La polémica entre Santiago Godoy y El Tribuno echó luz sobre un hombre sin la exposición pública de los políticos, pero con más Poder que estos: Carlos López Sanabria, hombre vinculado a españoles que blanquean dinero, director de sociedades millonarias y con influencia en organismos claves del Estado. (Daniel Avalos)
Para hombres de estas características el Poder no es un hecho traumático, sino una herramienta que se emplea para direccionar las cosas en beneficio de sus intereses. Lo que sí parece traumarlos es la exposición pública. Tal vez por ello Carlos Alberto López Sanabria figure en la web del Club 20 de Febrero como presidente de la institución entre el 2006 y el 2012, aunque a diferencia de 32 de las 36 personas que presidieron ese Club entre 1908 y el 2012 haya preferido que el espacio dedicado a la foto “presidencial” se encuentre en blanco.
Si el ignoto López Sanabria ahora emerge en la escena pública, ello obedece a la polémica que mantuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, con el diario El Tribuno. El medio señaló en una nota del domingo 14 de diciembre que la hija del Godoy usaba en un juicio por tenencia de tierras planos supuestamente falsos que perjudicaban a una firma que preside López Sanabria y a la que el medio gráfico presentó como víctima de una estafa. Santiago Godoy reaccionó de una manera menos iracunda a la habitual, aunque descerrajó un pistoletazo verbal estruendoso: aseguró que la nota sin firma publicada en El Tribuno era una operación orquestada y pagada por Carlos Alberto López Sanabria, del que Godoy dijo también que contaba con influencias en la Secretaría de Medio Ambiente cuyo secretario es Gustavo Paul, quien permitió recategorizaciones prediales a familiares del ex presidente del Club 20 posibilitando desmontes ilegales.
Desde aquella mención de Godoy, cualquier curioso puede darse mañas en internet para explorar las actividades empresariales del patricio abogado. El ejercicio confirma que el poder económico del mismo es bastante impresionante, y que ese poder se extiende en áreas tan distintas como la industria, la producción primaria y los negocios inmobiliarios. Para pincelar ese poder, alcanza con navegar en el Boletín Oficial de la provincia. Un sitio web que como todos ofrece un océano de información, pero en el que puede bucearse con cierto orden apelando palabras claves. El nombre y los apellidos del protagonista de esta historia es una de esas palabras claves. La sección “Avisos Comerciales” también.
El publicado con el Nº 48.453 el 31 de marzo del 2009, por ejemplo, lo muestra como uno de los cinco Directores de la Compañía Industrial Cervecera S.A., directorio que comparte con dos extranjeros y otros dos connacionales. Uno de esos extranjeros es un chileno que carga con uno de los apellidos más adinerados del país trasandino: Luksic. Fuentes consultadas por este medio aseguran que los familiares de Andrónico Luksic tienen en Carlos Alberto López Sanabria a un fiel representante suyo en el directorio. De allí que el salteño sigue ocupando el cargo que ocupa por lo menos desde principios del siglo XXI
¡Viva la Madre Patria!
Inclinado al vínculo con capitales extranjeros, López Sanabria ocupa también un puesto estratégico en Agropecuaria Andarrona SA. Se trata de una firma de capitales andorranos que cuenta con varias fincas en el departamento de Anta. Fue asentada en el Juzgado de Minas y en lo Comercial de la provincia en septiembre de 1997. La denominación original fue Pyrenees Sudamericana SA, pero en octubre del año 2010 la misma modificó el nombre por el Agropecuaria Andorrana. Para tener una idea del poder económico de la misma, se puede recurrir al mismo Boletín Oficial. El Aviso Comercial Nº 50590 de agosto del 2009 indicaba que lo que todavía se denominaba Pyrenees Sudamericana S.A. incrementaba su capital de $8.065.000a $8.818.000. Tres años después, cuando la firma ya había mudado la denominación al de Andorrana S.A., el Aviso Nº 100027784 de mayo del 2012 informaba que el capital se incrementaba de $20.310.000 a $23.010.000.
