Cuatro municipios se fueron de mambo con el aumento de impuestos y ahora no podrán cobrarlos en boletas de luz. Una resolución del ENRESP puso un freno a los incrementos desmesurados en las boletas de EDESA que, en algunas localidades, llegaron al 1436%.
El sector de los servicios públicos ha sido siempre un campo plagado de tensiones entre la necesidad de garantizar la calidad del servicio y la protección de los derechos de los usuarios. La historia reciente en la provincia de Salta, particularmente con el caso de los aumentos desmesurados en los tributos municipales incorporados en las facturas de EDESA, ha puesto en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control en el sector. La Resolución N° 375/2025, emitida por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), apunta a ese fenómeno que ha alarmado a los usuarios y generado un clima de incertidumbre y desconfianza en la facturación de los servicios.
Boletas gordas
A lo largo de 2024, los usuarios de diversas localidades de la provincia de Salta comenzaron a manifestar su preocupación ante las facturas de electricidad de EDESA, empresa encargada de la distribución del servicio en la región, al detectar aumentos desproporcionados en los tributos municipales que se anexaban a los montos a abonar. Estos aumentos no solo superaron el índice inflacionario del país, sino que alcanzaron cifras alarmantes en ciertos municipios, con incrementos que excedieron el 1.000%, desbordando cualquier expectativa razonable sobre la evolución de los precios.
En respuesta a estas crecientes inquietudes, el ENRESP requirió información a las empresas a fin de verificar los datos y determinar la magnitud de los aumentos. El informe finalizó con una conclusión contundente: los tributos municipales reflejados en las facturas de EDESA en municipios como: Cafayate, Tartagal, General Pizarro y San Ramón de la Nueva Orán experimentaron incrementos exorbitantes, con cifras que alcanzaron el 1.436%, 1.410%, 1.236% y 1.221%, respectivamente, entre enero de 2023 y diciembre de 2024.
Este panorama puso en evidencia una clara violación de la Ley N° 8457, que establece que las actualizaciones tarifarias de los servicios públicos no pueden superar el acumulado del índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el INDEC. De hecho, los aumentos detectados superaron ampliamente los índices oficiales de inflación, lo que constituyó una flagrante desviación de las pautas tarifarias establecidas por la ley.
Otros datos aportados por EDESA dan cuenta que el consumo promedio en Orán es de entre 470 y 780 kilowatts por mes, dependiendo la época del año. En San Martín, en tanto, oscila entre 370 y 670 kw/mes.
El gobierno provincial destinó en los últimos dos años $8.500 millones para sostener una tarifa diferencial por zona cálida. Además, hubo una bonificación para las categorías G1 y G2 del 30% de descuento por un año para usuarios de Orán y San Martín.
Sin embargo, en los departamentos San Martín y Orán, las conexiones clandestinas suponen un perjuicio en gasto energético estimado en U$D 1.776.912.
Pasión recaudatoria
Las cifras presentadas por el informe de EDESA son alarmantes y reflejan una acumulación de cargos impositivos que comprometen la capacidad de pago de los usuarios. La multiplicación de tributos y tasas no solo sobrecargó las facturas, sino que también desbordó el principio de gradualidad, establecido en la Ley N° 8457, que busca proteger a los consumidores de aumentos desmesurados que no se correspondan con su capacidad económica.
El ENRESP subrayó la necesidad de un control más riguroso sobre las facturas de los servicios públicos. Aunque reconoce la autonomía de los municipios para fijar sus tributos, el Ente tiene la facultad de regular el contenido de las facturas emitidas por las empresas de servicios públicos, con el objetivo de asegurar la transparencia y evitar abusos que perjudiquen a los consumidores.
Como respuesta a los informes y a la gravedad de la situación, el ENRESP ordenó a EDESA que, en un plazo de 30 días, detalle de manera precisa los tributos municipales en las facturas, con la indicación de los montos exactos correspondientes a cada concepto. Además, se solicitó a la empresa que presentara, en un plazo de cinco días, todos los antecedentes relacionados con la percepción de estos tributos. Estas medidas buscan garantizar que los usuarios puedan conocer con claridad los montos que están pagando y evitar que se oculten cargos excesivos.
Por otro lado, se notificó a los municipios involucrados sobre la resolución, instándolos a presentar los convenios de percepción de tributos para su revisión y eventual aprobación por parte del Ente..
Marco legal
La Ley N° 8457, que regula las actualizaciones tarifarias de los servicios públicos, es clara al respecto: las tarifas no pueden incrementar más allá de lo que indique el índice de precios al consumidor publicado por el INDEC. Además, establece que las empresas prestadoras de servicios deben desglosar en sus facturas la información suficiente para que los usuarios puedan conocer de manera transparente los cargos que les corresponden. La falta de cumplimiento de esta normativa puede generar una distorsión de la realidad económica de los usuarios, quienes, en muchos casos, se ven obligados a abonar montos que no corresponden a la calidad ni la cantidad de servicio recibido.
Es importante señalar que, aunque la Ley N° 8457 permite que las empresas de servicios públicos recauden tributos municipales en nombre de los municipios, esta medida no debe convertirse en una excusa para que las autoridades locales aumenten los impuestos sin justificación alguna, sobrepasando los límites legales establecidos y afectando la capacidad de pago de los usuarios.
La Resolución del ENRESP se presenta como una respuesta frente a los desmesurados aumentos de impuestos municipales, pero lo cierto es que refleja una situación más amplia de desequilibrio entre la necesidad de recaudación de los municipios y la protección de los derechos de los consumidores. Mientras las autoridades locales continúen aumentando los tributos sin justificación, el impacto en los usuarios será inevitable, y la cuestión de la transparencia y la equidad en la facturación seguirá siendo un tema pendiente.
