El arte de recaudar

 

En los salones municipales pululan versiones sobre un eventual reflote del frustrado convenio con la UTN para el labrado de fotomultas de tránsito. El viejo recurso recaudatorio fue declarado inconstitucional en varios fallos federales y su aplicación en Salta culminó con la desaparición de $66 millones.

 

Una serie de sigilosas reuniones en espacios estratégicos del municipio levantaron sospechas sobre un eventual remake del fenómeno fotomultas en la ciudad de Salta. Por estos días, se estuvieron remitiendo varias copias del decreto 0013/12 para su análisis a distintos despachos comunales y se esperan más reuniones en las próximas semanas. El archivo en cuestión contiene nada menos que el frustrado convenio suscripto en 2012 con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para la implementación del sistema de fotomultas, que por cierto cuminó con un desfalco millonario en perjuicio de la comuna.

Aunque en términos estrictos las infracciones fotográficas se siguen implementando a través de aparatos portados por inspectores, la posibilidad de montar nuevamente estructuras que emitan infracciones las 24 horas parece tentadora para un municipio con recaudación a la baja. Durante el período de funcionamiento pleno del sistema, se llegaron a generar 500 infracciones diarias a través de los seis dispositivos colocados en distintos puntos de la ciudad. Las imágenes captadas por las cámaras, eran descargadas una vez cada dos semanas y cada uno de los dispositivos generaba alrededor de 70 actas por día, es decir 2.100 actas por mes y más de 12 mil contando los seis aparatos. Una verdadera máquina de hacer billetes que en ningún rincón del país redundó en menores índices de siniestrabilidad.

El convenio desempolvado en estos días se firmó en diciembre de 2011 para la ejecución del programa Integral de Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sustentable. Además de planes de difusión, concientización y observación, la Universidad Tecnológica nacional se comprometió a instalar y mantener: 45 semáforos inteligentes, 8 cinemómetros fijos y móviles, 6 controles de semáforos por violación de luz roja, 6 controles de semáforos por invasión senda peatonal, 20 equipos de mano para control de estacionamiento, 4 equipos móviles para control de estacionamiento y 3 equipos de control de luces encendidas; servicios de logística; implementación y operación de un sistema informático para procesar infracciones de tránsito y el desarrollo de un sistema de seguimiento de notificaciones y cobranzas.

En los primeros cuatro años de la implementación del convenio, la UTN se llevó 66 millones de pesos que salieron de las arcas municipales. Con la llegada de Gustavo Sáenz al municipio, los representantes de la Universidad no dejaron ni un pisapapeles en las oficinas.

Un fallo de la justicia federal del año 2019 declaró inconstitucional el sistema de fotomultas por considerar “que no puede actuar como mecanismo preventivo de siniestralidad vial”. Además de la ausencia de una notificación formal, el fallo destaca la necesidad de implementar reglas “destinadas a garantizar la seriedad del procedimiento, tales como identificarse el preventor ante el presunto infractor indicándole la dependencia inmediata a la que pertenece; utilizar el formulario de acta reglamentario, entregando copia al contraventor, salvo que no se identificare, se diere a la fuga, circunstancia que se hará constar en ella”.

De concretarse la reedición del plan recaudatorio, se sumaría a las ya existentes fotomultas labradas por inspectores a través de los dispositivos denominados POS, Marca Telpo, Modelo TPS390. Se trata de 20 cámaras dispuestas en cascos de agentes motoristas de la secretaría de Movilidad Ciudadana.

En torno a estas prácticas también se dieron fuertes debates jurídicos, empezando por el carácter no probatorio de las fotografías, pero también por la confección irregular de las boletas de pago. Los troqueles emitidos e impresos al momento de detección de la infracción carecen de toda la información exigida por el artículo 54 de la ordenanza 14.136: Nombre y domicilio de los testigos que hubiesen presenciado el hecho; firma e identificación del funcionario actuante con aclaración de nombre y cargo; la disposición legal presuntamente infringida y la indicación del plazo para efectuar descargo y ofrecer pruebas ante el Tribunal de faltas.

