La oficialización de candidatos muestra que 51 de 58 intendentes en ejercicio buscan hasta su re-re-re-re elección. De tres intendentes intervenidos por corruptos dos buscan volver y otros dos dejan la intendencia pero buscando una banca en el senado. Sólo dos jefes comunales dejan de competir y vuelven a sus casas. (D.A.)
La famosa frase “no hay mal que dure cien años” resulta de una ingenuidad fenomenal en una provincia como Salta. Y es que tras sumergirnos en la titánica lectura de las cientos de listas con miles de candidatos que competirán por un lugar en las próximas elecciones, se descubren cosas sorprendentes. Por ejemplo el ímpetu reeleccionista de los jefes comunales del interior provincial: 51 de los 58 intendentes del interior buscan ser reelegidos; entre estos se encuentran algunos que van por su cuarta gestión consecutiva (Rubén Corimayo en Cerrillos, Fanny Flores en Cachi, Juan Ángel Pérez en La Merced, Dardo Quiroga en Colonia Santa Rosa, Néstor Pedroza en Urundel, Sergio Ramos en Rosario de Lerma, Alfredo Llaya en Embarcación, o Samuel Córdoba en General Ballivian); mientras muchos otros llegarían a su tercer mandato consecutivo de ganar en mayo próximo: Mario Cuenca en Campo Santo, Julio Jalit en Pichanal, Marcelo Lara Gros en Orán, Manuel Cornejo en Campo Quijano, Juan Carlos Alcoba en Aguaray, Osvaldo García en Coronel Moldes, o Sergio Leavy en Tartagal.
Si esos candidatos retuvieran sus puestos, concluiremos con precisión matemática que en total, esos 15 intendentes sumarían en conjunto un total de 212 años de gobierno territorial. Cifra que se incrementaría a casi tres siglos más si el resto de los 37 intendentes gana las elecciones y ocupan por segunda vez consecutiva el gobierno de sus respectivos municipios.
Sobre la mayoría de ellos pesan señalamientos que a los jefes comunales les importan poco: errores de gestión y conductas que en otros casos rozan lo delictivo. Entre estos últimos, por ejemplo, se encuentra Juan Carlos Alcoca, intendente de Aguaray que va por su re-re-re y a quien la Auditoría General acusó de tantas irregularidades que terminó por recomendar actuaciones sumarísimas que permitan al Estado munirse de elementos que fundamenten la acción judicial tendiente a determinar la responsabilidad civil del intendente por “un perjuicio de significación para el Fisco”. Igual recomendación hicieron los auditores con otro de los intendentes que va por su reelección: Leopoldo Cuenca del pobrísimo municipio de Rivadavia Banda Sur donde los auditores encontraron cosas 123 irregularidades debidamente detectadas y probadas.
La situación no es distinta a la de Osvaldo García de Coronel Moldes. El Concejo Deliberante de esa ciudad intentó destituirlo en el 2014 a partir de la existencia de 215 demandas judiciales por emitir cheques sin fondos; desaparición de $35.000 destinados a la construcción de un museo gauchesco; evaporación de $210.000 que se debían entregar al Club Atlético San Bernardo; otros 245 mil dólares que el municipio había recibido el año 2013 del BID para un proyecto que nunca se concretó. Previamente, la Auditoría había publicado un informe (diciembre de 2013) que advertía sobre el descontrol de un municipio que, entre otras cosas, contaba con dos Ejecuciones Presupuestarias; faltante de 44 resoluciones; inexistencia de balances de tesorería y deuda pública; desaparición de contratos con profesionales externos; irregularidades en la obra pública; y demandas judiciales por librar cheques sin fondos. Como ocurrió con Aguaray o Rivadavia Banda Sur, en Moldes también los auditores concluyeron que el Estado debía munirse de elementos que fundamenten la acción judicial tendiente a determinar la responsabilidad civil del intendente por “un perjuicio de significación para el Fisco”.
