Coyuntura electoral y control de la cosa pública parecen no ir de la mano. En lo que va del año la Auditoria General de la provincia sólo publicó un informe. El año pasado en el mismo periodo de tiempo había publicado 8. Los informes casi siempre evidencian las irregularidades de las gestiones municipales. (R. Mo)
Si la coyuntura electoral y la falta de informes definitivos de la Auditoria General de la Provincia están relacionadas, es algo que no se puede asegurar. Lo indudable, sí, son dos cosas: que la Auditoria General de la Provincia ha publicado sólo un informe definitivo en su página oficial contra los ocho que había publicado el año pasado en igual periodo de tiempo; y que la ausencia de esos informes favorece a los intendentes del interior provincial que suelen ser objeto de las evaluaciones que en la enorme mayoría de los casos concluyen que los jefes municipales hacen casi todo mal. Sin olvidar, por supuesto, que esos intendentes son aliados estratégicos del Grand Bourg en cada coyuntura electoral.
El informe hasta ahora publicado se detenía en el funcionamiento de Hospital Público Francisco Herrera de Campo Quijano; mientras los ocho publicados entre enero y el 21 de marzo del 2014, informaban sobre el funcionamiento de seis municipios de la provincia y el Ente Regulador de Servicios Públicos y la Dirección General de Rentas. Como se ha señalado más de una vez en estas páginas, los municipios evaluados siempre dejan mucho que desear. A veces porque violan los procedimientos contemplados por la ley; y otras veces porque en el manejo de los recursos públicos levantan ciertas sospechas de ser abiertamente delictivos.
Para el primer caso, las irregularidades tienen que ver con la violación ley 6.838, conocida como Ley del Sistema de Contratación que establece el proceder de los organismos públicos a la hora de usar el dinero público a partir de ciertos montos; los escasos mecanismos de control interno de los municipios que aseguren la legalidad de los procesos; o las resistencias de los intendentes a artículo 169 de la constitución que establece que las “autoridades provinciales y los agentes y funcionarios del sector público provincial y municipal están obligados a proveerles la información que les requiera”.
En lo referido al uso potencialmente delictivo de los recursos por parte de los intendentes, se puede graficar con uno de los informes publicados en enero del año 2014 y que evaluó la gestión del intendente de Aguaray: Juan Carlos Alcoba. Las irregularidades fueron de todo tipo aunque aquí detallamos sólo algunas: obras públicas previstas por $5.722.874 pero Ejecución Presupuestaria de $4.737.849 sin que nadie sepa dónde quedaron los $985.025 restantes; construcción de un Centro Integrador Comunitario para lo cual la Nación remitió $281.891, un intendente que dijo gastar $297.254 y una cuenta bancaria que mostró que los gastos fueron de $275.590 sin que nadie sepa qué paso con los $21.664 restantes; o programas de Refacción de 23 Escuelas para las cuales la provincia remitió $286.660 que el intendente dijo haber usado, aunque no presentó papel alguno que pruebe que rindió el gasto de ese dinero.
Esas y otras muchas irregularidades motivan que en varios casos, los técnicos de la auditoría recomienden al final de los informes “la aplicación de la normativa contemplada en la Res. A.G.P.S. Nº 20/04”. Tal resolución aprueba el Reglamento de Investigaciones Sumarísimas que provean “a la Auditoría General de un Reglamento que brinde celeridad a las actuaciones, asegurando el legítimo derecho del Estado de munirse de aquellos elementos esenciales para fundamentar la acción judicial tendiente a hacer efectiva la responsabilidad civil de los agentes y funcionarios, ante la existencia de un perjuicio de significación para el Fisco”.
En lo que va del año, no hay ninguna recomendación en ese sentido por la simple y poderosa razón de que no hay informes publicados.