Las cosas, evidentemente, marchaban bien para el presidente salteño de esa sociedad que, sin embargo, apareció vinculado a un escándalo financiero español. Hablamos del caso Jordi Pujol, el presidente entre 1980 y el 2003 del sistema institucional (Generalitat de Catalunya) con el que la comunidad catalana se gobierna en España. Pujol, que también es empresario, fue acusado por el fisco de blanquear capitales y cometer otros delitos fiscales para realizar multimillonarias inversiones en España y otros países. En el proceso terminaron involucrados todos los hijos de Jordi y uno de ellos, Josep, anduvo por Salta. Ocurrió el 5 de noviembre de 2011, aunque los medios españoles hablaron de ello años después, cuando el escándalo financiero ya estaba desatado.
Josep Pujol Ferrusola llego al país desde Chile cruzando por el Paso de Jama. Conducía una Toyota Pick UP con patente IFD-170. Gendarmería detuvo al vehículo y encontraron en el rodado una importante cantidad de billetes cuya suma exacta, curiosamente, nunca trascendió. Los gendarmes dejaron que Josep continuara viaje en el vehículo que estaba a nombre de Agropecuaria Andorrana S.A., la ex PyreneesSudamerica S.A., la que Carlos Alberto López Sanabria preside y cuya sede social se ubica en su propio estudio jurídico: 1° piso de Santiago del Estero 821 de nuestra ciudad. No era esta la única vinculación entre Agropecuaria Andorrana S.A. y la Generalitat de Catalunya. La web oficial de la empresa informa que en el año 2008 la primera contrató a la segunda para realizar estudios de suelos en algunas de las fincas de la firma. Los técnicos catalanes concluyeron algo muy conveniente para la empresa: “prácticamente la totalidad de la superficie es arable y regable, con muy pocas limitaciones”.
Por si todo esto fuera poco, hay más vínculos entre López Sanabria y el capital andorrano. Y es que PyrennesSudamericana S.A. estaba vinculada a una cadena de supermercados de Andorra que maneja Jacqueline Pradere, viuda de Pérez. Una elegante y jovial octogenaria que aparece en otra sociedad con el abogado salteño de alto abolengo. Se trata de la Sociedad Anónima Puerto Madero I y II. De la primera hay al menos tres Avisos Comerciales en el Boletín Oficial. El publicado el 12 de Febrero del 2009 da cuenta de su constitución. Jacqueline y Carlos Alberto fundan la sociedad que establece domicilio legal en el estudio jurídico del salteño. Se especifica allí que el objeto de la sociedad es “realizar por cuenta propia, y/o de terceros, por medio de terceros, y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero la siguientes actividades y/o operaciones: inversiones inmobiliarias y toda clase de contrato de disposición y administración de los inmuebles que adquiere la sociedad”
Lo curioso del caso es que el capital social se estableció en $800.000 de los cuales $799.000, fueron aportados por la mujer que declaró domicilio en Andorra la Bella – España; mientras el salteño puso sólo los $1.000 restantes. Jacqueline Pradere, al parecer, ocupa en este negocio el rol que los chilenos Luksic juegan en la Cervecera local: el dueño de todo pero que precisa de un hombre de confianza que cuente con aceitados contactos en el Estado provincial a fin de no incomodar la lucrativa estadía que esos capitales foráneos tienen en nuestras tierras. Más Avisos Comerciales dan cuenta del presente lucrativo de Puerto Madero 1. El publicado el 23 de noviembre del 2011 indicaba que el capital social ya había pasado de los $800.000 originales a los $2.738.000; el aviso comercial de septiembre del 2013, mientras tanto, indica que el mismo ya llegaba a los $2.928.000.
Sobre Puerto Madero II, debemos reconocerlo, nada hemos encontrado aunque seguimos buscando para informes futuros. Lo que sí queda claro es que la denominación de ambas sociedades hace referencia a la célebre zona de Buenos Aires y que según trascendidos de la prensa española, también estarían relacionados con los intereses de Jordi Pujol Ferrusola.
