Por: Influencer ambiental

Durante años hemos escuchado palabras como ecología, medio ambiente, daño ambiental e impacto ambiental. En particular este último siempre llamo la atención por su significado y su asociación casi inconsciente a lo negativo. Tal es así que cuando decimos impacto ambiental o tal obra «tiene mucho impacto ambiental” queremos decir en realidad que el impacto es negativo.

Esto en realidad no es así, ya que por su signo pueden definirse los impactos en negativos, positivos o neutros (incluso para algunos autores existen). Sería muy pesado para el lector, profundizar en una u otra metodología de valoración de los impactos, pero si podemos decir que una de la más utilizada los clasifica según su: signo, intensidad, extensión, momento, periodicidad, recuperabilidad, resiliencia, etc. Por supuesto luego continúa un trabajo interdisciplinario donde intervienen distintos profesionales de diferentes áreas, se realizan talleres y se aplican matrices y formulas llegando a un solo resultado final que recién nos va a decir que impacto posee el proyecto bajo estudio. 

El reclamo ambientalista 

Con este primer párrafo ya sabemos que no podemos adelantarnos a decir con tanta ligereza si un proyecto causa un gran impacto ambiental o no, si este es negativo o positivo, etc, porque en realidad estaríamos dando una información a medias o falsa. Ahora bien, los profesionales que se dedican a la consultoría ambiental lo saben perfectamente y también lo deberían saber los funcionarios, ciudadanos e interesados en el medio ambiente al momento de realizar alguna actividad de pronunciamiento sobre determinado proyecto que consideran que generara perjuicios ambientales y sociales o que no contemplo determinada medida de prevención, mitigación o compensación. 

La participación de las partes 

Toda actividad humana genera impactos, cualquiera sea su naturaleza y características. Esto es indiscutible. La normativa establece claramente y la obra pública (obras de infraestructura, viviendas, instituciones educativas) no está exceptuado. Entonces las partes interesadas (ciudadanos, contribuyentes, profesionales, instituciones relacionadas, universidades, consejos y colegios profesionales, ong’s, etc) deben manifestarse primeramente para tener acceso a estos documentos ya que se trata de información pública. De esta forma se podrían emitir opiniones de distinta índole previamente a cualquier aprobación y de manera participativa a través de reuniones con proponente y consultores, autoridades de aplicación, autoridades vinculadas, pudiendo además realizar observaciones y solicitar ampliaciones siempre en beneficio del ambiente y todos sus componentes. Sin embargo habitualmente el ciudadano no tiene acceso a estos trabajos técnicos o al menos es difícil conseguirlos dado la burocracia administrativa. 

El trabajo consultivo y su evaluación 

Otro lado de la problemática es a la que se enfrentan los consultores ambientales es que luego de proponer distintos planes y medidas dentro de un EsIAS la autoridad de aplicación no se las exige al proponente ni las controla en el lugar, quedando el estudio en un documento más del montón  dentro de un expediente archivado para cumplir con un trámite. Otra arista de la misma problemática es que quienes estén a cargo o coordinan las áreas que evalúan estos trabajos deben ser profesionales preferentemente con incumbencias en temas ambientales y no estudiantes próximos a recibir en carreras específicas. El problema se profundiza aún más cuando los organismos ni siquiera tienen equipos o comisiones conformadas al igual que los equipos consultores para evaluar estos trabajos. Entonces, la pregunta sería: ¿cuán correcta y completamente pueden evaluarse estos trabajos si no está completo la comisión evaluadora?, por qué se exige entonces que los equipos consultores sean constituidos de tal o cual manera si quienes evalúan no cumplen con lo mismo ?.  

Como vemos si bien los consultores ambientales hemos ganado bastante terreno logrando que se respete el trabajo que realizamos, en especial en ciertas actividades como la minería, queda aún mucho camino por recorrer. 

La política ambiental integral: una deuda pendiente 

Por ultimo cabe destacar que el proceso de evaluación de impacto ambiental y social debe ser parte de una política ambiental integral en todos los niveles del estado, de manera tal que estos documentos realmente se conviertan en verdaderas herramientas de gestión ambiental y social.