Entre los barrios recategorizados por la Municipalidad, hay algunos que no cuentan con cloacas, pavimento, alumbrado público, ni cordón cuneta. Sin embargo, hoy pagan casi 800% más de impuestos que hace dos meses. La nueva categorización consolida el plan de ajuste iniciado en diciembre con el aumento del valor de la UT. 

Nicolás Bignante

Durante la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante se aprobó un pedido al ejecutivo municipal para dejar sin efecto la resolución 02/23 de ARMSa. La misma ordenaba el cambio de categoría de 21.614 catastros de la ciudad de Salta, repartidos en 95 barrios, que pasaron a pagar casi 800% más en concepto de Tasa General de Inmuebles. Se trata de una maniobra recaudatoria inconsulta por donde pasa el grueso del ajuste que los vecinos enfrentan desde comienzos de año. 

El proyecto también pide suspender los pagos y las distribuciones de las boletas hasta tanto quede sin efecto la recategorización. Además, solicita a ARMSa la entrega de créditos a favor de los contribuyentes que haya abonado el anual 2023 de la TGI. Finalmente, se solicita la realización de un estudio claro y pormenorizado previo a la recategorización, notificando a los contribuyentes afectados de modo fehaciente y con antelación. Todo ello para evitar que la recategorización impacte en conjunto con la actualización de la UT y/o el aumento en la cantidad de las mismas. 

Triple aumento

Para comprender el impuestazo municipal en toda su dimensión es necesario reconocer sus tres instancias: La primera fue la más visible de todas y tuvo lugar a fines del año pasado, cuando se debatió la actualización del 77% en el valor de la Unidad Tributaria. La modificación estaba incluida dentro de la Ordenanza Tributaria Anual y llevó la unidad de medición impositiva de $36 a $64,29. 

A pesar de que todos los ediles coincidieron en que era necesaria una actualización acorde a los niveles inflacionarios actuales, algunos enfatizaron en que, desde la llegada de Romero a la intendencia, los impuestos municipales se dispararon más de 600%. La actualización también preveía un ajuste automático del 30% adicional para julio, sujeto a los valores inflacionarios medidos por el INDEC. 

La segunda instancia del impuestazo, mucho menos debatida que la primera, tuvo que ver con un aumento en la cantidad de Unidades que debía pagar cada domicilio, de acuerdo a las 6 categorías vigentes. Los aumentos fijados en el nuevo cuadro fueron del 30% al 140%. 

De esa forma, los barrios incluidos en la categoría 6 (la más baja), pasaron de pagar 2,8 UT a una tasa mínima de 7 UT. Allí se incluyen mayormente grandes extensiones y vacíos urbanos. Los de la categoría 5 (barrios: Democracia, San Silvestre, Roberto Romero, entre otros) pasaron de 6,5 UT a 15 UT; mientras que los de la categoría 4 (El Tribuno, Intersindical, El Huaico, Mirasoles, etc.) pasaron de pagar 19,6 UT a 30 UT. Los dos aumentos incluidos en la ordenanza tributaria aprobada en diciembre del año pasado, elevaron más de 150% los tributos comunales.

Finalmente, la tercera etapa del ajuste estuvo dada por la resolución 02/23 de la Agencia de Recaudación Municipal (ARMSa). La disposición firmada por Alejandro Levín en enero elevó de categoría a 21.614 matrículas catastrales, repartidas en 95 de los 206 barrios existentes en Capital. Todas ellas pasaron de la categoría 5 a la 4, lo cual supuso pasar de 6,5 Unidades Tributarias a 30. 

Los tres aumentos aplicados en simultáneo llevaron a que muchas boletas llegaran con incrementos de casi 800% de un mes a otro.

Metodologías dudosas

Como toda política recaudatoria aplicada por el bettinismo, la compulsividad es el único método imaginable. Así como alguna vez se contabilizaron medidores de electricidad como nuevos inmuebles, hoy se recategorizan barrios que carecen de servicios esenciales.

El listado de barriadas que pasaron de un día al otro a formar parte de la categoría 4 es amplio y variopinto. Sin embargo, el código tributario, en su artículo 138, es claro en cuanto a los criterios para establecer los montos de la TGI: «El monto de esta tasa se establecerá en base a las alícuotas y montos mínimos que fije la Ordenanza Tributaria Anual, aplicadas sobre la valuación fiscal de terreno y superficie edificada. Las alícuotas podrán ser diferenciales atendiendo a ubicación de los inmuebles o parcelas urbanas y a los servicios que efectivamente sean prestados en la zona respectiva».

