La condena por la mega estafa del fideicomiso «Virgen de Urkupiña» a la ex-Secretaria Gral de la ADP Patricia Argañaraz y a la ex-Tesorera de ese gremio Ana Maria Cerezo, no trajo ningún alivio a las más de 130 familias damnificadas. Sin embargo continua la lucha por recuperar la inversion realizada a pesar de los obstaculos, donde la justicia y los intereses privados juegan un papel crucial.

 

La estafa del fideicomiso “Virgen de Urkupiña” dejó una estela de perjuicios económicos y emocionales para más de 130 familias. Tras las condenas a los responsables de este fraude millonario, los afectados siguen luchando por la devolución del dinero que, en muchos casos, les permitió soñar con una vivienda propia. La batalla, sin embargo, parece no tener fin. A lo largo de los últimos años, los damnificados han estado representados por dos abogados: Flavia Calvente y Eduardo Romani, quienes gestionan el reclamo en nombre de las víctimas.

El rol de los bogas

Flavia Calvente, una de las abogadas que representa a los damnificados, tiene un lazo directo con la ADP: es sobrina del secretario general del gremio, Fernando Mazzone. Este hecho plantea un dilema ético, ya que muchos de los afectados temen que sus intereses no sean defendidos con la suficiente independencia. Mientras Calvente procura evitar que el gremio se vea afectado económicamente, su rol como abogada parece estar entrelazado con intereses institucionales que pueden contradecir la verdadera reparación para los damnificados.

Por otro lado, Eduardo Romani, el otro abogado de los afectados, plantea una postura más radical, sugiriendo que si no se llega a un reconocimiento adecuado de las deudas, la ADP debería hacerse cargo de la devolución del dinero invertido por los afiliados. Esta propuesta, aunque más contundente, también refleja la complejidad de la situación y la dificultad de encontrar una solución justa para todos.

En este escenario, el síndico que interviene en el proceso ha determinado que aquellos que no hayan cancelado la totalidad del monto de los terrenos recibirán una devolución con “alguna actualización”. Sin embargo, este concepto sigue siendo ambiguo, ya que no se ha especificado con qué criterio se hará dicha actualización. Este vacío de información, junto con los intereses aplicados a las devoluciones —un 53%, mucho más bajo que cualquier crédito en el mercado—, ha generado dudas y desconfianza entre los afectados.

Los casos individuales siguen dejando en evidencia las desproporciones entre los montos invertidos y lo que se está ofreciendo como compensación. Por ejemplo, un damnificado que invirtió 200.000 pesos en 2017 (equivalentes a unos 11.500 dólares en ese momento) ahora recibiría apenas 750.000 pesos, lo que equivale a 602 dólares. Otro caso similar muestra que alguien que invirtió 338.000 pesos a finales de 2016 (equivalentes a 18.700 dólares) recibiría solo 1.093.000 pesos (877 dólares). En todos los casos, las diferencias entre el valor real del capital invertido y el monto de devolución son alarmantes, lo que plantea serias preguntas sobre el proceder de los abogados y del propio proceso judicial.

Una promesa Rota

El origen de este entramado de estafas remonta a 2016, cuando Patricia Argañaraz, ex secretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP), promovió el fideicomiso “Virgen de Urkupiña” como un fondo destinado a ofrecer viviendas populares a los afiliados del gremio. Lo que comenzó como un proyecto privado pero promovido con el respaldo gremial, rápidamente se transformó en una de las mayores estafas en la historia reciente de la región.

Los docentes se vieron seducidos por la oferta: un aporte inicial de 145.000 pesos (8.055 dólares a valores de 2016) para acceder a viviendas en Cerrillos o San Luis, además de firmar un seguro de vida y adherir a una tarjeta de débito o crédito desde donde se descontaban las cuotas mensuales. Sin embargo, la realidad era bien diferente: los terrenos en San Luis no existían, y en Cerrillos, Argañaraz intentó utilizar los terrenos del camping de la ADP sin el consentimiento de la comisión directiva.

