Una veintena de organizaciones de trans y travestis marchó en La Plata en repudio al fallo del juez Juan José Ruiz, que condenó a una mujer trans por su condición y con el agravante de ser peruana. Perú presentó un recurso de casación.
Había peruanas, claro. Brasileñas, bolivianas, paraguayas. También argentinas. Pero las que brillaban ya sea por el colorete, ya sea por el acento, ya sea por la oportunidad, eran las extranjeras. Latinoamericanas, claro. La convocatoria corrió por cuenta del Frente de Organizaciones TLGB La Plata, Berisso, y Ensenada, y La Red de Migrantes y Refugiados. Y se realizó en la Plaza San Martín, de La Plata, con el objetivo de escrachar tres nombres caros a la justicia local y, de paso, a la justicia local. Los caros: el juez Juan José Ruiz, del Tribunal unipersonal en lo Criminal Oral I y el fiscal Martín Chiorazzi –ambos por el fallo que condenó a más de cinco años a la travesti Claudia Córdova Guerra, utilizando el agravante de su nacionalidad peruana–; y el fiscal Fernando Cartasegna, que mantuvo durante “15 días detenidas a un grupo de compañeras”, añadió el Fotlgb.
Córdova Guerra fue detenida el 12 de abril de 2014 a partir de la sospechosa información provista por no-uniformados de la DDI platense, que durante el juicio no se acordaron siquiera del caso ni de la acusada. Durante la detención dijeron que le encontraron 3,5 gramos de cocaína, pero durante el juicio sólo quedaron demostrados 1,6.
El juez Juan José Ruiz consideró como agravante que la acusada fuera peruana. Aunque el fallo sólo habla de extranjería y no de la nacionalidad específica, es difícil imaginar una sentencia semejante si se estuviera hablando de nacionalidad estadounidense o británica, para dar un par de ejemplos. El fiscal Chiorazzi tuvo participación directa. Es quien propuso el agravante por extranjería.
Por su parte, el fiscal Cartasegna está señalado por las organizaciones que marcharon ayer como perseguidor de travestis, y a quien acusan de haber mantenido detenidas durante 15 días a un grupo de ellas.
El resultado del juicio fue la condena a 5 años y 3 meses para Córdova Guerra. Ayer, más de 20 organizaciones pidieron la destitución del juez y el fiscal. “Repudiamos y pedimos juicio político y destitución para ambos, y también para el fiscal Fernando Cartasegna, que tuvo 15 días detenidas a un grupo de compañeras”, comentó Claudia Vásquez Haro, una de las convocantes al escrache.
Vasquez subrayó que el repudio no es sólo al juez y fiscales sino que se extiende a “todo el sistema judicial”. “El caso de Claudia no es una situación aislada –señaló el Frente–, ya que cientos de compaleras se encuentran todos los días con prácticas violentas y discriminatorias que profundizan el exterminio, la precarización y la exclusión sistemática e histórica”. También calificó al fallo como “fascista, xenófobo y transfóbico”.
“Esto no es un caso aislado”, reiteró Vasquez, pero señaló que en este caso el agravante es que el fallo se centra en la nacionalidad. “Tiene un fuerte componente de xenofobia y discriminación, además de violar la identidad de género, porque la llaman con nombre de varón y le agregan un alias a su nombre”, manifestó.
Fuente: Página 12
