Tres personas, entre ellas un abogado, fueron condenadas tras reconocer una serie de maniobras vinculadas con pagarés, abuso de firma en blanco, usura agravada y estafas procesales. Según la investigación, otorgaban préstamos a personas en dificultades económicas y después utilizaban los pagarés para iniciar juicios ejecutivos, incluso con domicilios inexistentes o que no correspondían a los demandados. Así conseguían embargos sobre salarios y bienes sin que las víctimas pudieran defenderse adecuadamente. El abogado Lucas Ignacio Molinas Grondona recibió tres años de prisión condicional, tres años de inhabilitación para ejercer y una multa de $15.000. Mirta del Valle López Nogales también fue condenada a tres años condicionales y $15.000, mientras que Jesús Federico Díaz recibió ocho meses de prisión condicional.
Pero la parte más curiosa de la cuenta llega al momento de hablar de la plata. Durante la investigación se secuestraron $4.624.000 y U$S 8.200, fondos que serán destinados a compensar a los damnificados y que los condenados deberán ayudar a liberar de las cuentas judiciales. Es decir: después de una investigación por maniobras económicas que incluyeron embargos y deudas, el dinero que quedó bajo custodia judicial terminará volviendo a las víctimas. Y frente a esas cifras, las multas judiciales de $15.000 parecen casi una pieza de museo: para ponerlas en contexto, entre los tres condenados suman $30.000, una cifra que equivale a apenas el 0,65% de los pesos secuestrados. La justicia hizo la cuenta; la inflación, probablemente, también.