La tierra lo es todo
Lo dicho hasta ahora muestra los estrechos vínculos de López Sanabria con la madre patria, tal como corresponde al patriciado salteño siempre inclinado a reivindicar a España por sus aportes a Salta. Desde los conquistadores que arrasaron con los pueblos originarios en el pasado, hasta los capitales que ahora se acrecientan con el usufructo de nuestros recursos naturales. El argumento para la perpetua glorificación es siempre el mismo: ellos traen la civilización que nos saca del atraso que, a decir verdad, es el precio que los salteños pagan para que ciertos españoles vivan en la opulencia.
Es la tierra, justamente, el elemento clave para el poder de la firma que preside López Sanabria. No sólo por el histórico apego del patriciado a las grandes geografías, sino también por las grandes sumas de dinero que la explotación de las mismas acarrea a las corporaciones que, alimentándose de los intereses del dinero y respirando beneficios, creen que para no morir hay que crecer. Agropecuaria Andorrana ha sido escrupulosamente respetuosa de ese principio. Y es que a pesar de que la prensa la ha presentado como una firma que enfrenta un proceso judicial en el que se usan planos falsos para perjudicarla, fuentes destacadas de la justicia confirmaron a este medio que Carlos Alberto López Sanabria -que invoca la propiedad de la finca El Quebrachal de Anta (catastro 801)- ha utilizado planos falsos para apropiarse de tierra.
Lo primero ha sido corroborado por fuentes documentales. Y es que la web de la Dirección General de Inmuebles efectivamente registra ese número catastral como parte del patrimonio de Agropecuaria Andorrana S.A. Con respecto al uso de planos falsos por parte del abogado, los testimonios recogidos por este medio señalan a uno que lleva el número 176. El mismo, aseguran, fue obtenido ilegítimamente mediante el cambio de coordenadas que le habrían permitido a la firma apropiarse de 52.000 hectáreas entre terrenos fiscales y privados. De ese total, 15.000 habrían sido vendidas engrosando la cuenta de la firma mientras el resto fueron objeto de una ocupación efectiva que no se privó de la violencia efectiva o velada para con los menos pudientes que vivían en esas tierras. El plano, incluso, fue declarado ilícito por la Cámara de Apelaciones y la Corte de Justicia de Salta en la segunda mitad de la década del 80 por lo cual se obligó a la entonces firma Pyrinnes a devolver tierras. Si esto nunca ocurrió, ello habría obedecido a lo que el presidente de la Cámara de Diputados denunció el lunes: aceitados contactos en organismos públicos como la Dirección General de Inmuebles, la Secretaría de Medio Ambiente y la Fiscalía de Estado; como así también vínculos contractuales con poderosos operadores de la Justicia.
Un rodeo vincular
Lo primero ha sido difícil de confirmar para la elaboración de este informe. Salvo menciones a apellidos como Cabral, Rangeon o Zacheti que trabajando en Medio Ambiente de la provincia tendrían vinculación con el poderoso abogado, o nombramientos políticos de familiares de López Sanabria en la Fiscalía de Estado (a Elisea López Sanabria le renuevan el contrato con ese organismo al menos desde el 2012); nada permite todavía vincular esos nombres con las poderosas operaciones empresariales del abogado.
De lo que no hay dudas es que la Secretaría de Medio Ambiente sí ha beneficiado a familiares de López Sanabria. El yerno de este, Ignacio García del Río, consiguió que miles de hectáreas de su propiedad que no podían desmontarse terminaran desforestadas. El caso fue uno de los reseñados en el informe “Desmontes S.A. 2° Parte”, difundido por Greenpeace. Allí se explica que la finca “Establecimiento San Francisco ubicada en el departamento de San Martín consiguió que la Secretaría de Medio Ambiente la habilitara a desmontar 5.779 hectáreas para agricultura y 604 hectáreas para ganadería sobre un total de 11.084 hectáreas solicitadas”. La finca era Categoría II – amarillo y fue cambiada casi en su totalidad a Categoría lll (apta para el desmonte) afectando al medio ambiente y a las comunidades indígenas que allí habitaban. Ignacio fue presidente y es parte del directorio de la Asociación de Productores del Granos del Norte (PROGRANO) y el proceso de desmonte ilegal que protagonizo también fue noticia en septiembre de este año. Un hermano suyo, José María, encerró a los activistas que bloqueaban las topadoras con el objeto de entregarlos a la policía.
