En Campo Santo toneladas de residuos van a parar a los márgenes del rio Mojotoro formando uno de los basurales a cielo abierto más grandes de la provincia. Mientras tanto, la intendenta Josefina Pastrana hace proselitismo con la extracción ilegal de áridos y la cesión de terrenos dentro de la línea de ribera. Demagogia y desprecio por el ambiente en un mismo combo de impunidad. 

Un verdadero desastre ambiental se está llevando a cabo en los márgenes del rio Mojotoro y, en el pueblo de Campo Santo, todas las miradas apuntan a la intendenta Josefina Pastrana. A pesar de contar con un centro de disposición de residuos compartido con los municipios de El Bordo y General Güemes, toneladas de basura provenientes del pueblo se acumulan día a día en inmediaciones del afluente.

A metros del cauce del rio, sobre la Ruta Provincial 12, un precario camino de tierra se abre paso hasta un asentamiento donde habitan decenas de familias en condiciones deplorables. A ambos lados del sendero se erigen montañas de basura que, por tramos, superan en elevación a las improvisadas defensas construidas al costado del rio. Los plásticos adornan cada una de las ramas de los pocos árboles en pie. Una columna de humo proveniente de un sector donde se incineran plásticos y otros desperdicios hace que el aire se torne irrespirable. 

Más adentro en el camino llegan a verse algunos montículos de plástico, posiblemente recuperados por recicladores particulares. Más adelante, un terraplén de chatarra concentra restos de sillas, bicicletas, electrodomésticos y otros artículos de metal oxidado.

Por momentos, el panorama es similar al de las cuadras adyacentes al relleno San Javier, de la Capital salteña. El interrogante que naturalmente surge es: ¿de dónde sale semejante cantidad de residuos en un pueblo de 6 mil habitantes y cómo es posible que se haga la vista gorda ante semejante daño ambiental?

El sumidero clandestino funciona día y noche dentro de los límites de la ribera y en este espacio se encuentran también las precarias viviendas del asentamiento. Algunas de las parcelas están delimitadas con alambre y muchas de ellas aún no cuentan con construcciones, lo que denota cierto grado de organización externa a las familias asentadas. En el pueblo de Campo Santo no son pocos los que aseguran que la jefa comunal prometió esos terrenos a familias vulnerables sin techo, a pesar de no contar con la potestad de hacerlo y exponiéndolas a las frecuentes crecidas del río. Ni la secretaría de Recursos Hídricos, ni la secretaría de Ambiente parecen estar al tanto de este atropello. 

Pastrana Áridos SRL

Los habitantes más longevos del municipio aseguran que el comportamiento del río cambió drásticamente en los últimos años y, en buena parte, se lo atribuyen al accionar del gobierno municipal. El ir y venir de máquinas retroexcavadoras es una constante en la zona y aseguran que la extracción de áridos ha modificado la morfología del suelo. A ambos lados del rio se formaron canteras artificiales que podrían haber desviado también el curso del agua.

A pesar de no contar con la autorización de la Secretaría de Minería (organismo que regula y otorga las concesiones para la extracción de áridos), la municipalidad de Campo Santo obtiene material regularmente del cauce del río. El destino, sin embargo, no sería la realización de obras municipales ni el mantenimiento de caminos, sino la entrega directa de ladrillos, bloques y cemento a familias del pueblo. Impunidad y proselitismo en una misma acción de gobierno. 

El accionar del gobierno municipal transgrede varios aspectos de la ley 7141 de procedimiento minero, que establece que la Secretaría de Minería es la autoridad de aplicación a los efectos de establecer las formas de aprovechamiento y las modalidades técnicas para una mejor explotación de áridos dentro de los cauces de los ríos de la Provincia.

A su vez, todo productor de áridos está obligado a inscribirse en el registro correspondiente establecido por la normativa aplicable y a dar cumplimiento a todas las normativas de Policía Minera y de impacto ambiental para la actividad minera. Asimismo, está obligado al pago de regalías conforme Ley Provincial 6.294.

Finalmente, se aclara que quien extraiga o transporte áridos con fines comerciales, sin el amparo de la correspondiente Guía de Tránsito de Áridos deberá abonar una multa equivalente a cien litros de nafta común, la primera vez que se labre el acta de infracción. En caso de primera reincidencia la multa a abonar será equivalente a doscientos litros de nafta común, precio público.

Nombres conocidos

En el año 2012, autoridades de la Secretaría de Ambiente se reunieron con los intendentes que conforman el consorcio de residuos sólidos de Sianca. Allí acordaron la construcción del centro de disposición final de residuos que utilizarán General Güemes, El Bordo y Campo Santo.

Los fondos destinados a la obra provenían del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Secretaría de Ambiente de Nación. Los partes de la época reflejaban que a través de ese plan «se logró erradicar prácticamente en todo el territorio los basurales cielo abierto».

La estrategia nacional para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos Contemplaba la construcción e implementación de rellenos sanitarios, como así también, el cierre y la remediación de los vertederos a cielo abierto.

Ninguno de los objetivos a largo plazo parece haberse cumplido en Campo Santo.

Las intervenciones del municipio se complementan con la inacción de un organismo que debería velar por el reparto equitativo de los recursos hídricos en el mencionado río. Se trata del Consorcio del Mojotoro, presidido por la Ing. Marcela Aguirre. La profesional a cargo de la junta es pareja del exintendente de El Bordo, enjuiciado por corrupción de menores, Rosario «chicho» Mazzone. 

El organismo es blanco constante de señalamientos por parte de productores locales, quienes aducen que se les cobra un porcentaje desmedido en concepto de «prorrata» por un servicio prácticamente inexistente. 

Amistades

Campo Santo fue durante mucho tiempo el epicentro del conflicto por la quiebra del ingenio San Isidro, del que participaron activamente cientos de obreros azucareros. También fue el lugar elegido por la intendenta capitalina Bettina Romero para dar un mensaje político sobre su futuro, considerando que hasta entonces nunca había salido de los límites del ejido municipal. 

En mayo de este año, participó junto a toda su familia de una misa por el inicio de la zafra en las instalaciones del ingenio, cuando aún no estaba definida situación de algunos extrabajadores. Lo que pudo haber sido un gesto más de la familia hacia el establishment empresarial fue leído también como un mensaje político del municipalismo romersista cara a 2023.

En aquella oportunidad, tanto Bettina, como su par camposanteña firmaron un convenio de colaboración para «articular y colaborar en áreas como Discapacidad, Adicciones, Gerontología, Mujer, Niñez e Infancia». La disposición final de residuos, al parecer no fue una preocupación para ninguna de las dos mandatarias. He ahí los resultados.