Durante la vigencia del convenio, muchas actas de infracción fueron labradas con números que no quedaron registrados en el tribunal por un incumplimiento expreso de la UNT, por lo que en gran parte fueron desestimadas. No obstante, para entonces, muchos contribuyentes ya habían efectuado el pago de las multas con los troqueles expedidos por la secretaría, dinero que fue a parar a las cuentas del único ente habilitado para tal fin: el Banco Macro.

 

Arroyo y el oficio de buchonear

 

Hablando de refritar viejas discusiones, en la última sesión del concejo deliberante capitalino la edil Romina Arroyo pidió preferencia para el tratamiento de un proyecto presentado en 2019. El bosquejo de ordenanza lleva el nombre de «fotomultas vecinales» y es el sueño húmedo de todo aspirante a buche. Se trata nada menos de que los vecinos puedan denunciarse unos a otros por infracciones de tránsito a través de fotografías sacadas desde sus aparatos móviles. Para esto se pretende crear una aplicación que llevará el mismo nombre del proyecto, donde irán a parar todas las expresiones de botonismo ciudadano.

La app que se intenta crear es casi un calco de la que ya funciona en Ciudad de Buenos Aires con el nombre de «BA Denuncia Vial», que recoge casi 500 infracciones diarias. Con la implementación de este mecanismo, vale decir, aumentaron considerablemente las multas, pero las infracciones no mermaron.

La antigua comisión de Tránsito ya había cajoneado el proyecto y se encamina a hacerlo nuevamente por una sencilla razón: a menos que las fotografías sean emitidas por aparatos homologados, no constituyen un documento probatorio en los procesos judiciales. La autora del proyecto deberá esforzarse una vez más por convencer a sus pares y a la ciudadanía en general, que su proyecto no tiene fines recaudatorios.

 

Vigilar y hostigar

 

Mariana Mendoza se desempeña hace cuatro años en el Tribunal de Faltas de la Municipalidad. Recientemente se presentó ante la Oficina de Orientación y Denuncia para poner de manifiesto la situación de hostigamiento laboral que atraviesa. Según contó a este medio, desde el año pasado es víctima de actitudes hostiles hacia su persona por parte de la abogada y ex-presidenta del tribunal Soledad Gramajo.

Tras haber sido convocada por el actual presidente Cristian Abdenur, Mendoza comenzó a desempeñarse en el área de informes, donde comenzó a recibir falsas acusaciones sobre malos tratos a contribuyentes. Los dichos provenían de Gramajo y llegaron a oídos del presidente. Abdenur le comunicó luego de cuatro años de trabajo, que debía apartarla de su lugar de trabajo para «protegerla» y que, en caso de necesitarla, sería nuevamente convocada. Desde hace aproximadamente una semana, se encuentra sin trabajar.

Tras haber hecho las presentaciones correspondientes en la Oficina de Orientación y Denuncias de Ciudad Judicial, el caso fue remitido a la OVIF, donde le respondieron que su caso no encuadraba en un hecho de violencia. «Se pusieron de acuerdo para sacarme y lo lograron, es por eso que he decidido hacer la denuncia. Yo trabajo con víctimas de violencia y he sido víctima de violencia», remarca Mendoza.

Sin embargo, la trabajadora descree que su apartamiento haya sido inmotivado y apunta a los planteos que realizó oportunamente por irregularidades en el ingreso de las actas de infracción de tránsito.

«Yo creo que hay algo más a fondo. El área de informes es fundamental para el trabajo del tribunal de faltas. A mi me llamó la atención que, por ejemplo, cuando ingresan actas de vehículos con multas por alcoholemia o lo que fuere, ya venían con el juzgado designado», comenta. El procedimiento normal, en estos casos, sería que el área de Tránsito envíe las actas a mesa de entrada y allí se carguen en el sistema para luego hacer la distribución a los juzgados. «En mi caso, las actas ya llegaban con el juzgado definido: Siempre eran los de 4ta y 5ta nominación (donde se desempeñaba Gramajo). Eso se sigue haciendo actualmente», concluyó.

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here