No menos importante es el otro vínculo establecido por López Sanabria, en este caso estrictamente contractual con Horacio Aguilar. La importancia de este vínculo no radica tanto en que la especialidad de este último sea en materia de derecho administrativo y penal empresarial; sino en que es uno de los operadores más poderosos del establishment en la Justicia: juez Federal de Salta y Jujuy hasta no hace mucho; compañero de departamento de Juan Manuel Urtubey en Buenos Aires cuando ambos eran estudiantes; asesor contratado por Urtubey desde el año 2009 al 2012, año en el que renunció al contrato para asumir la defensa del empresario Pedro Blaquier acusado de colaborar con la dictadura en la desaparición de obreros del ingenio Ledesma en Jujuy; vínculo con el gobierno provincial que no quedó fuera de la orbita de Aguilar porque el contrato pasó del poderoso Horacio a su hermano menor de nombre Julián; sin olvidar que Horacio es padrino político del actual Ministro de Gobierno Eduardo Sylvester, que entre el año 2005 y 2009 trabajó en la justicia a las ordenes del mismo Horacio que desde el año 2012 se ha convertido en representante legal de Agropecuaria Andorrana S.A. en causas que disputan, justamente, la posesión de enormes extensiones de tierras.
Tierra y cerveza
El amor por la tierra de Carlos Alberto López Sanabria no tiene límites. Por eso concentra otras miles de hectáreas a través de otras compañías. Ganadera Valle de Anta SA, por ejemplo, es una de ellas. En un Aviso Comercial de marzo del 2007 se deja constancia de que el abogado salteño comparte la sociedad con Andrónico Luksic Abaroa, el millonario chileno dueño de la Cerveza Salta. Ganadera del Valle S.A. declaraba en ese mismo Aviso que el capital social de la firma era de $15.591.300. En otro Aviso de septiembre del 2011, la misma firma informaba que el capital social pasaba de poco más de 21 millones de pesos a $41.638.400. Un año después, el Aviso Comercial 100026448 informaba de otro aumento de capital: de eso 41 millones se pasaba a $54.088.400. En febrero de este año, Ganadera Valle de Ante S.A. absorbe otra sociedad: Santa Kandelaria S.A. que declaraba poseer un activo de $3.441.125. ¿Dónde estaba el domicilio legal de Santa Kandelaria S.A.? También en el estudio jurídico de Carlos Alberto López Sanabria: 1° piso de Santiago del Estero 821.
A un mes de la fusión, Ganadera Valle de Anta se escinde para dar nacimiento a una nueva compañía: Quebracho Grande. Así lo registra el Aviso Comercial publicado en el Boletín Oficial del 5 de marzo de este año. Quebracho Grande se había constituido como sociedad en octubre del 2011 y del Directorio formaba parte, obviamente, Carlos Alberto López Sanabria y varios apellidos compuestos del tipo Sánchez Bustamante, o Patrón Uriburu.
Apellidos tradicionales salteños que fueron dejando su lugar a los de procedencia chilena y cervecera (los Luksic) que en todo los casos establecieron domicilio legal en el estudio del hispanófilo López Sanabria que con tentáculos en todas partes, parece empeñado en mostrarnos que aun cuando a los gallegos se los asocie con la torpeza y lo bruto, la única torpeza de este gallego salteño fue involucrarse en una riña mediática que hizo de él algo que los miembros del Poder real prefieren evitar: ser noticia.
