Con el auspicio de políticos y jueces, la empresa de uno de los implicados en el escándalo por coimas en la AFIP construye edificios sin pagar honorarios, llegando a adeudar $7,5 millones a un sólo profesional. Plagio, estafas y abuso de poder con la venia de los poderosos. (Nicolás Bignante)

En los despachos del juzgado N°9 en lo Civil y Comercial duerme hace tres años un expediente cuyo contenido expresa a fuego la connivencia entre el poder político, judicial y el empresariado local; tres ancas de un mismo asiento sobre el que reposa la impunidad en Salta. La presencia en sus páginas del Colegio de Magistrados y sus representantes, sumado al hecho de que el juzgado en cuestión se encuentra actualmente en concurso, hacen suponer que las investigaciones seguirán empantanadas al menos por un tiempo.

La firma aludida en la denuncia es la constructora GRINFIL DESARROLLOS, de propiedad del empresario Gabriel Grinblat y el abogado Nicolás Fili. Este último, es nada menos que uno de los implicados en el escándalo de corrupción desatado en 2018 en la sucursal Salta de AFIP, junto al exladero de Ricardo Echegaray, Rafael Resnick Brenner. El abogado recuperó la libertad tras un amparo presentado por su representante, el penalista Matías Adet.

 

Los hechos denunciados encuadran en la más rudimentaria modalidad de estafa, aunque la dimensión de la misma solo halla explicación en la abierta complicidad del poder con los nombres implicados. En concreto, la desarrolladora llevó adelante la construcción de una serie de edificios entre los cuales se encuentran dos sedes del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta, una ubicada en calle Alvear 578, la otra en Belgrano 1215. A ellas se suman otros emprendimientos destinados a viviendas particulares ubicados en: Leguizamón 515, Arenales 249 y un tercero en Los Almendros y Las Margaritas (Tres Cerritos).

 

Todos los proyectos fueron aprobados. Algunos se concretaron y otros se encuentran en construcción, pero por ninguno de los cinco se abonaron los honorarios correspondientes al diseño y dirección de proyectos. Todos ellos fueron encomendados al mismo profesional a quien, al día de hoy, la empresa debe alrededor de $7,5 millones.

Los cinco edificios se encuentran embargados, aunque esto no fue impedimento para que GRINFIL DESARROLLOS siguiera con los trabajos de construcción. Tampoco se informó esta situación a los particulares que compraron los departamentos, convirtiéndolos en responsables solidarios de la estafa.

Como si fuera poco, algunos de los proyectos denunciados siguieron su curso con planos presentados a nombre de otros arquitectos, constituyendo un plagio explícito de los diseños originales. Por estas acciones, se expidió el tribunal de ética del Colegio de Arquitectos y hasta hubo profesionales sentenciados.

 

Nuevo edificio del Colegio de Magistrados (Alvear 578)

 

En febrero de 2017, en base a un concurso de empresas organizado por el colegio de jueces, la firma GRINFIL resulta ganadora del proyecto de desarrollo y construcción del nuevo edificio. La iniciativa además contemplaba la posibilidad de que sus afiliados se adhieran a un proyecto de inversión en 50 cuotas mensuales sin anticipo, tanto para unidades de un dormitorio, monoambientes y cocheras.

La propuesta de la empresa fue crear un fideicomiso de construcción al costo, con la particularidad de ser cerrado a los afiliados de la entidad en una primera etapa.

Según consta en los expedientes, una vez aprobados los planos para su construcción, el arquitecto encargado del proyecto quiso cobrar por sus servicios, a lo que Nicolás Fili respondió con una particular propuesta: El profesional debía desvincularse de la propiedad intelectual de su obra. Ante la negativa, la empresa se hizo a un costado y decidió seguir con el desarrollo, pero tras la denuncia presentada en la justicia, la construcción fue embargada.

Colegio de Magistrados. Edificio II (Belgrano 1215)

 

En la segunda obra entregada a la entidad de representantes judiciales la situación es todavía más turbia. A la falta de pago de honorarios, se suma la copia del proyecto y el robo de la propiedad intelectual por parte de la firma. Para poder continuar con la obra, GRINFIL presentó el diseño original a nombre del Ing. Laureano Martín; profesional que prestó servicios para la empresa IKBA, de propiedad de Matías De Simone, implicado en un sinnúmero de estafas. Las urbanizaciones Cielos del Valle, Cielos del Sur y las tristemente célebres Torres de Tartagal, son algunos de los fraudes más conocidos de la firma.