Conflicto Familiar

El primer quiebre dentro de este entramado ocurrió cuando Raúl Argañaraz, hermano de Patricia, denunció públicamente a su hermana por el fraude, admitiendo que su función en el negocio había sido la de maquillar los números en detrimento de los afiliados. Raúl, quien también formaba parte del proyecto como contador, se presentó como arrepentido, exponiendo los manejos irregulares y los desvíos de fondos de los cuales él mismo fue partícipe.

La fractura familiar parecía ser la punta del iceberg de un conflicto mucho mayor. La denuncia de Raúl Argañaraz también destapó otras irregularidades, como viajes de lujo financiados con fondos del sindicato a destinos como Europa, Brasil, Estados Unidos y Costa Rica. Estos detalles, junto con la presión mediática, comenzaron a visibilizar una red de corrupción que involucraba no solo a Patricia Argañaraz, sino a otras figuras clave dentro del gremio.

Ruptura y condena judicial

El escándalo alcanzó su punto máximo cuando, en 2019, Patricia Argañaraz fue destituida de su cargo como secretaria general de la ADP. A pesar de que el gremio no figuraba formalmente en los documentos vinculados al fideicomiso, los afectados nunca dejaron de golpear las puertas de la ADP, buscando respuestas por el daño causado. Sin embargo, el proceso judicial, que comenzó a desarrollarse en paralelo, no fue menos tumultuoso.

Finalmente, el 27 de abril de 2019, el juez José Luis Riera condenó a Ana María Cerezo tesorera del gremio y a Patricia Argañaraz, a seis años de prisión efectiva por los delitos de administración fraudulenta y 26 hechos de estafa reiterada. Raúl Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, involucrados en la administración del fideicomiso, recibieron penas de tres años de prisión condicional por su rol como partícipes necesarios en el desfalco.

A pesar de las condenas, las víctimas del fraude no obtuvieron una reparación inmediata. En su lugar, el proceso judicial se prolongó y las víctimas continúan luchando por la devolución de sus ahorros. La posibilidad de una acción civil para recuperar los fondos podría demorar aún más, con un promedio de espera que oscila entre los cinco y ocho años, y en muchos casos, los afectados temen que sus ahorros nunca sean restituidos.

¿Quién Debería Pagar?

Con los terrenos actualmente cotizados entre 20.000 y 25.000 dólares, surge la pregunta de por qué la justicia no ha reconocido un valor equivalente para los damnificados. La devolución de un monto mucho menor que el capital invertido deja a los afectados con la sensación de que el sistema judicial no está protegiendo sus derechos.

Más aún, se plantea otra duda crucial: los honorarios de los abogados involucrados en este proceso, que representan a los damnificados, ¿están alineados con los intereses de estos últimos? La falta de transparencia en la forma en que se manejan las compensaciones y la ambigüedad en las soluciones propuestas por los abogados de los afectados agravan aún más la desconfianza en el sistema.

Es difícil no preguntarse si, una vez más, serán los damnificados quienes, al final, paguen el precio de la estafa. Aunque la justicia ha condenado a los responsables del fraude, el sistema sigue sin ofrecer una solución equitativa para quienes fueron perjudicados. Mientras las víctimas siguen esperando, la sensación de que la justicia podría hacer pagar a los afectados una vez más se hace cada vez más fuerte.

A medida que avanza el proceso judicial, queda claro que la estafa del fideicomiso “Virgen de Urkupiña” no es solo una historia de fraude y corrupción, sino también de desprotección para aquellos que confiaron en un proyecto que nunca cumplió sus promesas. La lucha por la devolución del dinero sigue siendo, por ahora, una batalla sin un final claro. ¿Hasta cuándo deberán esperar los afectados para que se haga justicia? Y lo más importante, ¿quién pagará finalmente el precio de la estafa?