallar. Sinceremos: el gobernador, a poco de abandonar el Grand Bourg ineluctablemente, quiere garantizar la “independencia” de sus propios cortesanos/as, resguardándose así de cualquier ulterior entuerto judicial que pudiera suscitarse cuando ya no comande la Casa de Gobierno provincial. Conoce de primera mano el ensamblaje de contraprestaciones que ata al Ejecutivo de turno con el Judicial: lo aprovechó a placer para acechar a Juan Carlos Romero, el rival político de más fuste con el que tuvo que lidiar Urtubey desde que es gobernador. Increíblemente, rozando el descaro, argumenta su intención de hacer vitalicios a sus jueces de Corte bajo la cobertura axiológica de la independencia judicial, permítaseme la redundancia.
Las causas a Romero, que iban camino a quitarle los fueros en el Senado nacional a través del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de entonces, Rodolfo Urtubey, no son el único testimonio de cómo la casta política —Ejecutivo y Legislativo— y el cooporativismo jurídico —Judicial— se ensamblan en un esquema de poder concentrado. Citemos tres casos de distinta extracción política aunque todos insertos en el esquema de gobierno: Sergio “Oso” Leavy, Rubén Méndez y Sergio “Topo” Ramos, los tres protegidos por la abulia de la Corte de Justicia salteña.
Caso por caso
En abril de este año, luego de varios meses de asumir como diputado nacional, el “Oso” presentó su renuncia como jefe comunal de Tartagal. En su reemplazo tomó la intendencia su hermano Eduardo, sucesión legítima en términos legales, pues éste presidía el Concejo Deliberante. Desde ese momento, y aún antes, el abogado Roque Rueda y el radical Mario Mimessi hicieron presentaciones judiciales de todo tipo solicitando elecciones. Pablo López Viñals, para nada un mequetrefe en términos de influencia, titular del Ministerio Público, emitió un dictamen apoyando la idea de convocar comicios. La Corte de Justicia debería resolver el asunto pero desde hace meses que no hay ninguna novedad, considerando que el año próximo habrá elecciones en toda la Provincia, cabe deducir que Eduardo Leavy completará la gestión de su hermano Sergio, cual emirato con linaje.
A mediados de junio del año pasado, por otra parte, el Concejo Deliberante de Salvador Mazza votó la destitución del intendente Rubén Méndez, por una sucesión de irregularidades que se sintetizan en la falta de rendición de cuentas de diversa índole. Tras conocerse la votación, Pedro Oscar Guillén y su equipo, en carácter de patrocinadores judiciales del destituido, presentaron una apelación ante la Corte de Justicia. El trámite se concretó en el plazo de diez días posterior a la resolución del juicio político, a fines de junio. Desde entonces, el expediente descansa en los escritorios de los siete cortesanos que Urtubey quiere volver vitalicios. Ante el marasmo judicial, esta semana, el diputado Manuel Pailler presentó un proyecto de ley para que el Ejecutivo intervenga el municipio. Pero si el Gobierno hubiese respetado lo resuelto hace prácticamente un año por el cuerpo deliberativo local, la Corte ya hubiera fallado desestimando el recurso de Guillén en representación de Méndez, quien sigue gobernando como si nada.
Ramos, indudablemente, rompe todo parámetro de impunidad judicial. Su situación procesal por corrupción tuvo un primer antecedente con lo que se conoció como la treintañal “causa de los intendentes”, que como tal ya representaba un criterio atípico para un procedimiento penal de esa naturaleza: se englobaron distintas causas en una sola aunque el único punto en común era que en todos los procesos los imputados eran jefes comunales. Tras innumerable cantidad de giros, que incluyeron dos intentos de la Corte salteña por sobreseer a Ramos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se elevara a juicio al actual senador provincial y exintendente de Rosario de Lerma. Como el tribunal del pedestal provincial ya se había expedido, se excusó y convocó un tribunal ad-hoc. Actualmente el asunto está frenado.
La independencia judicial es una quimera, aun respetando los procesos legales y protocolos de gobierno existentes. El republicanismo miente, los republicanos sacan usufructo del engaño.
