Apenas a ocho minutos del centro de Salta, y en una vivienda extremadamente precaria donde funcionaba un antro de prostitución, ahora la Fundación Volviendo a Casa inauguró un refugio para luchar por el abolicionismo.
Allí, por la mísera suma de 500 pesos, diez mujeres –captadas y engañadas en la ciudad de Güemes y en la provincia de Jujuy– eran obligadas a tener sexo con quienes llegaban hasta esta zona marginal, donde también funciona un mercado de venta al menudeo de cocaína y pasta base. Tras la condena, el inmueble fue incautado por la Justicia.
La delegación de la Fundación Volviendo a Casa inauguró en calles Damián Torino y Astigueta a través de un convenio con Desarrollo Social, la Secretaría de ddhh y la Jefatura de la Policía de la Provincia de Salta a través del Proyecto NOSOTRAS de la Fundación en funcionamiento para fortalecer y trabajar en territorio contra la trata de personas. El abolicionismo es libertad, trabajo genuino y dignidad”, agradeció su presidenta Isabel Soria.
Los investigadores federales del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) avanzaron en una decisión sin precedentes, sobre los clanes familiares que históricamente han obtenido grandes beneficios económicos a través de la explotación sexual de mujeres vulnerables en el barrio San Antonio de esta ciudad. Poco tiempo atrás, y en un juicio abreviado bajo el nuevo sistema acusatorio que se aplica en el Noroeste, dos personas –R.L y J.B– fueron condenadas a penas de 3 y 4 años de prisión por trata de personas.
Iniciativas similares se han llevado a cabo en Mendoza, donde una casa que fue utilizada por criminales como prostíbulo hoy alberga a víctimas de violencia de género. También en la villa 31 de la ciudad de Buenos Aires, donde el MPF incautó varios inmuebles donde se montaron oficinas estatales para asistir a los vecinos de estas zonas vulnerables.
Puntualmente, respecto del delito de trata de personas, en diciembre de 2019 se activó oficialmente el funcionamiento del Fondo de Asistencia directa a víctimas de trata, definido como “un fondo fiduciario público que se integra por los bienes decomisados judicialmente en procesos relacionados con los delitos de trata y explotación de personas y lavado de activos provenientes de estos delitos”.
Al respecto, el texto de la reglamentación detalló: “El delito de trata y explotación de personas supone una vulneración de los derechos humanos fundamentales de la víctima, puesto que niega su condición de persona y la asimila a un objeto o cosa que se comercializa en el mercado de bienes y servicios, por lo cual su reparación excede el interés privado de las partes y es una cuestión que atañe a toda la sociedad y especialmente al Estado Nacional”.
