Hay 38 proyectos mineros en el país que tienen al litio como mineral principal. 17 en la provincia de Salta, 14 en Catamarca, 5 en Jujuy, 1 en San Juan y 1 que comparten Catamarca y Salta (Sal de oro, ubicado en la parte norte del salar del Hombre Muerto), según información de la Secretaría de Minería de la Nación.
Andrea Sztychmasjter
Ambientalistas de toda Latinoamérica junto a pueblos indígenas de la región insisten en que los capitales económicos de otros países no protegen los recursos naturales y territorios pese a la existencia de tratados internacionales que señalan la defensa del Ambiente y la Naturaleza como Derechos Humanos.
Describen que actualmente los recursos y la materia prima son entregados a empresas extranjeras asentadas como empresas mineras que no ofrecen ningún valor agregado.
De la otra parte, las empresas argumentan no solo la generación de fuentes de trabajo, mejoras en diversos aspectos para los pobladores donde se asientan sino también el exhaustivo control que el estado les exige para poder operar.
En Junio de 2019, el Gobierno Provincial de Salta presentó el proyecto de Ley de Promoción de Infraestructura Minera, Trabajo y Estabilidad Fiscal, que busca promover acciones para fomentar actividades productivas e infraestructura económica y social para el desarrollo de las comunidades de la Puna Salteña. El proyecto tenía por objetivos fomentar la realización y el mantenimiento de obras de infraestructura necesarias para el desarrollo minero, incorporando procesos de industrialización, promoviendo la generación de puestos de trabajo para los salteños y el crecimiento de proveedores locales.
Durante el año pasado se realizó en Salta el Seminario Internacional “Litio en Sudamérica” que marcó un récord histórico tras congregar a más de 1700 referentes globales del litio. Además, se puso en relevancia las fortalezas de Salta como un destino de reuniones excepcional. Más de ١١٠٠ eran asistentes argentinos, quienes se unieron a una audiencia internacional, que abarcaba desde Estados Unidos hasta Rusia, pasando por Chile, Francia, China, Bélgica, Venezuela, Bolivia, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido, México, India, Perú, Canadá, Alemania, Suiza, Italia, Países Bajos, Irlanda y Colombia.
Durante el encuentro, los especialistas analizaron diversas perspectivas en torno a las nuevas tecnologías para el cuidado del recurso hídrico. Uno de los expertos destacados, Joe Lowry, exploró la historia de la industria del litio desde sus inicios con la introducción de los automóviles eléctricos por parte de la empresa Tesla, y también discutió los desarrollos geopolíticos que la han moldeado.
Desde la Secretaría de Minería de la Nación informaron que Salta destaca con US$ 2.466 millones de inversión (26,5%) destinadas al desarrollo de los proyectos Sal de Oro, Mariana y Lindero, entre otros. Durante 2020 – 2021 se anunciaron inversiones por US$ 9.314,36 millones, correspondientes a proyectos en distintas etapas de ejecución. En Salta se destaca también el anuncio de la surcoreana Posco con un total de US$ 831 millones en el proyecto Sal de Oro. Además Ganfeng Lithium y Fortuna Silver Mines Inc. suman a la provincia US$ 900 millones de inversión en los proyectos Mariana y Lindero respectivamente.
En marzo de 2022 se inauguró la primera planta comercial de Litio en la provincia. El proyecto Sal de Oro de la productora de acero internacional POSCO en el Salar del Hombre Muerto. Según anunciaron oportunamente se producirá fosfato de litio. Con este insumo se realizará el proceso de producción de carbonato e hidróxido de litio que tendrá lugar en la planta del Parque Industrial de General Güemes.
Se espera que hacia fines de 2023 y principio de 2024, el proyecto tenga una capacidad de producción de 25.000 toneladas de hidróxido de litio por año, volumen suficiente para alimentar a las baterías de 600.000 vehículos eléctricos.
Además, el proyecto de Sal de Oro garantizará a partir de su entrada en valor un flujo de divisas por exportaciones netas de aproximadamente 260 millones de dólares anuales por los próximos 30 años.