En un intento de explicación, el titular de ARMSa, Alejandro Levín, argumentó que entre los barrios recategorizados «hay muchos que tienen recolección de residuos y pavimento nuevo, servicios que antes no contaban y por los cuales no tributaban». Resta aclarar, entonces ¿Cómo es que son equiparables las realidades de barrios como: Tres Cerritos, Grand Bourg, El Aybal y La Loma; con otros como: Villa Juanita, Unión, Calchaqui, Divino Niño o Villa Lavalle? Por otra parte, ¿Pueden los habitantes de barrios populares ser recategorizados sin contar con regularización dominial? Todo apunta a que, como ocurrió varias veces a lo largo de la gestión Romero, si pasaba… pasaba.

José García: «Es un acto traicionero»

El titular del bloque Unidos por Salta en el concejo deliberante criticó la incorporación de barrios populares en nuevas categorías.  

«Tiene que ver con un acto traicionero. No puede ser que, al otro día de aprobado el presupuesto, se realice la recategorización de 21 mil familias. Realmente es ahí donde viene lo arbitrario. Lo más delicado es que a esas recategorizaciones las hicieron a partir de georreferencias. Fue a partir de un mapa y ahí dentro hay barrios populares, protegidos por ley nacional, que no están urbanizados y que tienen escasez de servicios. 

Al no estar urbanizados, no pueden ser recategorizados. Ahí se comete un error muy grave. Hay barrios que no tienen cloacas, asfalto, cordón cuneta, ni nivelación de calles y se los incluyó en la recategorización. 

A través de la resolución que se aprobó se les pide que dejen sin efecto tal decisión y se den los pasos correspondientes para que el perjuicio ocasionado a la gente se enmiende. El verdadero manotazo al bolsillo se da en esta recategorización», destacó. 

 

Benavides: «Sabemos de las carencias de los barrios»

La concejal de Salta Independiente, Ana Paula Benavides, enfatizó en la falta de información y de criterios por parte del ejecutivo municipal. 

«No sabemos con qué criterio se ha tomado esta determinación de recategorizar barrios. Quienes estamos en el territorio sabemos de las carencias de los barrios de la ciudad, con lo cual es abusivo imponer un impuesto hasta un 600% por encima de la inflación.

Hemos avanzado en presentar esta resolución que impide seguir con esta medida porque no podemos cargar al contribuyente con la mochila de pretender una autonomía municipal financiera. Máxime cuando el ejecutivo municipal manifestó que los impuestos no vendrán a mejorar los servicios que presta el ejecutivo, ni aumentar las obras, sino que se pretende que todo siga igual. 

Hemos pedido un informe para saber con qué criterio se ha tomado esta determinación porque no ha pasado por el concejo deliberante. 

Además del valor de la UT, en las distintas zonas que tienen unidades fijas, aumento desde un 30% a un 140% la cantidad de unidades», subrayó. 

Gauffín: «Un verdadero chalequeo a los vecinos»

El jefe de bloque de Juntos por el Cambio, José Gauffín, opinó que la decisión del ejecutivo estaba premeditada y fue deliberadamente ocultada a los ediles y a la ciudadanía en general. 

«Sin dudas, cuando se discutía el presupuesto y la ordenanza tributaria, el ejecutivo ya tenía lista la resolución para emitirla el 2 de enero. Hubo un ocultamiento de una acción que iba a impactar en el monto que finalmente pagan los vecinos. Creemos que no hay fundamentos para esa recategorización. El municipio puede hacerlo cuando cambian las condiciones del barrio, es decir, cuando la municipalidad agrega un servicio: Cuando lo pavimenta, lo ilumina o hace un arbolada. La verdad es que en los 95 barrios no hubo ningún cambio que justifique esta recategorización. 

Hubo una decisión masiva como el año pasado con los medidores de energía eléctrica, cuando se tomó como un inmueble a todo medidor de la ciudad. Entonces se categorízó como inmueble a bombas de agua, sensores y locales comerciales. El análisis que debe hacerse caso por caso, se hace de forma masiva y no corresponde.

El impuesto se disparó hasta 1000%. Un verdadero chalequeo a los vecinos», concluyó.