El plagio fue advertido por la Municipalidad de Salta, quien remitió las denuncias al Colegio de Arquitectos y al COPAIPA.

Arenales 249 (Expte. Municip. 28423/17)

 

La torre emplazada en calle Arenales, pensada para la venta de unidades habitacionales, también siguió su curso en base a la misma metodología. Al verse paralizada la obra por falta de pago, GRINFIL hizo firmar los diseños originales a nombre de la Arquitecta Nora Hemsy. Los terrenos pertenecen a Justo Herrera, exempleado municipal y actual empleado del gobierno de la provincia. Los vínculos entre Herrera, el poder y una  inmobiliaria local, le habrían asegurado la aprobación de los planos copiados y la continuidad del proyecto. Todo esto pese a la sentencia emanada del propio cuerpo colegiado contra la arquitecta Hemsy y la condena firme de la Cámara en lo Contencioso-administrativo N° 2.

 

Leguizamón 515 y Dúplex Las Margaritas

 

A la lista de edificios embargados por falta de pagos le siguen un complejo de dúplex en calle Margaritas y Almendros en el barrio Tres Cerritos, iniciado en 2016; y la torre «Leguizamón Studios» (Leguizamón 515), ubicada frente a la plaza Güemes y destinada a viviendas, locales comerciales y oficinas.

El expediente que refleja el incumplimiento del convenio de honorarios por parte de la empresa Grinfil duerme en Ciudad Judicial y son pocos los que auguran algún movimiento positivo por parte de la justicia. Al fin y al cabo, estamos hablando del edificio de los jueces y de la empresa que lo construyó. Otros apuntaron a la estrecha relación entre el presidente del Colegio de Magistrados, Eduardo Barrionuevo, y la madre de Nicolás Fili, Nancy Jozami, quien supo desempeñarse como fiscal en lo Civil y Comercial N°1.

 

Pesado prontuario y nexos con Reynoso

 

En noviembre de 2018, cuando las denuncias ya habían sido presentadas en la justicia, Nicolás Fili fue detenido junto al exjefe de la AFIP Salta Rafael Resnick Brenner. Fili (que por entonces trabajaba en la AFIP) fue imputado por cohecho, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. El letrado, que suele jactarse de sus nexos con el poder judicial, pasó poco más de dos semanas preso, hasta que el juez Leonardo Bavio le otorgó la libertad tras un recurso presentado por su representante Matías Adet.

Según las denuncias asentadas en el expediente de la justicia federal, Fili había sido designado por Resnick Brenner para cobrar coimas millonarias a empresarios a cambio de limpiar sus expedientes. La modalidad consistía en crear situaciones comprometidas para algunos de los contribuyentes, para luego aparecer en escena y brindarles una «solución» a cambio de beneficios económicos. Esto último consistía en dejar de ser fiscalizados o dictar resoluciones a favor del contribuyente. Dentro de esta última categoría aparecían, por ejemplo, empresarios agrícolas acusados de explotación infantil en campos del norte provincial.

Una de las denuncias más resonantes fue la formulada por Paul Vuillermet, dueño de finca La Maravilla en el departamento San Martín. En ella, el empresario francés da cuenta de un procedimiento por trata laboral en el que habría intervenido el ex Juez Federal Raúl Reynoso y miembros de la AFIP. Vuillermet indicó que al momento de prestar declaración indagatoria quedó detenido, pero antes, el doctor Reynoso llamó a su despacho y le dijo que lo tenía que detener porque había una presión muy grande de AFIP para que eso ocurra. Al parecer Brenner, Fili y Reynoso trabajaban en tándem.

Finalmente, Vuillermet declaró que «un comerciante de apellido Barakat, de Salvador Mazza, que trabajaba para el juez Reynoso, conforme le hiciera saber, le pidió plata para solucionar su problema». La plata era nada menos que un millón y medio de pesos, y Barakat era nada menos que un narco cercano a Reynoso condenado a 12 años de prisión por contrabando de precursores químicos.

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here