A seis meses de su remisión al senado de la provincia, la ley de «ficha limpia» para aspirantes a cargos públicos electivos corre riesgo de caer en saco roto. Aquí algunas elucubraciones y posibles motivos por los que su aprobación en la legislatura sigue sin ser una realidad.

Por Nicolás Bignante

La tibieza con la que algunos temas de comprobada relevancia para la ciudadanía son abordados por la dirigencia política tiene dimensiones asombrosas. A pesar de ser una contundente demanda social, el proyecto de ley de Ficha Limpia para que los ciudadanos condenados por la justicia no puedan acceder ni ser candidatos a cargos públicos, duerme en los cajones de la cámara alta salteña. Aunque el contenido de la norma esté plagado de inconsistencias y, en los hechos, su aplicabilidad parezca una quimera, las señales de la dirigencia son inequívocas. No se podía esperar otra cosa. Sólo en los pupitres del poder legislativo los posibles afectados por la norma podrían conformar un bloque y definir con liviandad el quórum de las sesiones.

En la plataforma Change.org una propuesta de similares características al proyecto presentado en Salta reunió más 375.000 adhesiones, convirtiéndose en una de las peticiones más firmadas del país. En provincias como Chubut y Mendoza la iniciativa ya es una realidad y en otros distritos se espera su tratamiento legislativo. En la provincia viñatera la norma sólo alcanzó a los postulantes provinciales en la última elección, unos 2800 candidatos que en su gran mayoría pasaron el filtro porque los propios partidos se encargaron de hacer cumplir la ley. Según informó la secretaría electoral, menos de 20 postulantes tenían algún historial en la justicia.

En Salta, no obstante, las idas y vueltas entre senadores y diputados impiden el tratamiento efectivo del proyecto y su posterior aprobación. El pasado 13 de abril la cámara de diputados le otorgó media sanción, pero el texto debió ser remitido nuevamente al senado, puesto que la cámara alta había realizado modificaciones al proyecto original. El Senado había introducido el concepto de “condena firme”, pero los diputados insistieron en la primera versión que establecía que los candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales no deben portar una condenada por sentencia judicial en segunda instancia. En ambos casos coincidieron en que la norma debía aplicarse para los siguientes delitos: a) Los cometidos en contra de la Administración Pública, b) Los cometidos contra el Orden Económico y Financiero, c) Los cometidos contra las personas y d) Los delitos contra la integridad sexual. A seis meses de haber sido remitido al senado, la iniciativa corre el riesgo de caer en saco roto al igual que tantas otras que apuntaban directamente a menguar los privilegios de la casta política.

Impunes y privilegiados

Los antecedentes de la dirigencia política salteña dan cuenta de los motivos por los cuales la aprobación de dicho proyecto se difiere indefinidamente en el tiempo. Al menos 52 funcionarios salteños solicitaron el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en 2020, pese a que ello no está previsto en la normativa nacional vigente. Se trata de varios concejales, un intendente y un diputado que están siendo investigados por fraude contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ocho de ellos fueron sobreseídos la semana pasada por no haber llegado a concretar el cobro del beneficio.

Además, como se dijo, son numerosos los casos de legisladores en funciones que aún deben respuestas a la justicia por comportamientos reñidos con la ley. Al vicepresidente primero de la cámara Ignacio Jarsún, el concejo deliberante de Rosario de Lerma le pidió que rindiera las cuentas de los bancos del año en que finalizó su gestión al frente de la Intendencia. Esto se debe a que hay 174 millones de pesos que aún no se sabe a dónde fueron a parar.​ Jarsún también fue acusado de crear una sociedad con el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, sobre la que no se conoce actividad. Además, fue denunciado por la abogada Noelia Bonetto por hacer apología de los linchamientos lugo de conocido el femicidio de Abigaíl Riquel.

Ignacio Nacho Jarsun

Su pollo, Omar Exeni, fue el primero de una larga lista de nombres que figuran como beneficiarios de la ayuda estatal conocida como ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), a pesar de contar con un suculento salario en blanco y de ser el dueño de su propia empresa. El legislador, haciéndose pasar por empleado de su propia fiambrería, cobró el beneficio nacional.

