Dirigentes políticos y de fútbol robaban subsidios de emergencia a vecinos originarios. (Ulises de Salta)
Armados con ametralladoras cortas, chalecos antibalas y cascos de intervención urbana, agentes federales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaron diferentes allanamientos en la localidad salteña de Embarcación por una denuncia que se originó en Anses y motivó un rápido despliegue judicial. Referentes políticos locales, embanderados bajo los símbolos del club Central Norte, robaban a miembros de comunidades originarias actuando como intermediarios gestionando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Por el momento, los acusados continúan detenidos presos y la investigación abierta. Desde el Ministerio Público se informó oficialmente “el secuestro de documentación que ahora es motivo de investigación” Y agregaron: “No se descarta que de esta tarea surjan elementos que permitan ampliar la persecución penal a otros delitos que se podrían haber cometido, ya sea con respecto al trámite relacionado al IFE o con otros planes o beneficios sociales otorgados por el estado nacional”.
Los sospechosos son Jorge Moya, presidente del Club Central Norte de Embarcación; también su pareja y otro detenido sobre el que no se revelaron más datos. Las declaraciones del jefe nacional de la PSA confirman que el caso era seguido de cerca desde Buenos Aires: «Esta investigación comenzó por una denuncia de la Anses en Capital Federal. Y el procedimiento demuestra que no hay lugar para los vivos en la Argentina. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, nos dio expresas instrucciones para que seamos inflexibles con quienes se aprovechan de quienes más necesitan. El Estado está haciendo un esfuerzo inédito en favor de los que menos tienen y es nuestro deber protegerlos. Más aún en este contexto de emergencia».
Distintas fuentes judiciales coincidieron al señalar que la preocupación por las estafas en comunidades originarias, en este caso puntualmente de Embarcación, radica en que la modalidad delictiva puede repetirse en territorios similares, no sólo de la provincia como Orán o Tartagal, sino también en otras zonas del país como por ejemplo Chaco, Formosa, o Misiones.
La denuncia se originó en Buenos Aires pero la intervención judicial fue coordinada desde la Unidad Fiscal Salta. Al respecto, desde Buenos Aires, en el Ministerio Público Fiscal indicaron: “Se trata de sumas que iban de mil a dos mil pesos, según precisó el fiscal, quien explicó que ese dinero aparecía como pago de aportes o cuotas de los beneficiarios al club, para lo cual primero los afiliaban como socios” de Central Norte.
Y agregaron: “Los detenidos están sindicados como las personas que contactaban a los beneficiarios, a favor de quienes realizaban los trámites de cobro del IFE por el sistema de registro de la ANSES, gestión por la cual se quedaban con parte del dinero”.
