El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, y el jefe de Policía, Ángel Silvestre, todavía no emitieron opinión alguna sobre el asesinato del adolescente Nahuel Salvatierra a manos de efectivos de la fuerza de seguridad.
Con el gobernador Juan Manuel Urtubey en Uruguay, el vicegobernador Miguel Ángel Isa en Córdoba y el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, en Australia, nadie en el gobierno provincial emitió opinión sobre el brutal asesinato de un adolecente (de 17 años) perpetrado por efectivos policiales de grado en barrio Solidaridad.
El asesinato a quemarropa de Nahuel Salvatierra a manos de una bala policial en la madrugada del jueves todavía no recibió condena gubernamental. La familia del adolescente contó a la prensa que hasta entrada la tarde del viernes no habían recibido el pésame de autoridad alguna y, menos aún, algún tipo de asistencia.
Solo la justicia, representada por el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix que no dudó en imputar y detener a los uniformados sospechados del caso, brindó alguna respuesta. “el cabo Juan Carlos Cardozo fue imputado por homicidio calificado por alevosía y por ser cometido por un funcionario policial y el sargento Emilio Gastón Aguilera Alanís como coautor” explicitó con premura el fiscal y aseguró que en tribunales “entendemos que ambos son responsables”. Además, para que no queden dudas de la evidente existencia de un nuevo caso de “gatillo fácil” aseguró que “la situación bajo ningún punto de vista ameritaba la utilización del arma”.
El ministro y el secretario de Seguridad, Carlos Oliver y Jorge Ovejero, no visitaron a la familia de la víctima ni dieron explicaciones de lo sucedido ante la prensa. El jefe de Policía, Ángel Silvestre tampoco lo hizo.
“Desde la Policía, atinaron a decir por medio del área de prensa que el comisario general Ángel Mauricio Silvestre daría declaraciones luego de que la justicia actúe. Pero, pese a la actuación del Poder Judicial que ordenó arrestar a los uniformados, tampoco hubo respuestas” confirmó el portal web La Gaceta Salta que también fracasó, como los demás medios de difusión, en el intento por contactar a Oliver y Ovejero.
Peor aún, como si nada hubiera sucedido, Oliver continuó con el desarrollo de las actividades institucionales programadas con anterioridad y encabezó los actos de ascenso de efectivos de las localidades de Tartagal, Orán, Metán, Joaquín V. González y Cafayate y reconoció “el trabajo del personal policial ascendido en el interior provincial”.
Con nulo tacto y sentido humano ante la gravedad de lo sucedido, según informó la oficina de prensa de la cartera de Seguridad, “Oliver se refirió al estado sanitario de los 210 caballos que se encuentran en calidad de secuestro por diferentes causas judiciales en el predio de Caballería de la Policía, e indicó que la mayoría de los animales ingresaron en avanzado estado de deterioro, incluso con signos de maltrato físico”.
A cargo del Poder Ejecutivo, el senador Mashur Lapad tampoco se refirió al brutal asesinato.