Entre los que apoyaron la impunidad de Exeni en el recinto se encuentran, además de él mismo, referentes oficialistas como Javier Diez Villa y Germán Rallé, presidentes de bloques ambos. También lo hicieron Patricia Hucena; Ignacio Jarsún, devenido en guardaespaldas personal del fiambrero; Gustavo Orozco, quien enfrenta causas por torturas cuando lideraba la brigada de Rosario de la Frontera; Adrián «chico malo» Valenzuela, recientemente denunciado por un albañil al que le encargó levantar una tapia y nunca le pago y Noelia Rigo, quien fuera sorprendida el año pasado conduciendo en estado de ebriedad. A favor de investigar a Exeni votaron diputados como Ramón Jesús Villa, quien días antes había sido demorado en un control de gendarmería por llevar encima un revólver calibre 32 con funda de cuero marrón sin ningún tipo de credencial ni documentación.

Omar «ATP» Exeni

 

Los protegidos del «gringo»

También el senado que preside el vicegobernador Antonio Marocco tiene sus razones para diferir la aprobación del proyecto de ley. El reelecto representante de Rosario de Lerma Sergio Omar «topo» Ramos enfrenta pedidos de desafuero por encontrarse acusado del delito de peculado. El juez Colombo solicitó en junio de este año al senado la remoción de sus privilegios legislativos ante la necesidad de «proceder a la extracción compulsiva de fichas dactilares y la confección del prontuario».

Sergio «Topo» Ramos

De igual manera, el vicepresidente primero de la cámara, Mashur Lapad, se encuentra salpicado por un gravísimo escándalo narco que tiene como protagonista a su sobrino Sergio. El muchacho lideraba una banda que cayó en 2019 mientras trasladaba 30 kilos de droga desde Morillo. Fue condenado en marzo de este año a la pena de seis años de prisión. Antes de caer, su padre Juan Lapad le había advertido por mensaje de texto: “Cuidate porque los tíos dicen que estás en la cuerda floja y que la brigada te anda investigando”.

Mashur Lapad

También el senador por Rosario de la Frontera y convencional constituyente, Javier Mónico, enfrenta una denuncia por parte de un vecino de la localidad termal. Él, junto a su primo el intendente Gustavo Solís, fueron denunciados por Ricardo Moyano, un hombre que encontró su nombre en una nómina de beneficiarios de planes sociales pese a no haber percibido nunca el beneficio.

Javier Mónico

Algunas limitaciones

Legisladores de representación ideológica antagónica como Cristina Fiore y Claudio Del Pla acordaron en la necesidad de terminar con la impunidad, aunque cuestionaron la aplicabilidad de la norma en discusión. La diputada por PARES citó un estudio según el cual un caso promedio de corrupción demora 23 años hasta lograr una sentencia firme, lo que tornaría inefectiva la requisitoria de una «ficha limpia». El diputado trotskista, por su lado, recalcó que la ley sin juicios no funciona y citó como ejemplo el caso del ex gobernador Juan Carlos Romero, al cual el propio diputado le hizo 6 denuncias en la Justicia, pero sin conseguir que avancen.

A ambos les asiste la razón. Un informe publicado por el Consejo de la Magistratura de la Nación da cuenta que, del total de causas de corrupción que tramitaron en la justicia federal durante los últimos 20 años, el 92% ni siquiera llega a juicio. Solo el 8% de los expedientes más sensibles para la vida institucional del país derivaron en un juicio oral, la instancia que define si un acusado es culpable o inocente. Sobreseimiento, falta de mérito, archivo y prescripciones fueron los principales destinos de las causas de corrupción en la Justicia que involucraron a presidentes, ministros, empresarios y otras personalidades.

En Salta, en tanto, los relevamientos disponibles tienen ya algunos años, aunque marcan una tendencia. Los actos de corrupción más denunciados son: Peculado, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito.

 

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