Hace menos de dos meses hubo un primer intento de destitución del presidente peruano Martín Vizcarra, que falló, aunque el de este lunes no falló. El Congreso lo acusó de “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional ambigua que deja un amplio margen de interpretación.

Vizcarra es acusado de haber recibido sobornos cuando era gobernador. La acusación se basa en testimonios que todavía se encuentran en proceso de investigación, aunque para un Congreso opositor al Gobierno fueron más que suficientes a la hora de sacarlo del cargo.

La derrota fue amplia. Hubo 105 votos, de los 130 miembros del Congreso unicameral, a favor de la destitución del presidente, superando con holgura los 87 que se necesitaban. Solamente 19 votaron por salvar al mandatario y hubo cuatro abstenciones. Un resultado inesperado.

No se esperaba una derrota tan amplia, pero hubo quienes anunciaron un voto favorable al presidente y después terminaron votando por su destitución.  Vizcarra es sacado de su cargo en medio de la grave crisis sanitaria y económica por la pandemia del coronavirus y a 8 meses de concluir su gestión, que asumió en marzo de 2018, luego que su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski renunciara por cargos de corrupción.

Mientras estuvo en el cargo levantó las banderas de la lucha contra la corrupción, paradójicamente acaba de ser destituido por cargos de corrupción.

Tuvo un enfrentamiento constante con el Congreso, de mayoría fujimorista. Lo disolvió constitucionalmente en septiembre del año pasado y llamó a elecciones legislativas. El nuevo Congreso, elegido en ese proceso que convocó es el que ahora lo destituye, acusándolo de corrupción.

Con la salida de Vizcarra asumirá la presidencia el titular del Congreso, Manuel Merino, miembro del partido centroderechista Acción Popular, la principal bancada del Congreso, con 24 miembros.

Desde el primer momento, Merino, un político poco conocido hasta que asumió la presidencia del Congreso, intentó pedir apoyo a los cuarteles militares para asumir el poder.

Resulta que dentro del «club de la construcción», un cartel de empresas que se repartían obras públicas pagando sobornos, hay tres empresarios que buscan un acuerdo con la fiscalía para canjear sus testimonios por una reducción de sus eventuales condenas, ya que aseguran haberle pagado sobornos a Vizcarra para hacerse con esas obras.

José Hernández, viejo amigo de Vizcarra y ex ministro de su gestión como gobernador, declaró haber servido de intermediario para el pago de esas coimas.

A Vizcarra le espera enfrentar las investigaciones de la fiscalía y los tribunales, mismo destino de todos los últimos presidentes peruanos.