Desde Tata Ogue Mbae, organización de comunidades originarias del pueblo Ava Guaraní de Orán, denuncian que una jueza arremete contra una comunidad y favorece a terrateniente. Consideran que la magistrada dará un dictamen que legalizará el despojo sistemático que vienen padeciendo los habitantes originarios Weenhayek.
Una nota publicada en el blog de Tata Ogue Mbae (Fuego que no se apaga), organización de comunidades originarias del pueblo Ava Guaraní del Departamento Orán, da cuenta de la situación que involucra a la Jueza Ana María de Feudis, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial Norte, circunscripción Tartagal por un lado y por otro a las familias de la comunidad Gallardo, etnia Weenhayek, de la localidad de Embarcación.
Reproducimos a continuación la nota:
Conflicto territorial:
Se trata de la Jueza Ana María de Feudis, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial Norte, circunscripción Tartagal, en la provincia de Salta, quién causó gran indignación a las familias de la comunidad Gallardo, etnia Weenhayek, de la localidad de Embarcación, al norte de la provincia de Salta, cuando vieron el modo en el que se desarrolló la inspección ocular que estaba prevista por el conflicto territorial suscitado en 2013 entre la comunidad y el terrateniente Jorge Ortega Velarde, por el que ambas partes llegaron a la instancia judicial.
Tras una serie de mediaciones (tres en total) por la causa, en el que no hubo acuerdo, el juicio continuó en 2014. A mediados de ese año, los representantes legales de la comunidad interpusieron una medida cautelar de No Innovar tras consumarse una serie de atropellos y falsas denuncias a las familias Weenhayek, como estrategia empleado por el terrateniente Ortega, quien ávidamente sedujo al Cacique de la Comunidad Wichí “El Cristo Arriba”, Antonio Salvatierra (actual empleado del terrateniente), “donándole” 17 hectáreas que abarca todo el sector donde se encuentra asentada la comunidad del Cacique Benito Rodríguez, generando así confrontación entre ambos.
La cuestionada “donación” se efectuó el 12 de junio de 2014 en favor de la comunidad Wichí “El Cristo Arriba” (información obtenida de Expediente), casi a un año de suscitarse el conflicto con el terrateniente, al no haber encontrado la Jueza causa alguna a las falsas denuncias. Anterior a este acto, la mencionada comunidad, que tiene característica de barrio, carecía de cualquier tipo de escritura de la posesión, y sus límites físico estaba claramente establecido mediante alambrado a unos 30 metros al oeste, colindando con la comunidad Gallardo; sin embargo, tras la “donación” el mismo fue levantado hasta la fecha.
A pesar de la medida cautelar interpuesta por los defensores de la comunidad, al que la jueza dio lugar, no fue respetada bajo ningún término por parte del corrompido cacique Salvatierra, expresa el Cacique Rodríguez: “Desde que el terrateniente le hizo creer que le donó las tierras actúa como un terrateniente más, porque siempre dice es mi tierra, ustedes tienen que salir de aquí. Siempre está provocándonos para que le enfrentemos, pasa con changos por nuestra comunidad y luego va a poner denuncia diciendo que nosotros le hemos agredido, pero no es así. Estando vigente la medida cautelar ellos fueron a construir un puesto cerca de la comunidad. Una vez vino con un grupo y la topadora de la municipalidad queriendo hacer picada para alambrar en medio de la comunidad, ahí sí nos hemos parado para resistir el avance, pero nunca le levantamos las manos, él sí me dio un golpe en la boca y me dejó el labio partido cuando vio que no le dejábamos pasar a la máquina”, relata el Cacique.
Los comuneros, indignados, aseguran que detrás de todo esto se encuentra el terrateniente Ortega, quién es representante de la empresa El Suri Agropecuario Sociedad Anónima, con el que se mantiene el litigio. Curiosamente, los abogados litigantes del empresario terrateniente son los mismos que patrocinan al polémico cacique Antonio Salvatierra.
El miércoles 03 de junio (2015), las familias de la Comunidad Gallardo, aguardaban con ansias la llegada de la jueza que lleva adelante el juicio por el conflicto territorial, el cual lleva ya casi dos años, pero grande fue la sorpresa cuando vieron llegar a la magistrada en el vehículo del terrateniente con sus abogados en horas del medio día; aún mayor fue la sorpresa cuando con prepotencia y, de manera autoritaria, se dirigió a las familias del lugar, manifestando que deben entregar las tierras al terrateniente . Rodríguez, indignado cuenta lo ocurrido ese día: “aún no puedo creer que la jueza venga directo a decirnos que nos tenemos que ir, que no tenemos nada que hacer aquí porque el titular registral de las tierras es el señor Jorge Velarde Ortega con Antonio Salvatierra, ni siquiera quiso oír a la gente que le decía que somos nativos del lugar”, relata.
Aseguran que, a pesar de todo, van a continuar resistiendo a este intento de un nuevo despojo del lugar donde tradicionalmente habitaron, el cual lo vienen padeciendo, inclusive, antes de la fundación de la ciudad de Embarcación.
La historia oculta del despojo
Históricamente los Weenhayek habitaron las inmediaciones del Rio Bermejo, conjuntamente con otros pueblos originarios como los Guaraníes, Tobas y Wichí, con quienes compartieron el territorio desde tiempos remoto. Hoy se encuentra erigida la ciudad de Embarcación en el lugar donde residieron los Weenhayek y demás pueblos originarios. “Justo donde se encuentra actualmente el Hospital, la Terminal de Ómnibus y el Complejo Deportivo Municipal se encontraban las tolderías en el que habitaban las familias Weenhayek y demás etnias que fuimos reducidos por la Iglesia Evangélica allá por el año 1910”, relata Manuel Montes, historiador y Coordinador del Consejo de Caciques Weenhayek.
Montes, relata a la vez el modo en que fueron despojados los Weenhayek, y demás pueblos originarios de esos lugares. “Nosotros hemos habitado en la Misión Evangélica hasta 1963, en ese año el pastor noruego Pet Pétersen hizo arreglos con el municipio para llevar a las familias a la actual Misión La Loma. En esa época muchos hermanos no estuvieron de acuerdo con esa decisión y empezaron a dispersarse en lo que hoy es El Cristo Arriba y el Cristo Abajo, y por supuesto en la superficie donde se encuentra actualmente la comunidad Gallardo”, cuenta el cacique general.
Por su parte, Adelio Gallardo, uno de los más ancianos del lugar, agrega: “No vinimos de afuera, ni de otro lado, siempre hemos habitado en este territorio, el que vino de afuera es este terrateniente Jorge Ortega, ni siquiera vive aquí, es de Buenos Aire, pero dice que es propietario de más de 4.000 hectáreas y que hace 42 años que está por estos lados, pero nosotros le decimos que hemos nacido aquí y nuestros papás y abuelos siempre recorrieron e hicieron uso de este territorio”, afirma.
Consideran que en caso de ser favorecido el terrateniente con el fallo de la Jueza se legalizará el despojo sistemática que vienen padeciendo históricamente los pueblos originarios del lugar. Además representaría una nueva violación y atropello a los derechos indígenas, en especial la Ley Nacional de Orden Publico 26.160 y sus Prórrogas que se encuentra vigente, el cual prohíbe todo tipo de desalojo a las comunidades.
