Faltante de dinero, vehículos embargados, cuentas sin rendir y manejos institucionales dudosos, son algunas de las consecuencias de la gestión Fernández que los güemenses todavía padecen.
A casi dos años y medio de haber culminado su mandato, las secuelas de la administración Fernández siguen aflorando y son objeto de denuncias cruzadas en la ciudad de General Güemes. El actual jefe comunal, Sergio Salvatierra, aseguró que Alejandra Fernández (quien actualmente se desempeña como concejal) dejó una deuda que alcanza los $113 millones por manejo irregular de fondos, retención ilegal de salarios, deudas con proveedores y resoluciones gemelas para incluir como planta permanente a funcionarios políticos.
Plata fumigada
En el año 2016, cuando el dengue todavía era una cuestión de estado y aún no había sido eclipsado por el Covid, la intendenta Fernández realizó una curiosa contratación directa. Con el fin de combatir la propagación de vectores de transmisión, el municipio contrató los servicios de desinfección de COAGRO, una empresa creada días antes de la contratación y que muchos en la ciudad de Güemes vinculan al esposo de Fernández.
La empresa no tuvo a su cargo tareas de descacharrado o de fumigación de espacios abiertos, tal como hubiera encomendado cualquier administración municipal seria. Por el contrario, su función era la de rociar cada uno de los vehículos particulares que atravesaban el pueblo por la ruta 34 y cobrar -a modo de peaje- un canon a los conductores. Una estrategia similar a la que se aplicó en la primera etapa de la pandemia por Covid y que rápidamente fue desestimada por infructuosa. Los propios especialistas del ministerio de Salud se encargaron, por entonces, de aclarar que el método era absolutamente ineficaz a la hora de combatir el dengue.
Tras una catarata de cuestionamientos, el municipio decide de manera intempestiva y sin invocación de motivos revocar el contrato con la empresa, lo que motivó una presentación judicial por Lucro Cesante contra la comuna. Por aquella acción, la justicia dispuso sanciones conminatorias (o astreintes) contra el municipio que, al día de hoy, totalizan alrededor de $44 millones, una cifra astronómica considerando que el presupuesto mensual de la comuna es de $25 millones.
La falta de respuestas por parte de la exintendenta derivó en el secuestro de la única camioneta perteneciente a la municipalidad. La actual gestión logró frenar la acumulación de multas diarias y actualmente lleva adelante las gestiones para recuperar el rodado.
Un desfalco de película
Entre las múltiples denuncias que pesan sobre la administración Fernández sobresale la misteriosa desaparición de la recaudación del cine teatro 13 de febrero. El centro cultural municipal gozaba de cierta solvencia por ser una destacada atracción de la ciudad de General Güemes. Pero la nueva administración detectó un faltante en la rendición de entradas cercano a los 900 mil pesos sólo para el último año de gestión. Las proyecciones para todo el período de Fernández podrían rondar los $6 millones, lo que decantó en una denuncia penal por «Delito Contra la Administración Pública».
La responsable del área de Cultura en la antigua gestión era Mónica Valdiviezo, quien resultó imputada en 2020 por el fiscal Leandro Flores como autora del delito de peculado. Parte del monto investigado -alrededor de 1,4 millones de pesos- corresponde a deudas con las distribuidoras de cine. Esto es, ni más ni menos, que los derechos de proyección que se pagan a proveedores de películas como: Sony, Walt Disney, Paramount, etc. Desde el propio municipio promovieron una auditoría externa, lo que confirma que para entonces ya existía algún grado de conocimiento sobre manejos irregulares. La misma fue encomendada al actual secretario de Hacienda y, como se esperaba, el resultado fue que faltaba plata.
A los desmanejos financieros se suma el evidente abandono de las instalaciones por parte de la anterior gestión. Los mantenimientos correspondientes nunca se hicieron, al punto que las funciones debieron suspenderse por el deterioro de una de las lámparas de proyección.
Semejante desfalco difícilmente pudo haber pasado desapercibido por la ex jefa comunal, considerando que se trata nada menos que de una secretaria de su gabinete.
Atornillada
La carta orgánica del municipio de General Güemes establece que desde el 1 al 20 de marzo se debe convocar a sesiones extraordinarias para designar al presidente del cuerpo deliberativo. Al 16 de marzo pasado, Fernández, quien ejercía la presidencia provisional, aún no había llamado formalmente a la sesión, por lo que el resto de los ediles decide autoconvocarse. Aquella tarde, con una mayoría simple de 5 sobre 9, es elegida como presidenta del cuerpo la concejal Liliana Santillán, secundada en la Vicepresidencia 1° por Stella Maris Pérez y en la Vicepresidencia segunda por Cintia Fonrodona.
La elección de la terna, cercana al oficialismo de Salvatierra, provocó la furia de la exintendenta y actual concejal, que se despachó entre otros, con una empleada del concejo deliberante. Aferrada al cargo provisorio, Fernández intentó maniobrar para que la elección de autoridades quede sin efecto y emitió un comunicado convocando a una sesión preparatoria para el día siguiente.
Tras el escándalo, la presidenta electa, Liliana Santillán, declaró: “El miércoles 16 hubo una reunión de la cual participaron 8 de los 9 concejales, en esa reunión se llegó a un acuerdo para que la preparatoria se realice el viernes, después la presidenta emitió un comunicado fijando la fecha para el sábado, pero esa fecha ya había sido fijada por la mayoría. No creo que se pueda impugnar la sesión como ellos dicen porque no hubo violación de la carta orgánica, en ella se estipula que se debe respetar el consenso de la mayoría”.
Sin presupuesto…
A comienzos de este mes, a días de abandonar el cargo provisorio de presidenta del concejo, Fernández comandó una particular maniobra para dejar a la comuna sin cálculo de gastos y recursos. En una sesión extraordinaria los ediles derogaron el presupuesto 2022 argumentando falta del envío del tercer informe trimestral, congelamiento de partidas presupuestarias para limpieza, muebles y útiles, honorarios de asesores y la eliminación de los gastos en comunicación. Pero el verdadero motivo por el cual hasta los ediles oficialistas aprobaron la derogación fue el recorte del 50% en las dietas de los concejales.
El hachazo había sido interpretado como un «pase de factura» de la actual gestión a Fernández, como respuesta de una maniobra idéntica adoptada por la exintendenta contra los antiguos ediles, entre los que se encontraba Salvatierra.