POSCO cuenta con presencia en 53 países y una nómina de 63 mil empleados a nivel mundial. Además, es proveedora de la industria automovilística y de los astilleros navales surcoreanos desde hace más de 40 años.
Tiene tres líneas de negocios de acero (autos, construcción, energías renovables), infraestructura (gas licuado, agronegocios, y construcción) y nuevos negocios (litio y materiales de batería, e hidrógeno).
Educación Ambiental
En nuestro país, la Constitución Nacional (artículo 41), la Ley General del Ambiente (LGA) 25.675 (artículos 14 y 15) y la Ley de Educación Nacional 26.206 (artículo 89, 59) contemplan a la educación ambiental como un proceso fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía. La LGA, en particular, define a la educación ambiental en su artículo 8 como uno de los instrumentos de política y de gestión ambiental en Argentina. Así, las tres leyes mencionadas dan forma al marco normativo general de la educación ambiental.
En este aspecto, nuestra Constitución Nacional, además de establecer en el primer párrafo del artículo 41 el derecho fundamental a un ambiente sano y el consiguiente deber de preservarlo, lo cual solo será cumplido si se cuenta con normas que desarrollen los instrumentos idóneos de gestión y protección ambiental, incluye luego en el segundo párrafo del artículo citado a la educación ambiental como una de las herramientas de protección al ambiente.
Además, en nuestro país existen otras numerosas leyes específicas de protección del medio ambiente, la Ley de gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios (ley nº 25.612); el Régimen de gestión ambiental de aguas (ley nº 25.688); el Régimen de libre acceso a la información pública ambiental (ley nº 25.831); y la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (ley nº 26.331); entre otras.
La educación ambiental es un campo de intervención político pedagógica que impulsa procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad ambiental. En ese marco, distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas ambientales confluyen y aportan a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso.
Bajo esta perspectiva Enrique Leff describe que es necesario construir una nueva racionalidad, una racionalidad ambiental desde la ecología política.
“La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. Es la crisis de la razón de la modernidad reflejada en la naturaleza. Es la crisis del pensamiento y de las formas de conocimiento con las que hemos construido y destruido el mundo y nuestros mundos de vida. El dislocamiento de la racionalidad económica devasta la naturaleza, invade la vida, rompe los ciclos económicos y degrada el ambiente. Y como dice el autor en la contraportada de este libro: “[…] La racionalidad ambiental reinventa identidades e impulsa la emergencia de nuevos actores sociales en el campo de la ecología política, que confrontan las políticas de capitalización de la naturaleza y construyen nuevas estrategias para la reapropiación social de la naturaleza”.
Así también Leff en Ecología Política: una perspectiva latinoamericana, señala que la ecología política establece su diferencia con otras ecosofías y ecologismos que han surgido en el espacio de las ciencias sociales al definir su campo dentro del conflicto social y de las estrategias de poder que atraviesan los procesos de distribución ecológica y desigualdad social en la construcción de la sustentabilidad ambiental.
En conformidad con los Derechos Humanos, tanto las normas como resoluciones, pactos y tratados atinentes a la defensa del medio ambiente; la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) destaca la relación -y obligación de resultados- que los Estados deben asumir en materia del cuidado y protección del medio ambiente. En tal sentido, el desarrollo de sostenibilidad de protección del ambiente es -en esencia- idéntico al de los derechos humanos puesto que sin un ambiente sano el desarrollo de la vida humana misma, sería inadmisible. En consecuencia, los efectos adversos provocados por el cambio climático, ya sea por emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto ambiental debido al desarrollo económico en materia de contaminación, etc.; son nocivos tanto para las personas o comunidades que residan en el lugar o en sus adyacencias.
La Corte IDH sostuvo que el derecho a un medio ambiente sano posee dos dimensiones: una colectiva y otra individual.
En cuanto a la primera, afirmó que “constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras”. Por su parte, respecto a la faz individual consideró que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas en virtud a su conexidad con otros derechos, como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. De este modo, la Corte enfatizó que “[l]a degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”.
