Tendrá lugar otra reunión del Consejo Asesor encargado de actualizar las categorizaciones del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Se espera que esta vez no falte el ministro Sergio Bergman. Un informe publicado por la Auditoría General de la Nación sobre la aplicación de la Ley de Bosques indica que entre 2013 y 2016 Salta fue la provincia con mayor cantidad de deforestación en todo el país (331.559 has.).
Milcíades
El próximo lunes tendrá lugar un nuevo encuentro del Consejo Asesor Revisor del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), convocado por los gobiernos provincial y nacional luego de que estallaran los cruces mediáticos sobre el destino de unas 144.984 hectáreas de bosques nativos que albergan 32 fincas en el norte provincial. Los propietarios de las mismas habían obtenido el permiso correspondiente para realizar desmontes, pero tras un decreto emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en febrero pasado y refrendado por su homónimo provincial, se habrían visto obligados a detener las labores de deforestación hasta que fuera regularizada la situación.
En un artículo publicado con anterioridad en este semanario se dio cuenta tanto de la ausencia de dos entidades agrarias sumamente importantes —Prograno y la Sociedad Rural salteña— en el primer encuentro de este Consejo Asesor, como también del faltazo del actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Sergio Bergman.
En esa misma publicación, Enrique Derlindati, biólogo y representante de la parte académica en el Consejo, consultado por Cuarto Poder detallaba el objetivo del “cónclave ecológico”: resolver la actualización del OTBN para noviembre. Pero además señalaba que la discusión más delicada pasa por “la definición de líneas productivas, especialmente en áreas amarillas. Definir qué política de desarrollo será utilizada, sobre todo en referencia al Manejo de Bosques con Ganadería Integrada”. El profesional también indicaba que “la idea de la provincia no es cambiar el ordenamiento, no quieren modificar las áreas verdes, ni ampliarlas. Sino ver las políticas y planes de manejo a desarrollar en las áreas delimitadas. Para esto es importante el trabajo interdisciplinario y la diversidad de grupos. En ese marco es que nos hace ruido que Prograno y la Sociedad Rural no quieran participar”.
Días después, el viernes 4 de mayo, en declaraciones a El Tribuno, Lucas Elizalde, presidente de la Sociedad Rural, manifestaba que “la postura de la Rural será que el ordenamiento que tenemos se modifique, que se elimine gran parte del amarillo y que eso pase a ser verde (…) y que el Gobierno tome una postura diferente en el sentido de que prohíba desde lo permitido y no que permita desde lo prohibido, como venía haciendo con las recategorizaciones”.
Por su parte, Santiago Bayón, presidente de Prograno, la entidad donde resguardan sus intereses los productores de granos del NOA, dejaba claro que “en este conflicto hay tres niveles. En primer lugar el caso puntual de los 32 proyectos paralizados; el segundo nivel es que se crea una situación de inseguridad jurídica enorme porque los 32 recibieron un permiso y el permiso fue revocado, lo que para el futuro deja un antecedente de que no hay trámite que lo puedas dar por seguro en Salta; y, en el tercero, tenés el tema de que hay cinco millones de hectáreas pintadas de amarillo, que no se pueden categorizar porque Nación considera que eso es ir a un menor nivel de conservación y la Provincia, ante cualquier activismo de nivel ambiental, decide congelar».
Rescatemos otro artículo publicado en Cuarto Poder la semana pasada. “(…) el decreto 19 —de la cartera provincial dirigida por Paula Bibini— no es más que una elocuente defensa cargada de tecnicismos y citas jurídicas de los permisos otorgados por la Provincia para que los empresarios citados realicen los desmontes. Incluso, antes de pasar al apartado resolutivo, uno de los últimos considerandos establece que “(…) en el mismo sentido, y a fin de garantizar los derechos de los particulares beneficiarios de los permisos, correspondería disponer provisoriamente la suspensión de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo cuestionadas (…)””. Lo “provisorio” fue interpretado con claridad por los empresarios Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín, que como denunció y demostró Greenpeace, durante febrero continuaron desmontando en sus fincas a pesar de que éstas estaban incluidas en las resoluciones nacional y provincial.