La situación se enmarca en un océano de irregularidades que atraviesan a las gestiones municipales y que acá se puede resumir de la siguiente manera: en más de 150 informes publicados por los auditores sobre los municipios desde 2007 a la fecha, sólo uno fue aprobado en su totalidad (Cachi). Unos cuantos pidieron la acción judicial como las recién mencionadas mientras la mayoría fueron observados por violar la ley 6.838 que establece el proceder de los organismos a la hora de usar el dinero público a partir de ciertos montos; los escasos mecanismos de control interno de los municipios que aseguren la legalidad de los procesos; y por las resistencias de los intendentes a cumplir con el artículo 169 de la constitución que establece que las “autoridades provinciales y los agentes y funcionarios del sector público provincial y municipal están obligados a proveerles la información que les requiera”
Los echan, pero vuelven
El apego al poder territorial de los intendentes se relaciona con una combinación de elementos: mantener poder territorial, mayor manejo de recursos en la era Urtubey e impunidad en el uso de los mismos. Lo primero se explica fácil; lo segundo empezó a visualizarse a fines del año 2009 cuando él incremento de transferencia de dinero (Fondo Federal Solidario, Descentralización de la Ayuda Social y hasta Fondo de Reparación Histórica) se arropó de un discurso de federalismo provincial. Lo de la impunidad lo muestran los casos ya mencionados y el intento de intendentes destituidos que ahora buscan recuperar el sitial del que lo echaron.
El caso más representativo es el del prostibulario Carlos Villalba en Salvador Mazza, al que todos recuerdan por haber sido detenido en un cabaret, aunque se recuerda menos que las irregularidades de su gestión también fueron denunciadas por la Auditoria: un informe con 106 observaciones dando cuenta del nulo control de los fondos manejados por la tesorería municipal; 102 órdenes de pago de las cuales 29 no poseían comprobantes, 42 sólo llevaban la firma de Villalba, 23 del responsable del sector contable, 19 del Secretario de Hacienda y 34 sólo del beneficiario; compra de mercadería por $108.000 a un supermercado que no estaba inscripto como proveedor del Estado y entregaba facturas sin describir los productos vendidos; reintegro del municipio al propietario de ese supermercado de $141.500 aunque nunca se aclaró cuándo y por qué había ingresado al municipio esa suma que luego se reintegraba; montos ejecutados por encima de lo realmente transferido, otros que se ejecutan por debajo de lo depositado por el gobierno y otros que directamente no se usaron aun cuando los depósitos se efectivizaban; incrementos de sueldos para planta política no estipulados en la ley; viajes del intendente que hicieron que en dos meses sólo estuviera en su cargo 13 días hábiles mientras los 31 restantes se declaró en comisión de servicios; o cheques municipales rebotados por un total de $112.451. Estas denuncias y la destitución de Villalba por el escándalo del cabaret no le impidieron participar en las elecciones de 2013 tratando de volver al puesto del que había sido eyectado. Ahora lo intentará de nuevo, de la mano del partido M.I.L.E.S.
Se van pero no tanto
En semejante contexto, lo sorprendente es que haya gente que habiendo sido intendentes decidan dejar de serlo. Para realizar ese ejercicio, sin embargo, deben tomarse los recaudos necesarios. Y es que de los cinco intendentes que no pelearan por mantener su lugar; sólo dos han optado por efectivamente retirarse de cargos electivos. Se trata del actual intendente de La Caldera, Luis Mendaña; y el de Güemes, Daniel Segura, que no van por la reelección y tampoco hay registros de ellos que los muestren peleando por algún cargo.
A la lista podría sumarse el actual intendente de El Galpón, Héctor Romero, que no va por reelección y aparece como candidato suplente a la senaduría departamental, un puesto que lo aleja de ese cargo electivo que encabeza el actual senador por Metan Roberto Gramaglia. Distinto es el caso de los intendentes Samuel Eduardo Cabrera de Apolinario Saravia y Castulo Yanque de Santa Victoria Oeste. Los hombres optaron por no buscar la reelección, pero van en búsqueda de una banca en el senado provincial. El primero por el Movimiento Popular Unido; el segundo por el Partido Justicialista.
Se descarta que para el logro de esos objetivos, los potenciales senadores utilicen todas las mañas que aprendieron durante el ejercicio de la intendencia que convierte a esos personajes en hombre poderosos que bien podrían alimentar la imaginación de los grandes novelistas latinoamericanos. Esos que se hicieron famosos describiendo los increíbles mecanismos mediante los cuales muchos hombres públicos de América Latina buscan perpetuarse en el poder.
