Tema central de la reunión de la Corte Suprema son los pedidos de per saltum planteados por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
Buscan que el tribunal los auxilie después de una sucesión de decisiones adversas por parte del Consejo de la Magistratura, el Senado, el Poder Ejecutivo, la Cámara de Casación, la Cámara Federal, además de jueces y fiscales en lo contencioso administrativo, que cuestionaron sus nombramientos por traslados en cargos en Comodoro Py, por lo que deben volver a sus puestos de origen.
Las presiones sobre el alto tribunal llegan a extremos, tales como el episodio de escrache al juez Ricardo Lorenzetti, que demuestran cómo un discusión jurídica e institucional fue transformada en una pulseada política, marcada por fuertes intereses de fondo.
El plenario podría ser presencial. El fiscal ante ese tribunal cuestionó los traslados y pidió que se rechace el amparo.
La ofensiva de Rosenkrantz en favor del trío de jueces, hace dos semanas, cuando dio a entender que la Corte trataría los recursos de per saltum, instrumento excpecional para casos de gravedad institucional. El resto de los supremos esperó que la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolviera el amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi en su intento por conservar los cargos en la Cámara donde fueron trasladados, sin acuerdo del Senado, por el gobierno de Mauricio Macri.
Para forzar el tratamiento del tema, el presidente del alto tribunal hizo uso de una de las pocas facultades que le permiten decidir algo en soledad y estableció que el tema a tratar serían los per saltum. Hasta el anochecer del lunes, ninguno de los ministros de la Corte había presentado proyecto de voto alguno. Nadie parece querer mostrar sus cartas antes del encuentro.
La sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, rechazó una cautelar de Bruglia y Bertuzzi pero debe decidir si son válidos o no sus traslados.
Si la Cámara se expedía antes del acuerdo, el per saltum hubiera quedado abstracto. Pero los dos jueces que analizaban el tema, Jorge Alemany y Guillermo Treacy, quieren cosas diferentes, uno quiere anular el fallo de primera instancia de la jueza María Biotti, que rechazó el amparo de los jueces, y el otro quiere avalarlo y cuestionar los traslados.
Esta situación llevó a la necesidad de que se sortee un tercer juez, pero increíblemente había problemas con el sistema informático y se tendrá que hacer de forma manual, con un bolillero.
El fiscal ante la Cámara, Rodrigo Cuesta, presentó también un duro dictamen contra Bruglia y Bertuzzi, que sostiene el rechazo de los traslados y que deben volver a sus cargos originales. La propia Cámara Federal se opuso a sus traslados en el momento en que fueron concretados. El dictamen recuerda que la Corte dijo en ese momento que, el sistema de traslados es de «marcada excepcionalidad, que en ningún caso podría desnaturalizar el procedimiento constitucional de selección de magistrados». Es claro que los traslados de Bruglia y Bertuzzi no cumplen los requisitos que podrían eximirlos del acuerdo del Senado, es decir, ser mudados a la misma jurisdicción y competencia y en materia y grado.
El final es abierto. Uno es que los supremos se junten y no lleguen a ninguna decisión, porque normalmente los per saltum se resuelven rápido y estos llevan varias semanas. Otro es no abrir ese recurso, pero exhortar a la Cámara en lo Contencioso a que resuelva de manera urgente. Otra alternativa sería aceptar el per saltum pero tomarse mucho tiempo para resolverlo. O podrían rechazarlo porque sí.
Zaffaroni, por su parte opina que no cree «que la Corte firme la partida de defunción del poder judicial», teniendo en cuenta que habilitar cualquier traslado de jueces es acceder a que «cada presidente se arme un Poder Judicial». El ex presidente de la Corte opina que la teoría de la impunidad de Cristina Fernández de Kirhcner, es un pretexto». Lo real acá es que se fueron 80000 millones de dólares y el temor es que a un juez cualquier, imparcial en lo posible, se le ocurra averiguar a que bolsillos fueron a parar».

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