Como se puede deducir, el panorama es poco alentador tanto para los bosques nativos que hay en Salta como para las comunidades originarias, campesinas o criollas que habitan las tierras categorizadas por el OTBN en el marco de la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Conservación de Bosques Nativos.
Nada indica que vayan a detenerse los desmontes para la expansión de la frontera agropecuaria, ya que los mismos resultan condición básica para que se desenvuelvan estos negocios que revisten ganancias exorbitantes para un sector minoritario de la sociedad y que como lo señalan tanto las experiencias históricas como los planes públicos (Plan Estratégico de Desarrollo 2030) no encontrarán límites para alcanzar sus objetivos en el ámbito de lo instituido. Es decir, el Estado y el gobierno son garantes de esta política económica y de sus correspondientes efectos.
La Auditoría acusa
A vuelo de águila recuperaremos algunos de los datos contenidos en el informe sobre la aplicación de la Ley 26.331, presentado por la Auditoría General de la Nación (AGN) en mayo del año pasado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación.
Según lo relevado por la AGN, Argentina se encuentra entre los 10 países del mundo que más deforestaron durante los últimos 25 años: se estima en 7 millones de hectáreas de bosques las pérdidas totales con una tasa promedio de 300.000 hectáreas por año. Las mayores pérdidas se registraron en la eco-región que conforman las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. En los registros del OTBN a nivel nacional, que contabiliza un total de 53.873.579 hectáreas, el 46% de las mismas, es decir, unas 25.231.880 hectáreas, se encuentran en estas cuatro provincias. A su vez, el 60% de estos bosques se encuentran en la categoría amarilla e incluso muchos registros boscosos han sido obviados en los mapas de registro, quedando sin ningún amparo legal.
La actualización del OTBN, en provincias como la nuestra, Santiago del Estero y San Juan, no cumple con las pautas metodológicas, y en el caso de Salta y Santiago, no registraron realización de audiencias públicas para la formulación del primer Ordenamiento, que en síntesis, el “cónclave ecológico” del que hablábamos más arriba se encargará de actualizar y ya vimos bajo qué parámetros. En el informe también se señala que Salta es la provincia con mayor cantidad de bosques nativos registrados en todo el país: 8.280.162 de hectáreas y que a su vez entre los años 2013 y 2016 registró la mayor pérdida de Tierras Forestales, tanto en términos legales como ilegales, con una superficie total de 331.559 hectáreas. Por ejemplo, nuestra provincia registra también la mayor cantidad de bosques deforestados que se encontraban categorizados como zonas rojas, un total de 5.593 hectáreas entre 2013 y 2016 (una clara violación a la Ley 26.331), mientras que se perdieron otras 33.600 hectáreas que se encontraban en zonas amarillas durante el mismo período.
Por último, cabe señalar que los auditores también destacan cómo la provincia de Salta mediante decretos logró burlar las disposiciones de la Ley Nacional 26.331 y encontrar la manera de recategorizar bosques nativos y habilitar sus desmontes, además de indicar también la completa falta de seriedad en los procesos públicos para la adjudicación de Planes de Cambios de Usos de Suelos. Por ejemplo, se estima que entre 2008 y 2015 para el uso intensivo de ganadería se habilitó la deforestación de unas 115.391 hectáreas, para agricultura unas 27.897 y para el sector mixto unas 32.301. Para el año 2030 los mentores del desarrollo para Salta prevén cuadruplicar el stock ganadero y para ello el gobierno de la provincia está habilitando desmontes en zonas protegidas porque según sus cálculos necesitan proveerse de unas 3 millones de hectáreas para implementar proyectos de “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada”. Un proyecto que según el biólogo que citamos al principio de la nota, es el tema más candente a definirse en el “cónclave ecológico”… claro está que por el momento la suerte de los bosques nativos ya está echada.
