Por expreso pedido del director del ENACOM, una veintena de licencias de radiodifusión que deberían haber sido adjudicadas hace tres meses, serán utilizadas como botín de campaña del Frente de Todos en los comicios próximos. Triste recurso de una fuerza política local sin rumbo ni estrategia.

 

Durante la gestión macrista y tras la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), se puso en marcha un plan de regularización de FM’s, tendiente a «normalizar» la situación de las emisoras de todo el país. El objetivo declarado por entonces fue el de regularizar la situación de aquellas emisoras «reconocidas» y las que operaban con Permisos Precarios y Provisorios (PPP) otorgándoles por primera vez sus licencias definitivas. De manera complementaria y paralela, se anunció un concurso simplificado de licencias FM de carácter federal.

El proceso inició en 2018 con la creación de un cronograma que dividía a las provincias por grupos. A Salta, el llamado llegó en 2019 y, para el lunes 19 de agosto de ese año, todos los postulantes debían haber cumplimentado los requisitos correspondientes. El llamado, vale aclarar, corría tanto para radiodifusoras activas, como para aspirantes a contar con una licencia de FM.

Del análisis técnico preliminar del organismo se desprendió que, por la cantidad de ondas y las dimensiones geográficas de la provincia, Salta podría contar con 20 licencias que se sumarían a las ya existentes. Para ingresar al sistema, cada postulante debía realizar una presentación en la que se dejara constancia de una serie de datos: lugar de los equipos de baja y alta frecuencia, titular del inmueble, antecedentes, nivel de potencia, cantidad de personas que trabajan en la emisora, solvencia de la empresa; como así también el tipo de contenidos emitidos por la FM, sean informativos, musicales, comunitarios, etc.

La Resolución 2018-4949 del ENACOM dejaba establecido que los listados de Permisos Precarios y Provisorios (PPP) y de las emisoras reconocidas, serían publicados de acuerdo a cuatro pautas: El listado A, donde ingresan las radiodifusoras con PPP que se encontraban transmitiendo en las condiciones técnicas y legales autorizadas; el listado B, que agrupa a las emisoras reconocidas en los términos de la Resolución Nº 753 del año 2006 del COMFER; el listado C, que abarca a aquellas radios que se encontraban tramitando la adjudicación de la respectiva licencia en virtud de un régimen de normalización anterior; y el listado D, que incluía a emisoras ubicadas en zonas de conflicto.

De un total de 38 concursantes en la provincia de Salta, unas 20 radios deberían haber obtenido la licencia del ENACOM, de haber continuado normalmente el trámite según los designios de la resolución de 2018. Una vez cerrado el concurso, cumplimentado el análisis técnico y culminado el período de oposiciones, las asignaciones debían concretarse en un plazo de 45 días. Siguiendo el cronograma dispuesto a nivel nacional, esto debería haber ocurrido en Salta en enero o febrero a más tardar.

 

Licencia para bolsonear

 

Como absolutamente todas las gestiones que impactan en un año electoral, la entrega de licencias de radiodifusión en Salta también quedó supeditada a las fluctuaciones de la campaña. Cuando el listado de las 20 emisoras beneficiadas ya se encontraba prácticamente definido, y en medio de la incertidumbre de los postulantes en torno a los resultados, un llamado desde el interior del país frenó los anuncios en tierras gauchas. Según confiaron fuentes del Ente de Comunicaciones a este medio, el emisario era el salteño Gonzalo Quilodrán, aunque la llamada tenía origen en otra provincia. El mensaje fue rotundo y claro: él sería quien entregaría las licencias en lo que denominó «su territorio» y, por tanto, la adjudicación debía quedar en suspenso. Más tarde, aquella disposición quedaría formalizada y ratificada en su discurso en una reunión del directorio del ENACOM.

Mientras la adjudicación se dilataba, se conoció también que sólo 19 concursantes cumplían con los requisitos en Salta para acceder a las licencias, de los cuales 16 lo harían por orden de mérito (cumpliendo con cada uno de los requisitos, estudios y documentación), mientras que los tres restantes lo harían bajo criterios «políticos». Sobre este último aspecto, claro está, no hubo demasiadas explicaciones.

Todo apunta a que «Quilo» buscará evitar el costo de tener que informar a unos 20 titulares de radiodifusoras que no están entre las seleccionadas para entrar en el plan de regularización, por lo que la adjudicación de los permisos se postergaría para después de los comicios. Otras versiones apuntan a que el ex-funcionario urtubeycista se estaría guardando la buena noticia para cuando el fragor de la campaña así lo exija. Algo así como un acopio de licencias de radiodifusión, de la misma forma en que lo haría un puntero raso con bolsones de mercadería, pero con permisos del ente nacional.

 

El frente a la deriva

 

De convertirse la adjudicación de licencias en un vulgar instrumento de campaña, no sería mucho más que otro penoso episodio en la deriva electoral del Frente de Todos. La semana pasada, cuatro de los nueve partidos que integran la versión local del frente se adelantaron y reservaron el nombre para un nuevo armado, que apunta a excluir al Partido de la Victoria, que lidera Sergio Leavy. Los cuatro espacios que intentaron “primerear” al «oso» son: Unidad Popular, Kolina, Frente Grande y Partido del Trabajo y del Pueblo. Sin embargo, el senador nacional también fue a la Justicia con una presentación en donde reclama la propiedad del Frente de Todos.

El traspié remite inexorablemente a 2019, cuando Leavy presentó una doble candidatura: a senador y gobernador. No pocos se atreven a aventurar que una salida es dinamitar el nombre: si todos quieren llevar el estandarte Frente de Todos, la Justicia podría resolver que no lo lleve nadie.

Mientras tanto, en la nueva tetrarquía excluyente sigue guardando sospechas respecto del Partido de la Victoria y sus manejos. En algunos aún sobrevuela la suspicacia sobre eventuales maniobras de último momento. Lo cierto es que el kirchnerismo desperdigado anuncia en parte un nuevo panorama con relación a la cantidad de frentes que se conformarán para disputar los cargos en juego.